Panorama
MP solicita prisión preventiva contra inspector migración acusado de soborno
El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un inspector migratorio de servicio en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) que le exigió el pago de una multa a un extranjero y a otra persona que le acompañaba, alegando que permanecerían más tiempo del permitido en el país.
Albert Isaac Pérez Ferreras fue arrestado en flagrante delito en el aeropuerto por solicitarle la entrega de la suma de doscientos dólares estadounidenses (US$200.00) a un pasajero de nacionalidad española y a su acompañante.
El imputado argumentó que las víctimas permanecerían en la República Dominicana por un período de tres (03) meses, superando el tiempo permitido, por lo que debían de realizar un supuesto pago por penalidad de estadía.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
La instancia indica que, producto de la solicitud del soborno y la cuestionante que les realizó el inspector a los pasajeros, estos le manifestaron que anteriormente habían ingresado al país, sin inconvenientes, y sin la necesidad de realizar pago alguno por concepto de estadía.
No obstante, ante la solicitud del dinero, el ciudadano español le indicó a Pérez Ferreras que únicamente poseía la suma de setenta dólares estadounidenses (US$70.00).
En ese momento el inspector procedió a indicarle al pasajero que disimuladamente debía entregarle la referida cantidad para poder dejarlos ingresar al país.
Luego de varios intentos de entrega, el ahora investigado, le indicó a la víctima que el dinero debía colocarlo dentro del pasaporte, procediendo este a actuar conforme a la exigencia, tal como se observa en los vídeos captados por las cámaras de vigilancia del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del aeropuerto, consumándose con esto el tipo penal de soborno.
La Pepca fue apoderada del caso por la Dirección General de Migración (DGM), institución a la que Pérez Ferreras ingresó en el año 2022.
Dentro del perfil de funciones inherentes a su cargo de inspector de control migratorio, se encuentran: la responsabilidad de verificar, controlar y supervisar el ingreso y salida de pasajeros al territorio nacional, velando por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia migratoria, así como actuar con apego a los principios de legalidad, transparencia, probidad y ética en el ejercicio de sus funciones públicas.
Luego del arresto, las autoridades de la Dirección General de Migración, realizaron formal entrega, mediante soporte digital (CD), de las capturas del vídeo obtenidas de las cámaras de vigilancia correspondientes al counter donde ocurrieron los hechos investigados.
En el vídeo se observa la interacción sostenida entre el investigado y los ciudadanos extranjeros, así como las circunstancias relativas a la entrega del dinero y la posterior recepción del mismo por parte del investigado Albert Isaac Pérez Ferreras.
El Ministerio Público solicitó que, al imputado Pérez Ferreras, quien fue arrestado el pasado 17 de mayo en dicho aeropuerto, se le imponga la medida de coerción que le priva de libertad, de conformidad con el artículo 230 numeral 7, del Código Procesal Penal Ley núm. 97-25.
Diferentes pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales, materiales y procesales sustentan la solicitud de medida de coerción contra Pérez Ferreras, quien es imputado de violar el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, así como los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican los actos de corrupción y el soborno o cohecho.
El órgano del Ministerio Público informó que amplía las investigaciones del caso.
Panorama
Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.
De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».
Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.
“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.
Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.
Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.
REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.
“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.
Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.
LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.
La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.
«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.
Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».
La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.
“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.
De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.
NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.
LD
Panorama
Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora
La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.
Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.
Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.
Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.
Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.
En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.
El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.
Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.
“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.
Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.
“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.
Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.
“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.
Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.
“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.
¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.
La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.
La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.
No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.
Vía Listín Diario
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