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Arrestan en el AILA a dominicana residente en el exterior investigada por ultraje al Himno Nacional
Autoridades arrestaron este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a una dominicana imputada del delito de ultraje al Himno Nacional.
El arresto de Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años de edad, se produjo amparado en la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, el 7 de agosto de este 2025.
La orden de arresto contra Santos Díaz, residente en Estados Unidos, se corresponde con una investigación por la comisión de hechos delictivos establecidos y sancionados en los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19 que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana.
La investigación incluye a Yoseli Castillo Fuertes.
Ambas imputadas organizaron la puesta en circulación del texto titulado “Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!”, un evento en el cual invitaron al público presente a ponerse de pie y a cantar lo que denominaron el “Himno Nacional” con su misma música, pero con la alteración de sus letras.
Durante el acto, que organizaron y realizaron en uno de los salones del Centro Cultural de España, en Zona Colonial, las dos imputadas incurrieron en un ultraje contra el Himno Nacional, símbolo sonoro de la Patria consagrado en el artículo la Constitución dominicana, la cual establece que es único e invariable.
Además de contactar las evidencias del hecho difundidas en las redes sociales, el Ministerio Público recibió denuncias formales de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones que reclaman la aplicación de las sanciones establecidas en el marco jurídico dominicano.
La orden de arresto establece, en uno de sus considerando, “que, si bien la libertad es la condición natural del ser humano y constituye después de la vida el bien jurídico más preciado, conforme a nuestra Constitución, también es cierto que la misma dispone que cuando el orden público y las buenas costumbres se vean afectados por cualquier hecho de un ciudadano, ésta podrá ser reducida a prisión mediante orden motivada por una autoridad judicial competente, como lo es el Juez de la Instrucción”.
Comisión del Instituto Duartiano
Acusada de alterar el Himno Nacional podría ser extraditada, según Instituto Duartiano
Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias.
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Una joven muere al caer desde el cuarto piso de Ágora Mall
Una joven de 20 años de edad falleció tras precipitarse desde el cuarto nivel de Ágora Mall, cayendo en el área de estacionamiento de la Dirección General de Aduanas (DGA).
El hecho se produjo cuando la occisa se encontraba en el área de la torre de parqueos colindante con Aduanas.
Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja Dominicana y de la Policía Nacional, quienes activaron de inmediato los protocolos correspondientes.
La zona fue acordonada por el equipo de seguridad del centro comercial, que restringió el acceso mientras se realizaban los procedimientos de rigor y se esperaba información oficial de las autoridades competentes.
Mediante un comunicado, la administración de Ágora Mall expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la persona involucrada, y solicitó respeto y discreción en el manejo de la información relacionada con el hecho.
Asimismo, agradeció la rápida actuación de las autoridades y del personal de seguridad, quienes intervinieron de manera inmediata para preservar la integridad y el orden en el lugar.
Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación oficial.
No es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en Ágora Mall. Al menos tres personas ya habían fallecido en circunstancias parecidas.
El último hecho ocurrió en julio del pasado año cuando un hombre murió tras lanzarse desde uno de los pisos del edificio de parqueos del citado centro comercial.
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Rafael Santos y Geraldo Espinosa, los nuevos incumbentes de la Mescyt y Contraloría
El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.
La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badia como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Santos Badía, se desempeñaba actualmente como director general del Infotep, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.
El decreto no especifica quien ocupará la titularidad del Infotep.
Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, educativo y de la concertación social.
Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.
Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.
El decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República.
Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.
La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
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