El Ministerio Público afirmó este domingo que ningún médico forense ha acreditado la enfermedad que el principal imputado en el caso Senasa, Santiago Hazim asegura tener.

En un comunicado, el órgano persecutor aseguró que Hazim alega estar afectado de salud «con el propósito de evadir la prisión preventiva que se corresponde a los hechos cometidos en perjuicio de los afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa)».

Durante la audiencia del caso el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, el equipo de defensa legal de Hazim aseveró que su cliente padece de esclerosis múltiple desde hace varios años.

Sin embargo, los fiscales dijeron que testigos han señalado que el exfuncionario cumplía con su rutina con toda normalidad tanto en el Senasa como en su vida privada.

“Ahora el procesado alega unas complejidades de salud de las que no se ha aportado evidencia”, leía parte del referido comunicado.

En ese documento, los fiscales también indicaron que el procedimiento para que un tribunal considere un informe médico, en materia judicial, es que «un perito designado por el Ministerio Público o tribunal establezca la condición de salud del procesado», aseverando que esta situación que no ha ocurrido en el caso de Hazim.

Los fiscales acusan a Hazim de ser el cabecilla de una supuesta red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del Senasa, entidad en la que presuntamente desfalcaron con más de 15 mil millones de pesos.

El órgano del sistema de administración de justicia expresó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim y el consultor Jurídico del Senasa, Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

Enfermedad de Hazim
Por la enfermedad que Hazim alega tener, sus abogados solicitaron al tribunal consideraciones especiales, como pernoctar en su hogar con arresto domiciliario.

Asimismo, la defensa de Hazim indicó que este debe ser tratado tomando en cuenta su estado de salud, considerando que el estrés exacerba la enfermedad, que no se le imponga impedimento de salida del país, y la necesidad de viajar a Nueva York dos veces al año para recibir su tratamiento con Ocrelizumap.

Además, uno de los abogados de este imputado, Miguel Valerio, aseveró que Hazim podría morir de «manera súbita» en la cárcel, si el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional acoge la solicitud de medida de coerción pedida por el Ministerio Público.

«Puede morir de manera súbita o quedar parapléjico o cuadripléjico en la cárcel, esa es su realidad», dijo.

Igualmente dijo que su cliente ha llorado durante este proceso judicial, porque no quería que se conozca públicamente que padece de esa condición.

«Por eso lloró, porque él no quería que eso se tratara incluso tuvo internos dos veces y tenía que internarse, una tercera y dijimos que ‘no’ para que viniera a comparecer con nosotros», manifestó.

El proceso
Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.

Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal. De acuerdo con sus testimonios pagaron sobornos a Santiago Hazim, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.

En el proceso el Ministerio Público ha presentado un expediente importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.