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Interior y Policía asegura haitiano deportado por EEUU no entrará a RD
El Ministerio de Interior y Policía informó la mañana de este miércoles que el empresario haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no ingresará al territorio dominicano, luego de que surgieran versiones sobre una posible deportación desde Estados Unidos hacia República Dominicana.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución indicó que Vorbe “mantiene un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a una notificación emitida por la Dirección Nacional de Inteligencia y ejecutada por la Dirección General de Migración”.
La aclaración se produjo luego de que el juez Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, firmara una orden judicial en la que se establece que el empresario sería enviado a República Dominicana, tras ser rechazada una solicitud de habeas corpus con la que buscaba evitar ser deportado a Haití y permanecer en territorio estadounidense.

El documento judicial, fechado el 12 de mayo de 2026, señala que la petición de ser trasladado al país fue realizada por el propio empresario.
“El Departamento de Seguridad Nacional declara que facilitará la deportación del peticionario Dimitri Albert Edouard Vorbe a la República Dominicana dentro de los siete días siguientes a la emisión de la orden final de deportación, trasladándolo a un aeropuerto del sur de Florida donde abordará un vuelo comercial a la República Dominicana”, establece la orden.
Asimismo, el acuerdo judicial indica que, dos días después de su llegada a República Dominicana, tanto Vorbe como las autoridades estadounidenses presentarían una moción para desestimar el procedimiento de manera definitiva.
Arresto del empresario
Vorbe fue detenido el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La Embajada de Estados Unidos en Haití explicó que el arresto se produjo por presuntos vínculos con la violencia de las bandas armadas.
Asimismo, las autoridades estadounidenses determinaron que Vorbe “participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití”.
Por ello, el Departamento de Estado concluyó que la presencia o las actividades del empresario en EE. UU. podrían tener “graves consecuencias adversas” para la política exterior de ese país, lo que sirvió de base para el proceso de deportación.
Este hecho volvió a colocar en el centro del debate la influencia económica y política del empresario haitiano.
El magnate es heredero de la familia propietaria de Société Générale d’Énergie S.A. (Sogener), empresa que durante años fue uno de los principales suplidores de electricidad en Haití mediante contratos con la estatal Électricité d’Haïti.
En 2019, durante el gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse, las autoridades haitianas acusaron a Sogener de sobrefacturación y pagos indebidos, reclamando más de 120 millones de dólares y ordenando la incautación de plantas eléctricas vinculadas a la empresa.
Además de sus negocios energéticos, Vorbe y su familia también fueron relacionados con contratos millonarios de obras públicas durante la administración del expresidente René Préval.
En agosto de 2020, fue detenido por el ICE y puesto bajo su custodia en el Centro de Procesamiento de Servicios de Miami.
Allí fue sometido a un proceso de deportación mediante una Notificación de Comparecencia que lo acusaba de ser deportable, debido a que luego de ser admitido como no inmigrante, permaneció en EE. UU. por un tiempo mayor al permitido.
En de abril de 2025, el ICE presentó un escrito argumentando queeste hombre era inadmisible debido a que mintió deliberada y voluntariamente en las solicitudes presentadas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener beneficios migratorios.
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Hallan muertos a madre e hijo en un apartamento de Piantini; una joven permanece hospitalizada
La Policía Nacional informó este jueves sobre la muerte de una madre y su hijo, quienes fueron hallados sin vida en un apartamento alquilado a través de Airbnb, ubicado en el sector Piantini, en el Distrito Nacional.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que una tercera persona, fue encontrada en el lugar y permanece ingresada en un centro de salud.
El hecho ocurrió en la torre Arpel.
Dijo que los fallecidos fueron identificados como Raiza Mendoza, de 50 años de edad, y su hijo Yadin Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que Caroline Milagros Pérez, de 22 años de edad, es la joven que está ingresada.
Pesqueira explicó al periódico Diario Libre que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Caso bajo investigación
Pesqueira explicó que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Una fuente informó a Diario Libre que una de las hipótesis que se investigan es una posible intoxicación alimentaria.
La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas, incluyendo la identificación de las víctimas.
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Condenan a La Tora a un año de prisión por difamación a diputado Gory Moya
La jueza suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión a Claudia Pérez, conocida popularmente como “La Tora”, tras ser hallada culpable de difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado Sergio Moya (Gory).
La magistrada Octavia Carolina Fernández Curi, además de la pena privativa de libertad, condenó a «La Tora» al pago de una indemnización de 5 millones de pesos por los daños morales ocasionados al legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como al pago de las costas penales del proceso.
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, la imputada deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
Fundamentos del fallo
La magistrada Fernández Curi determinó en su dictamen que Pérez incurrió en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El tribunal concluyó que la procesada utilizó plataformas telemáticas y de telecomunicación para difundir declaraciones injuriosas que afectaron directamente el honor del congresista.
Por otro lado, la demanda civil interpuesta por la defensa legal del diputado, asistido en el proceso por los abogados José Altagracia Fis Batista y Enmanuel Martínez Acevedo, fue declarada buena y válida en cuanto a la forma por el tribunal.
A su salida del tribunal La Tora vociferaba las acusaciones que le había hecho a Gory Moya y por lo cual fue condenada.
Con información del Listín Diario
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