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Mirex defiende pacto con EEUU tras controversia por deportados

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El Gobierno dominicano defendió este miércoles el memorándum firmado con Estados Unidos para recibir temporalmente hasta 30 extranjeros deportados al mes, en medio de cuestionamientos y controversias generadas tras el anuncio del acuerdo bilateral.

El asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Anselmo Muñiz, explicó que el convenio forma parte de una iniciativa regional impulsada por Washington y que ya ha sido adoptada por países como Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Ecuador.

Según detalló, las personas que llegarían al país serían ciudadanos de terceros países que no calificaron para ingresar a Estados Unidos y permanecerían temporalmente en territorio dominicano mientras se gestiona su retorno voluntario o reubicación hacia otra nación donde puedan entrar legalmente.

Muñiz aseguró que República Dominicana no asumirá costos económicos por la implementación del programa, debido a que Estados Unidos cubrirá los gastos y contará, además, con el apoyo de agencias de Naciones Unidas para el proceso de reubicación.

El funcionario indicó que el acuerdo también busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, acceso aeroportuario y futuras negociaciones migratorias favorables para los dominicanos.

Condiciones y límites
Explicó, además, que el país podrá rechazar el ingreso de cualquiera de las personas notificadas por Estados Unidos y que las autoridades norteamericanas deberán enviar la información con al menos 48 horas de anticipación para permitir la verificación de identidad, antecedentes y condiciones médicas.

«El acuerdo nos permite aceptar o negar personas caso por caso. Si alguna genera dudas o levanta alguna alerta de seguridad, simplemente no entra al país”, sostuvo.

El asesor del Mirex aclaró que el memorándum no incluye ciudadanos haitianos, menores no acompañados ni personas con antecedentes penales.

Alojamiento y duración
Sobre la permanencia de los extranjeros en el país, indicó que dependerá de la rapidez con que se gestione su salida hacia otro destino, mientras que el alojamiento será coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, junto a otras instituciones del Estado.

Muñiz precisó que estas personas no serán llevadas a centros de detención migratoria y que, según la experiencia aplicada en otros países, suelen ser alojadas en hoteles bajo supervisión de las autoridades.

El acuerdo tendrá una duración inicial de un año, aunque República Dominicana podrá suspenderlo o abandonarlo en cualquier momento, según explicó el funcionario.

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Motorista lanza piedra contra vehículo y hiere a una menor que viajaba con su padre

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Un ciudadano identificado como Robinson denunció un violento incidente ocurrido en la carretera Mella, próximo al Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), donde un motorista habría atacado su vehículo con un objeto contundente, provocando heridas de gran consideración a su hija menor de edad.

De acuerdo con el relato del afectado, el hecho se produjo luego de un ligero contacto físico entre ambos vehículos mientras transitaban por la vía.

Tras el incidente, el conductor de la motocicleta presuntamente persiguió el automóvil y lanzó una piedra de gran tamaño que atravesó el cristal del lado del pasajero.

El impacto alcanzó a la menor en la frente, causándole un fuerte sangrado y severas lesiones.

Robinson explicó que tuvo que trasladar de emergencia a la niña al Centro Médico Integral II, donde fue sometida a una intervención quirúrgica debido a que el golpe provocó que fragmentos de roca penetraran en su cráneo.

El denunciante pidió que las autoridades investiguen el caso y den con el responsable de la agresión.

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Interior y Policía asegura haitiano deportado por EEUU no entrará a RD

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El Ministerio de Interior y Policía informó la mañana de este miércoles que el empresario haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no ingresará al territorio dominicano, luego de que surgieran versiones sobre una posible deportación desde Estados Unidos hacia República Dominicana.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución indicó que Vorbe “mantiene un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a una notificación emitida por la Dirección Nacional de Inteligencia y ejecutada por la Dirección General de Migración”.

La aclaración se produjo luego de que el juez Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, firmara una orden judicial en la que se establece que el empresario sería enviado a República Dominicana, tras ser rechazada una solicitud de habeas corpus con la que buscaba evitar ser deportado a Haití y permanecer en territorio estadounidense.

El documento judicial, fechado el 12 de mayo de 2026, señala que la petición de ser trasladado al país fue realizada por el propio empresario.

“El Departamento de Seguridad Nacional declara que facilitará la deportación del peticionario Dimitri Albert Edouard Vorbe a la República Dominicana dentro de los siete días siguientes a la emisión de la orden final de deportación, trasladándolo a un aeropuerto del sur de Florida donde abordará un vuelo comercial a la República Dominicana”, establece la orden.

Asimismo, el acuerdo judicial indica que, dos días después de su llegada a República Dominicana, tanto Vorbe como las autoridades estadounidenses presentarían una moción para desestimar el procedimiento de manera definitiva.

Arresto del empresario
Vorbe fue detenido el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La Embajada de Estados Unidos en Haití explicó que el arresto se produjo por presuntos vínculos con la violencia de las bandas armadas.

Asimismo, las autoridades estadounidenses determinaron que Vorbe “participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití”.

Por ello, el Departamento de Estado concluyó que la presencia o las actividades del empresario en EE. UU. podrían tener “graves consecuencias adversas” para la política exterior de ese país, lo que sirvió de base para el proceso de deportación.

Este hecho volvió a colocar en el centro del debate la influencia económica y política del empresario haitiano.

El magnate es heredero de la familia propietaria de Société Générale d’Énergie S.A. (Sogener), empresa que durante años fue uno de los principales suplidores de electricidad en Haití mediante contratos con la estatal Électricité d’Haïti.

En 2019, durante el gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse, las autoridades haitianas acusaron a Sogener de sobrefacturación y pagos indebidos, reclamando más de 120 millones de dólares y ordenando la incautación de plantas eléctricas vinculadas a la empresa.

Además de sus negocios energéticos, Vorbe y su familia también fueron relacionados con contratos millonarios de obras públicas durante la administración del expresidente René Préval.

En agosto de 2020, fue detenido por el ICE y puesto bajo su custodia en el Centro de Procesamiento de Servicios de Miami.

Allí fue sometido a un proceso de deportación mediante una Notificación de Comparecencia que lo acusaba de ser deportable, debido a que luego de ser admitido como no inmigrante, permaneció en EE. UU. por un tiempo mayor al permitido.

En de abril de 2025, el ICE presentó un escrito argumentando queeste hombre era inadmisible debido a que mintió deliberada y voluntariamente en las solicitudes presentadas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener beneficios migratorios.

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