El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un inspector migratorio de servicio en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) que le exigió el pago de una multa a un extranjero y a otra persona que le acompañaba, alegando que permanecerían más tiempo del permitido en el país.

Albert Isaac Pérez Ferreras fue arrestado en flagrante delito en el aeropuerto por solicitarle la entrega de la suma de doscientos dólares estadounidenses (US$200.00) a un pasajero de nacionalidad española y a su acompañante.

El imputado argumentó que las víctimas permanecerían en la República Dominicana por un período de tres (03) meses, superando el tiempo permitido, por lo que debían de realizar un supuesto pago por penalidad de estadía.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.

La instancia indica que, producto de la solicitud del soborno y la cuestionante que les realizó el inspector a los pasajeros, estos le manifestaron que anteriormente habían ingresado al país, sin inconvenientes, y sin la necesidad de realizar pago alguno por concepto de estadía.

No obstante, ante la solicitud del dinero, el ciudadano español le indicó a Pérez Ferreras que únicamente poseía la suma de setenta dólares estadounidenses (US$70.00).

En ese momento el inspector procedió a indicarle al pasajero que disimuladamente debía entregarle la referida cantidad para poder dejarlos ingresar al país.

Luego de varios intentos de entrega, el ahora investigado, le indicó a la víctima que el dinero debía colocarlo dentro del pasaporte, procediendo este a actuar conforme a la exigencia, tal como se observa en los vídeos captados por las cámaras de vigilancia del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del aeropuerto, consumándose con esto el tipo penal de soborno.

La Pepca fue apoderada del caso por la Dirección General de Migración (DGM), institución a la que Pérez Ferreras ingresó en el año 2022.

Dentro del perfil de funciones inherentes a su cargo de inspector de control migratorio, se encuentran: la responsabilidad de verificar, controlar y supervisar el ingreso y salida de pasajeros al territorio nacional, velando por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia migratoria, así como actuar con apego a los principios de legalidad, transparencia, probidad y ética en el ejercicio de sus funciones públicas.

Luego del arresto, las autoridades de la Dirección General de Migración, realizaron formal entrega, mediante soporte digital (CD), de las capturas del vídeo obtenidas de las cámaras de vigilancia correspondientes al counter donde ocurrieron los hechos investigados.

En el vídeo se observa la interacción sostenida entre el investigado y los ciudadanos extranjeros, así como las circunstancias relativas a la entrega del dinero y la posterior recepción del mismo por parte del investigado Albert Isaac Pérez Ferreras.

El Ministerio Público solicitó que, al imputado Pérez Ferreras, quien fue arrestado el pasado 17 de mayo en dicho aeropuerto, se le imponga la medida de coerción que le priva de libertad, de conformidad con el artículo 230 numeral 7, del Código Procesal Penal Ley núm. 97-25.

Diferentes pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales, materiales y procesales sustentan la solicitud de medida de coerción contra Pérez Ferreras, quien es imputado de violar el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, así como los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican los actos de corrupción y el soborno o cohecho.

El órgano del Ministerio Público informó que amplía las investigaciones del caso.

El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por su celeridad y profesionalismo en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad, y expresó que se «mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso».

En un comunicado, la referida entidad bancaria afirmó que en marzo pasado, tras una investigación interna, desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.

También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares.

La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El BHD aseguró que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.

La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que afirman fueron absorbidas por el banco, y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, «se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto».

También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.