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Panorama

Publicar audio, video o foto sin consentimiento conllevaría un año de prisión

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Por Cesar Amadeo Peralta.-Atención país ¡!!!!, para que luego no aleguen que no lo sabían !!!, a partir del seis (6) de agosto del año 2026, entrará en vigencia en nuevo Código Penal en la República Dominicana y a unos 11 millones de dominicanos y un chin más, no les ha preocupado ni tampoco les ha llamado la atención el nuevo régimen de consecuencias que entrará en vigencia con severas penas de prisión y multas, en este caso solo por publicar o difundir por cualquier vía una nota de voz, un audio, un video o una foto de cualquier persona sin que ella te haya dado su autorización escrita.

Los medios de comunicación en sentido general, las plataformas digitales, programas de YouTube, etc., etc., tendrán que reorganizar la transmisión de sus informaciones y contenidos, porque ya no podrán transmitir publicar o difundir por cualquier vía una nota de voz, un audio, un video o una foto de cualquier persona sin que ella te haya dado su autorización escrita, porque de hacerlo se estarían enfrentando a una pena de 6 meses a un 1 año de prisión, y a una multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público y una demanda en daños y perjuicios. ( a mayo de 2026, el salario mínimo en el sector público en la República Dominicana se ha mantenido en RD$10,000.00 pesos mensuales).

Así lo dispone el artículo 192 del nuevo Código Penal ley 74-25.

Articulo 192.- Difusión de audios o imágenes sin consentimiento. Quien publique o difunda por cualquier medio audios, imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento, será sancionado con seis meses a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.

La pena puede aumentar a 5 años si el audio, imagen o videos son alterados o falsos.

Párrafo I.- La difusión de la imagen, vídeos o audios falsos o alterados por medio de montajes o por cualquier otra forma sin el consentimiento de la persona que dañen o ataquen el honor, el buen nombre o la propia imagen y reputación personal será sancionado con 2 a 5 años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público

La pena puede aumentar a 10 años si el audio, imagen o videos son alterados o falsos.

Párrafo II.- La pena será de 5  a 10 años de prisión mayor y multa diez a veinte salarios mínimos del sector público, si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Si el contenido o difundido tiene carácter íntimo, sexual o compromete gravemente la dignidad de la persona;

2) Si se realiza con la intención de chantaje, extorsión, venganza o descrédito público;

3) Si la víctima es menor de edad, adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad;

4) Si la difusión de audios, imágenes o videos sin consentimiento fue realizada por una persona con autoridad o relación de poder respecto de la víctima;

5) Si la publicación se realizó a través de redes sociales, páginas web o plataformas digitales de acceso masivo.

Párrafo III.- La tentativa de esta infracción será sancionada con las mismas penas del hecho consumado.

Como abogado y ciudadano comprometido con el conocimiento, reitero mi exhortación a todo el que tenga un celular con Whatsapp, Instagram, Facebook, twitter, YouTube y TikTok, Telegram, Signal, Snapchat, LinkedIn, Pinterest,     Twitch, Discord y demás redes sociales, para que se mantengan atentos a la nueva legislación en la República Dominicana, porque también existe la ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con otras penas muy severas de hasta 7 años de prisión, que bajo la figura del cúmulo de penas, le permite al Ministerio Público agregar en una acusación varios artículos de esta ley, así como la asociación de malhechores y las penas pueden aún más grandes, aún se cometan fuera del territorio dominicano.

El autor de este artículo es el Lic. Cesar Amadeo Peralta, de la Oficina de Abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, S.R.L.

 Ley Núm. 74-25 (Código Penal RD).pdf

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Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña

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El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.

De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».

Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.

“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.

Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.

Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.

REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.

“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.

Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.

LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.

«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.

Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».

La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.

“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.

De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.

NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.

LD

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Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora

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La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.

Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.

Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.

Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.

Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.

En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.

El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.

Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.

“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.

Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.

“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.

Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.

“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.

Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.

“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.

¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.

La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.

La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.

No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.

Vía Listín Diario

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