Panorama
Dictan tres meses de prisión preventiva a 7 motoristas por muerte de chofer en Santiago
El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Rafael De Azis Burgos, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción para los siete motoristas imputados en el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada.
La víctima, quien fue atacada con un arma blanca hasta infrigirle una puñalada, que provoco su muerte tras ser perseguida hasta el parqueo del Palacio de Justicia de esa ciudad.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Estos fueron enviados a diferentes cárceles del país mientras se desarrolla las disitintas fase del proceso judicial
La decisión del juez se basó en el pedido del Ministerio Público, que le imputa a los implicados de formar parte de una «manada criminal» de motoristas.
Se les imputa la asociación de malhechores, persecución y asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue atacado con un cuchillo de caza de 12 pulgadas.
La víctima, conductor de un camión recolector de basura, falleció mientras recibía atención médica en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, luego de intentar refugiarse en el Palacio de Justicia de Santiago para salvar su vida, lo cual resultó infructuoso.
Pruebas clave del Ministerio Público
El Ministerio Público de Santiago cuenta con más de 50 pruebas que incluyen testimonios, documentos y materiales, entre los que destaca un cuchillo de caza de 12 pulgadas, presuntamente utilizado por el prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz, quien estaría vinculado directamente al crimen. Según las investigaciones, este cuchillo fue utilizado para asestar las fatalidades a la víctima.
La Fiscalía también presentó pruebas como el acta de inspección en el lugar del crimen, donde fue encontrada una motocicleta de propiedad del prófugo, que coincide con las imágenes de los videos de seguridad durante la persecución.
Además, el acta de levantamiento del cadáver confirma que las heridas fatales fueron provocadas con un arma blanca tipo cuchillo.
El prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz sigue sin ser capturado
El principal implicado en este crimen, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, sigue prófugo.
Se le señala como propietario de la empresa Inversiones Metz, con la que la víctima habría tenido un primer incidente tras un roce entre la motocicleta de Metz Cruz y el camión recolector de basura que conducía Abreu Quezada.
Este incidente desencadenó la persecución mortal en la que participaron otros motoristas.
El Ministerio Público ha argumentado que desde el inicio de la persecución existió un «concierto de voluntades» entre los imputados con el propósito de asesinar a Deivy Carlos Abreu Quezada, lo que hace corresponsables a todos los implicados.
Solicitudes de medida de coerción
La medida de coerción fue pospuesta previamente, debido a que algunos abogados defensores alegaron no haber recibido el expediente completo, lo que retrasó el análisis del caso.
El juez Rafael De Azis Burgos había previsto originalmente conocer la solicitud este lunes, pero accedió a extender el plazo para permitir que los abogados estudiaran el caso y prepararan sus defensas.
El Ministerio Público continúa trabajando en la recopilación de evidencias que fortalecen su acusación, mientras que las autoridades siguen en la búsqueda del prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz.
Investigación continúa en el caso de la «manada criminal» de motoristas
Este caso ha generado gran atención en la región, pues se ha calificado como un ataque brutal y organizado por parte de una «manada criminal» de motoristas.
La Fiscalía de Santiago insiste en que todos los implicados deben ser considerados responsables por su participación activa en los hechos que llevaron a la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada.
Vía Eldia.com.do
Panorama
Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.
De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».
Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.
“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.
Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.
Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.
REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.
“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.
Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.
LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.
La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.
«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.
Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».
La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.
“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.
De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.
NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.
LD
Panorama
Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora
La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.
Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.
Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.
Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.
Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.
En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.
El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.
Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.
“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.
Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.
“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.
Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.
“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.
Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.
“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.
¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.
La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.
La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.
No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.
Vía Listín Diario
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