Sin el respaldo de la oposición, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobaron este miércoles dos contratos de préstamos por un monto total de 600 millones de dólares para ser invertidos en Punta Cana-Bávaro y utilizados en políticas ante el cambio climático.

Los acuerdos, sometidas por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el 9 de abril y 9 enero de este año, pasarán al Senado de la República para su probable ratificación.

El préstamo para ser invertido en Punta Cana-Bávaro es por 400 millones de dólares y será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

El dinero será utilizado para el financiamiento del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la Zona de Punta Cana-Bávaro, Fase III.

Reseña El Caribe que de acuerdo al documento depositado en la Cámara Baja el pasado jueves 9 de abril, el contrato fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 19 de febrero de 2026.

A partir de la fecha del primer desembolso del préstamo, este generará intereses sobre los saldos deudores diarios, para ser pagados dos veces al año, los días 15 de octubre y 15 de abril de cada año, siendo saldado en 19.5 años (39 cuotas), con un periodo de gracia de 5.5 años.

El primer pagó será el 15 de octubre de 2031 y el último, el 15 de octubre del 2050.

El financiamiento tiene como fin contribuir a la mejora de la salud pública y la protección del acuífero costero en la zona de Punta Cana-Bávaro; incrementar el acceso a agua potable segura en las localidades priorizadas; incrementar el acceso a saneamiento seguro en las localidades priorizadas; y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención, según establece la carta remitida por el presidente de la República al titular de los diputados, Alfredo Pacheco.

Los tres componentes que contempla el programa ejecutado por el Inapa son: infraestructura de agua potable; infraestructura de saneamiento; y gestión del recurso hídrico, reúso y fortalecimiento institucional.

US$200 millones
El otro contrato es de 200 millones de dólares, para ser utilizado en las políticas realizadas por la República Dominicana para la acción climática, a ser ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Economía.

El empréstito fue suscrito el 11 de julio de 2025, entre el país y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y su carta enmienda del 2 de diciembre de 2025.

De acuerdo al informe que rindió la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, el préstamo brindaría liquidez presupuestaria al gobierno, poniendo a disposición fondos bajo la modalidad de apoyo presupuestario, en reconocimiento a la ejecución de políticas públicas destinadas a fortalecer y fomentar la acción climática y la resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

Precisa, además, que, por su parte, la carta enmienda tiene como objetivo subsanar un error inmaterial e involuntario de orden tipográfico que no afecta la validez ni el alcance de las obligaciones contractuales y actualizar la información contenida en la cláusula 18 relativa a las “Comunicaciones” de las condiciones particulares del referido contrato de préstamo.

“El Programa es una herramienta de acompañamiento en la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para avanzar hacia una economía resiliente y menos intensa en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), procurando una mayor sostenibilidad en la producción y el consumo de bienes y servicios”, destaca el informe.

Crítica de la oposición
Los diputados de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano (PLD) criticaron los constantes endeudamientos del actual gobierno y le exhortaron a que no continúe aumentando la deuda pública del Estado.

Asimismo, señalaron que los empréstitos no se toman para cosas puntuales y no se ven sus resultados. Indicaron que los préstamos “quedan en el aire y en el tiempo”.

Jorge Tavárez, de FP, fue el único legislador de la oposición que votó a favor de uno de los préstamos: el de 400 millones de dólares.

Los financiamientos por 600 millones de dólares están consignados en el presupuesto general del Estado actual.

Los acuerdos, para ser ejecutados, deberán ser ratificados por el Senado y promulgados por el Poder Ejecutivo.