La Altagracia.— El Segundo Tribunal Colegiado de esta provincia dictó este miércoles medidas de coerción contra el comunicador Jefte Ventura, tras acoger como válidos los argumentos que lo vinculan a un caso de difamación e injuria en perjuicio de la empresa Petromovil.

La decisión, adoptada luego de varias horas de audiencia, establece el pago de una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y una orden de alejamiento inmediato de la empresa afectada.

El tribunal estuvo presidido por el juez Víctor Camacho Padua, quien consideró que las evidencias presentadas por la parte querellante resultan suficientes, en esta etapa del proceso, para sustentar la imputación.

Durante la vista, el Ministerio Público sorprendió al retirar la solicitud de prisión preventiva que inicialmente pesaba sobre Ventura.

La fiscalía fundamentó su cambio de postura en la incorporación de nuevos elementos probatorios, entre ellos materiales audiovisuales y documentos que, según explicó, evidencian la conducta difamatoria atribuida al imputado.

En sala se proyectaron videos y se reprodujeron audios que, de acuerdo con la acusación, contienen afirmaciones lesivas contra la reputación de la empresa Petromovil.

Estos elementos fueron ponderados por los jueces al momento de deliberar, inclinando la balanza hacia la imposición de medidas menos gravosas que la prisión, pero con restricciones claras.

El tribunal determinó que, aunque no se justifica la privación de libertad como medida cautelar principal, sí existe riesgo procesal suficiente para imponer condiciones que aseguren la presencia del imputado en las próximas fases judiciales y eviten posibles nuevos incidentes con la parte querellante.

Ventura permanecía bajo custodia al cierre de la audiencia, a la espera de que su defensa técnica formalice el pago de la fianza impuesta.

Una vez cumplido este requisito, podrá recuperar su libertad, siempre bajo el cumplimiento estricto de las medidas dictadas.

El caso ha generado atención en la provincia, especialmente en el ámbito mediático, donde se debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en el ejercicio del periodismo y la comunicación pública.

Se espera que en los próximos días el proceso avance hacia la etapa de fondo, donde se determinará la responsabilidad penal del comunicador, en un expediente que pone sobre la mesa la delgada línea entre la crítica pública y la difamación.