Desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mujeres de Anamuya, Higüey, la joven Yokairy Julianny Sosa Asencio (24 años) envió una carta a la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, solicitando la revisión completa de su expediente.

Cumple 12 años de prisión por un robo que asegura no haber cometido.

En la carta afirma que su identidad fue usada en redes sociales y denuncia que lo que más la rompe es que la persona responsable del hecho habría declarado en audiencias y ante el tribunal que no la conoce y que ella no participó, y aun así continúa presa.

“Yo no tengo a quién más tocarle la puerta”, escribe, pidiendo que se revise el caso “sin prejuicios” y se corrija ese error.

En el documento, Sosa Asencio asegura que su identidad fue utilizada de manera indebida a través de redes sociales, lo que, según afirma, derivó en su vinculación errónea con el hecho delictivo que se le imputó.

La joven también denuncia que lo más doloroso de su situación es que la persona responsable del robo habría declarado, tanto en audiencias como ante el tribunal, que no la conoce y que ella no tuvo participación alguna en el delito, a pesar de lo cual continúa cumpliendo la condena.

“No pido lástima; pido que se busque la verdad”, concluye, firmando “con respeto y esperanza”. Concluyó en la carta manuscrita la joven Yokairy Sosa Asensio.

El caso ha despertado interés por la gravedad de las denuncias, mientras la joven espera que las autoridades competentes evalúen su situación y determinen si procede una revisión judicial.

La solicitud de Yokairy Sosa Asensio reabre el debate sobre la revisión de condenas y la necesidad de garantizar procesos judiciales justos, especialmente en casos donde se alegan fallos en la identificación y valoración de pruebas.

A la joven se le vincula como integrante de una temible banda de raptos exprés, que operaba en el sector María Auxiliadora, del Distrito Nacional.

En la sentencia se destaca que el modus operandi de las imputadas consistía en utilizar la red social Tinder como herramienta de captación, creando perfiles para contactar a hombres y atraerlos mediante la promesa de encuentros íntimos.

Una vez que las víctimas aceptaban la cita y se trasladaban al lugar acordado, generalmente en sectores específicos como María Auxiliadora, eran interceptadas por una estructura criminal armada.

En el sitio del encuentro, las imputadas actuaban en conjunto con otros cómplices para someter a las víctimas mediante el uso de violencia física y amenazas de muerte con armas de fuego ilegales. Durante la emboscada, el grupo perpetraba robos agravados, sustrayendo pertenencias personales como teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas de oro y otros objetos de valor, llegando incluso a provocar incidentes graves, como el vuelco de vehículos, para asegurar la inmovilización de los afectados.

 

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