La Fiscalía del distrito municipal de Espaillat dispuso la libertad de Amarilis Brito, la mujer que fue detenida tras interpretar el Himno Nacional dominicano a ritmo de dembow durante una actividad pública celebrada en un centro de diversión del municipio de San Víctor.

La decisión del Ministerio Público se produjo luego de que, al escucharla y evaluar su comportamiento, se determinara que la dama presenta aparentes problemas de salud mental, lo que llevó a las autoridades a priorizar un enfoque humanitario antes que punitivo.

El caso había generado amplio debate en la comunidad, luego de que Brito modificara la entonación tradicional y tergiversara partes de la letra del Himno Nacional, provocando reacciones encontradas entre los asistentes al evento.

Ante la controversia, las autoridades intervinieron para investigar las circunstancias del hecho.

El fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas Ferreiras, recordó que la legislación dominicana, contempla sanciones por ultraje a los símbolos patrios, estableciendo penas de uno a tres meses de prisión y multas de entre cinco y 20 salarios mínimos en caso de comprobarse responsabilidad penal.

Sin embargo, en esta ocasión, la situación fue abordada bajo un criterio distinto, tomando en cuenta la condición de la involucrada.

Vía N Digital

San Francisco de Macorís.– La Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte ordenó la suspensión inmediata de las actuaciones del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís relacionadas con la prohibición de estacionamientos y la colocación de dispositivos inmovilizadores, conocidos como «candados», así como el cobro de multas de tránsito en distintos puntos del municipio.

La decisión fue emitida tras rechazar el medio de inadmisión presentado por el cabildo y declarar buena y válida la solicitud de medida cautelar interpuesta por Jer Yan Lantigua de la Cruz, quien recurrió las acciones municipales por considerar que no se ajustan a las disposiciones legales vigentes.

Implicaciones y seguimiento del recurso contencioso administrativo
El tribunal dispuso la paralización de estas medidas, incluyendo la aplicación de multas de RD$1,500 establecidas en la ordenanza municipal 04-2024, hasta tanto se conozca y decida el recurso contencioso administrativo relacionado con el caso.

La sentencia fue firmada digitalmente el 16 de febrero de 2026 por la magistrada Valentina Marte Alvarado, jueza de la referida cámara, junto a la secretaria Katherine Díaz Martínez, en representación del Poder Judicial de la República Dominicana.

Con esta disposición, el tribunal busca garantizar el cumplimiento de las normas legales y el debido proceso, mientras se emite una decisión definitiva sobre la legalidad de las acciones implementadas por el cabildo en materia de regulación de estacionamientos en San Francisco de Macorís.