Panorama
Nuevo Código Penal: Motoristas podrían ir a prisión por dos años o más por atentar contra vehículos
El auge de la violencia vial y los actos de vandalismo sin consecuencias en las calles dominicanas tienen los días contados.
Con la promulgación de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, conductas antes comunes como la de motoristas que destruyen cristales tras un roce de tránsito, o personas que arremeten a pedradas y martillazos contra vehículos por motivos de celos, serán severamente castigadas con prisión y la pérdida de sus bienes.
Así lo advirtió el reconocido abogado penalista César Amadeo Peralta, quien exhortó a toda la ciudadanía —especialmente a los conductores de motocicletas y a ciudadanos propensos a ataques de ira— a estudiar la nueva normativa.
El jurista recordó que, bajo el amparo del artículo 1 del Código Civil dominicano, «la ley se reputa conocida por todos», por lo que alegar ignorancia no evitará que los infractores terminen en prisión.
“Las calles dominicanas, con el auge de la violencia sin consecuencias, venían tornándose inseguras. Cualquier motorista tomaba la ley en sus manos y, por cualquier situación de tránsito, le causaba daños a un vehículo y como todo un cobarde huía despavorido. Lo mismo sucedía con los arranques de celos, donde se desquitaban con el vehículo de la pareja a pedradas o batazos y no pasaba nada. Ahora ya no será así”, afirmó Peralta.
Las penas por el «daño a un bien ajeno»
El nuevo Código Penal introduce de manera específica el delito de «Daño a un bien ajeno» en sus artículos 267 y 268. Quien destruya, degrade o deteriore total o parcialmente una propiedad ajena de forma dolosa enfrentará una escala de sanciones civiles y penales sumamente estricta.
1. Sanciones básicas y agravadas
Infracción menor: De 6 meses a 1 año de prisión menor y multas de uno a dos salarios mínimos.
Infracción agravada (De 1 a 2 años de prisión y multas de 3 a 6 salarios mínimos): Se aplicará si el daño ocurre bajo condiciones específicas, tales como:
Si el bien afectado es de utilidad pública o pertenezca al Estado.
Si posee valor cultural, histórico, científico o artístico.
Si el delito es cometido por dos o más personas (asociación de malhechores).
Si se ejecuta violando una orden de protección previa en favor de la víctima.
Si el valor de los daños supera los 20 salarios mínimos del sector público (aproximadamente RD$200,000 pesos).
2. De la pedrada en carretera a los 40 años de cárcel
Peralta hizo una advertencia radical a quienes se dedican a lanzar piedras a vehículos en túneles, elevados y carreteras, así como a quienes destruyen propiedad privada durante manifestaciones y huelgas. Si estas acciones escalan, las penas pasan a ser de prisión mayor:
Daños a edificios, locales comerciales o viviendas: De 5 a 10 años de prisión mayor.
Si el acto ocasiona golpes o heridas a una persona: De 10 a 20 años de prisión mayor.
Si provoca la muerte de una persona: De 20 a 30 años de prisión mayor.
Si provoca la muerte de más de una persona (ej. el volcamiento de un vehículo): De 30 a 40 años de prisión mayor y multas de hasta mil salarios mínimos.
«Se les bajará la guapeza»: Confiscaciones y castigos colaterales
Además de los años de cárcel, el tribunal penal impondrá un severo régimen de consecuencias económicas y sociales destinadas a resarcir a las víctimas.
Según el análisis del jurista, a los condenados se les aplicará:
Restitución e Indemnización: Obligación de pagar el costo total de los daños materiales, más los «daños y perjuicios» civiles y los gastos legales del proceso.
Decomiso de bienes (Art. 34, párrafo 7): El juez podrá ordenar la confiscación del vehículo o la herramienta utilizada para causar el daño (por ejemplo, la motocicleta en la que viajaba el agresor o el objeto contundente empleado).
Muerte civil y profesional: Inhabilitación permanente para trabajar en el Estado o para ejercer la profesión bajo la cual se cometió la infracción, además de la revocación definitiva o temporal de la licencia de porte y tenencia de armas de fuego.
Trabajo Comunitario: Condenas de hasta 300 horas de servicio obligatorio en instituciones como Hogares Crea, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil o las alcaldías locales.
Con este nuevo marco jurídico, el sistema legal dominicano busca frenar el vandalismo cotidiano y garantizar que los ciudadanos respondan de manera penal y económica por los daños directos e colaterales que causen a la propiedad privada.
Panorama
Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.
De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».
Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.
“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.
Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.
Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.
REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.
“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.
Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.
LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.
La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.
«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.
Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».
La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.
“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.
De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.
NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.
LD
Panorama
Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora
La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.
Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.
Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.
Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.
Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.
En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.
El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.
Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.
“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.
Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.
“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.
Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.
“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.
Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.
“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.
¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.
La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.
La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.
No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.
Vía Listín Diario
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