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Panorama

MP solicita siete años de prisión para Elizabeth Silverio

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El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposición de siete años de prisión a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

Asimismo, el órgano acusador solicitó la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción existente, al considerar que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la probabilidad de una nueva condena, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del daño causado a varias familias y a toda la sociedad.

Durante la presentación de sus conclusiones, el órgano acusador, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvo que la procesada desarrolló un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales exigidas y que regulan el ejercicio en dichas áreas.

El Ministerio Público explicó a la jueza Milagros Ramírez Cabrera que, tras tener conocimiento de los hechos, inició una investigación objetiva que permitió verificar que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme a certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

Como parte de su accionar, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.

Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, especialmente las ofrecidas por los padres de los menores afectados, constituidos en querellantes y actores civiles, evidenciaron que la encartada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de las terapias profesionales adecuadas.

El órgano persecutor también destacó que el centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas por las autoridades competentes, siendo posteriormente clausurado por el Ministerio de Salud Pública, tras comprobarse las irregularidades en su funcionamiento.

De igual forma, informes financieros incorporados al proceso evidenciaron que la actividad desarrollada por Silverio Silien tenía fines lucrativos y le permitía percibir ingresos significativos producto de los servicios ofrecidos a las familias, lo que confirma que el engaño fue utilizado como mecanismo para obtener beneficios económicos.

El Ministerio Público destacó que dichas maniobras constituyen un hecho gravísimo, al tratarse de víctimas en condición de vulnerabilidad, por tratarse de niños que requieren cuidados especializados, por lo que sus familias depositaron su confianza en Silverio Silien con la esperanza de encontrar soluciones.

En ese sentido, indicó que la conducta desplegada por la acusada se subsume en los tipos penales de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación de los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 92, 93 y 156, numeral 7, de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tras la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, así como de la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, cerró los debates y se retiró a deliberar, fijando el fallo de la decisión para el próximo martes, 14 de abril de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.

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Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña

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El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.

De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».

Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.

“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.

Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.

Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.

REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.

“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.

Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.

LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.

«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.

Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».

La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.

“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.

De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.

NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.

LD

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Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora

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La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.

Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.

Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.

Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.

Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.

En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.

El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.

Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.

“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.

Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.

“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.

Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.

“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.

Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.

“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.

¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.

La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.

La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.

No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.

Vía Listín Diario

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