A partir del 6 de agosto de 2026, la justicia dominicana experimentará una transformación radical con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25). Según el jurista Amadeo Peralta, este cambio normativo representa un «giro de 180 grados» que dejará atrás una legislación que databa de 1884, introduciendo sanciones severas para delitos que antes carecían de castigo.

Peralta advirtió que la severidad de las nuevas penas y la configuración de delitos inéditos obligarán al Estado a construir nuevas cárceles, ya que la infraestructura actual no dará abasto ante el rigor de la ley.

Protección al ciudadano: El derecho a grabar

Uno de los puntos más relevantes destacados por el abogado es el Artículo 275, el cual busca frenar los abusos de poder por parte de agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.

A partir de agosto de 2026, los agentes que impidan a un ciudadano grabar una actuación oficial (arrestos, allanamientos, requisas o desalojos) sin justificación legal, enfrentarán:

• Prisión: De 15 días hasta 1 año de cárcel.
• Multas: Hasta RD$20,000 pesos.
• Sanciones administrativas: Suspensión de funciones por hasta 3 años o la destitución definitiva.
• Cúmulo de penas: Si el agente además destruye el equipo (celular/cámara) o agrede físicamente al ciudadano, se sumarán cargos por destrucción de propiedad privada y lesiones.

Advertencia a los cuerpos castrenses

Peralta hizo un llamado urgente a las instituciones militares y policiales para que instruyan a sus más de 100,000 miembros activos sobre estas nuevas reglas de abordaje.

“Los agentes deben modificar a tiempo su forma de tratar a la población para evitar caer presos. El desconocimiento de la ley no los exime, y a partir de agosto, las ínfulas de poder tendrán consecuencias penales reales”, enfatizó el jurista.

Las «letras pequeñas» del nuevo código

A pesar de los avances, Peralta señaló una aparente contradicción en la norma: no será delito imputable si el ciudadano, al intentar grabar, interfiere directamente con la labor del agente o pone en peligro su integridad física.

Además, aclaró que la publicación de dichas grabaciones requerirá el consentimiento de la persona que esté siendo intervenida (el requisado o arrestado). Esto implica que quienes graben actuaciones ajenas deberán hacerlo a una distancia prudente que no obstaculice el procedimiento oficial.

Un código contra la impunidad

El abogado también resaltó que la Ley 74-25 será implacable contra las invasiones de tierras y las violaciones a la propiedad privada, delitos que antes solían quedar en el limbo jurídico. La introducción del cúmulo de penas y nuevas modalidades de cumplimiento aseguran que quienes se dedicaban a delinquir «saliéndose con la suya» enfrenten ahora un panorama judicial mucho más sombrío.

El Ministerio Público arrestó a tres nuevos implicados tras una presunta estafa contra una entidad bancaria, elevando a nueve los vinculados a un supuesto fraude que superó los 200 millones de pesos, según las autoridades.

Así lo explicó la fiscal Lewina Tavarez, de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros, quien agregó que el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva como medida de coerción y que la audiencia fue aplazada hasta el lunes a las 9:00 de la mañana para que las defensas conozcan el expediente acusatorio.

Al salir de la audiencia de solicitud de medidas de coerción, la fiscal Tavarez detalló que, de los tres nuevos arrestados por el caso, uno se entregó voluntariamente. El órgano acusador no dijo los nombres de los apresados ni adelantó si pedirá la fusión de las medidas para los nueve acusados en total.

Por el caso, los seis primeros arrestados fueron Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Los imputados fueron detenidos el miércoles durante un operativo desplegado en Santo Domingo por estar involucrados en el caso.

Detalles del operativo y bienes incautados
La fiscal Tavarez explicó que la calificación jurídica del caso fue enmarcada en delitos como la estafa y el lavado de activos, que están vinculados a ilícitos de alta tecnología.

En el operativo, las autoridades ocuparon tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de marcas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de 408,186 pesos en efectivo, así como más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.