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¿Quiénes son los implicados en el asesinato del chofer en Santiago, según el Ministerio Público?
Jhovanny de Jesús Metz Cruz, principal acusado, está prófugo y se le atribuye haber herido a la víctima con un arma blanca durante el ataque final
El expediente sostiene que los implicados formaron parte de una acción coordinada que derivó en el ataque, en lo que la Fiscalía describe como una actuación colectiva violenta.
El documento sostiene que los imputados actuaron como grupo organizado, indicando que “se unieron y continuaron la persecución como una manada asesina”. Además, que la acción tuvo como finalidad “darle muerte a la víctima Deivy Carlos Abreu Quezada”.
Acusados del crimen
Adony Antonio Ureña Ventura

Según el Ministerio Público, se integró a la persecución tras iniciarse el incidente, formando parte del grupo que siguió a la víctima en motocicletas.
Es señalado como uno de los que se unió a la “marcha asesina” que perseguía al camión con la intención de detenerlo.
Andrés Monclú González

Figura entre los imputados que, conforme al expediente, participaron activamente en la persecución.
La Fiscalía lo ubica como parte del grupo que se sumó al seguimiento del camión durante el recorrido captado por cámaras.
Kevin Francisco Metz Cruz

De acuerdo con la acusación, participó directamente en el momento en que la víctima fue interceptada.
El documento indica que algunos imputados descendieron de motocicletas para acercarse al camión, siendo parte del grupo que rodeó a la víctima al momento del ataque.
Carlos Andrés Roa Morán

Carlos Andrés Roa Morán, de 31 años es señalado como uno de los participantes en la persecución continua que inició en Ensanche Bermúdez.
El Ministerio Público lo incluye dentro del grupo que dio seguimiento a la víctima durante todo el trayecto hasta el lugar final del ataque.
Miguel García Balbuena

Miguel García Balbuena, de 25 años, también se integró al grupo que perseguía a la víctima en motocicletas.
La Fiscalía lo ubica como parte de los que intentaron detener el camión y acorralar a la víctima, según la investigación.
Joanfry Joel Núñez

Joanfry Joel Núñez, de 21 años de edad está vinculado con la persecución grupal.
Es identificado como uno de los imputados que se desplazaba en motocicleta junto a los demás, participando en la acción colectiva que culminó con el ataque.
Juan Carlos Soto Ortiz
Juan Carlos Soto Ortiz, de 34 años, motoconchista, se le atribuye un rol directo en la agresión final. Según el documento: “siguió agrediéndole al arrojarle piedras mientras los demás imputados le decían: “mátalo, mátalo”.
Jhovanny de Jesús Metz Cruz, principal agresor señalado

Jhovanny de Jesús Metz Cruz, principal acusado de esta investigación se encuentra prófugo.
A Cruzse le atribuye la acción directa de herir a la víctima con arma blanca durante el ataque.
Conclusión del Ministerio Público
La fiscalía establece que todos los imputados tuvieron participación en la
- La persecución
- Acorralamiento
- La agresión colectiva
Por lo que el caso ha sido calificado como:
- Homicidio voluntario agravado
- Asociación de malhechores
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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