Se entregó ayer a las autoridades de la Policía Nacional el segundo implicado en el asalto que fue frustrado cuando el conductor de un vehículo embistió la motocicleta en la que los dos hombres intentaban huir, tras arrebatarle la cartera a una mujer en el Centro Histórico de Santiago.

Se trata de David Jiménez Féliz, de 18 años de edad.

Previamente también se entregó Cristofer Torres Ortiz, quien habría confesado su participación en el hecho.

Dos detenidos
Ambos jóvenes se presentaron ante el despacho del general Jesús Rafael Tejada Tejada, director Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

El oficial aseguró que a los detenidos se les respetarán sus derechos conforme a lo establecido por la ley.

Se espera que los dos implicados sean sometidos a la justicia en las próximas horas.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Diario Libre

Chelsy Bautista, hija de la reconocida comediante, actriz y guionista Cheddy García, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado, por hechos ocurridos durante un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.

La acción judicial fue presentada por conducto de su abogado, Dr. Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como contra los agentes Marino Abreu, capitán técnico de la Policía Nacional; Roberto Cruz Ridore, sargento de la Policía Nacional; Marcos Martínez de Jesús, sargento de la Policía Nacional; Alexis de la Rosa Flores, sargento de la Policía Nacional; Deris Anly Moreno Arias, cabo de la Policía Nacional; Rubén Alejandro Ortiz Agramontes, miembro de la Policía Nacional; Freudy Ventura Rojas, teniente de fragata de la Armada de la República Dominicana; Omar Enrique Pierre Núñez, cabo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; Porfirio Antonio Rodríguez Leonardo y Diego Callao Pérez, técnicos de PEDATEC; y Angélica María Díaz Vargas, encargada de víctimas de PETT.

De acuerdo con la querella, el 23 de enero de 2026, alrededor de las 6:00 de la mañana, varios de estos agentes se presentaron en el apartamento donde reside la denunciante, ubicado en un residencial del Distrito Nacional, alegando que ejecutaban un allanamiento.

Según el relato contenido en la acción judicial, los agentes irrumpieron de manera violenta en la vivienda, apuntando con armas largas hacia el interior del apartamento, lo que generó un ambiente de intimidación y temor en la víctima. Posteriormente, se habría verificado que la orden de allanamiento correspondía a otro apartamento del edificio, circunstancia que, según la querella, evidenciaría una actuación irregular durante el procedimiento.

La querellante sostiene, además, que durante el tiempo en que los agentes permanecieron dentro del inmueble fueron sustraídas varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates marca Guy Monacó, bienes que, según afirma, se encontraban dentro de la vivienda antes del ingreso de los participantes en el operativo.

Bautista explicó que se vio obligada a interponer esta querella debido a la indiferencia que, a su juicio, han mostrado las autoridades frente a su denuncia, la cual asegura haber hecho pública en distintas ocasiones sin que hasta el momento se haya producido una investigación efectiva.

“Además del robo, me siento burlada por la indiferencia de las autoridades frente a una situación tan grave”, expresó la querellante mediante comunicado de prensa enviado a ensegundos.do al referirse a los hechos denunciados.

En la querella se imputan presuntas violaciones a diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, entre ellas violación de domicilio, robo, abuso de autoridad y asociación de malhechores, por lo que la parte querellante solicitó que se imponga la pena máxima correspondiente a los responsables, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados.

Asimismo, fue solicitada una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima, debido a que los imputados son agentes del Estado y la denunciante ha manifestado temer por su seguridad personal.

Según expone la querella, la situación le ha generado un estado de incertidumbre, temor e inseguridad, al punto de haber tenido que abandonar temporalmente su residencia y trasladarse a vivir a otro lugar, por miedo y por la sensación de persecución que afirma experimentar.

Además de la acción penal, la víctima se constituyó en actor civil, reclamando una indemnización por los daños materiales y morales derivados de los hechos denunciados, así como por el estado de angustia e inseguridad que asegura haber padecido desde el incidente.

La defensa legal solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, individualizar plenamente a todos los participantes en el operativo y someter a la justicia a los responsables.