El Gobierno dominicano defendió este miércoles el memorándum firmado con Estados Unidos para recibir temporalmente hasta 30 extranjeros deportados al mes, en medio de cuestionamientos y controversias generadas tras el anuncio del acuerdo bilateral.

El asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Anselmo Muñiz, explicó que el convenio forma parte de una iniciativa regional impulsada por Washington y que ya ha sido adoptada por países como Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Ecuador.

Según detalló, las personas que llegarían al país serían ciudadanos de terceros países que no calificaron para ingresar a Estados Unidos y permanecerían temporalmente en territorio dominicano mientras se gestiona su retorno voluntario o reubicación hacia otra nación donde puedan entrar legalmente.

Muñiz aseguró que República Dominicana no asumirá costos económicos por la implementación del programa, debido a que Estados Unidos cubrirá los gastos y contará, además, con el apoyo de agencias de Naciones Unidas para el proceso de reubicación.

El funcionario indicó que el acuerdo también busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, acceso aeroportuario y futuras negociaciones migratorias favorables para los dominicanos.

Condiciones y límites
Explicó, además, que el país podrá rechazar el ingreso de cualquiera de las personas notificadas por Estados Unidos y que las autoridades norteamericanas deberán enviar la información con al menos 48 horas de anticipación para permitir la verificación de identidad, antecedentes y condiciones médicas.

«El acuerdo nos permite aceptar o negar personas caso por caso. Si alguna genera dudas o levanta alguna alerta de seguridad, simplemente no entra al país”, sostuvo.

El asesor del Mirex aclaró que el memorándum no incluye ciudadanos haitianos, menores no acompañados ni personas con antecedentes penales.

Alojamiento y duración
Sobre la permanencia de los extranjeros en el país, indicó que dependerá de la rapidez con que se gestione su salida hacia otro destino, mientras que el alojamiento será coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, junto a otras instituciones del Estado.

Muñiz precisó que estas personas no serán llevadas a centros de detención migratoria y que, según la experiencia aplicada en otros países, suelen ser alojadas en hoteles bajo supervisión de las autoridades.

El acuerdo tendrá una duración inicial de un año, aunque República Dominicana podrá suspenderlo o abandonarlo en cualquier momento, según explicó el funcionario.