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Panorama

La JCE prohíbe publicar encuestas para evitar promoción electoral anticipada

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La Junta Central Electoral (JCE) prohibió la publicación y difusión de encuestas electorales fuera del período legal de precampaña y campaña, y advirtió que las firmas encuestadoras que violen esa disposición podrán ser suspendidas temporalmente o perder definitivamente su registro.

Con esta disposición, la JCE incorporó una restricción adicional a la publicación de encuestas que no aparece expresamente en el artículo 216 de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral.

Esta establece que durante los ocho días previos a la votación queda prohibida su difusión y dispone que, antes de ese plazo, podrán publicarse todas las encuestas realizadas, siempre que cumplan estándares generalmente aceptados.

El párrafo primero del artículo 216 establece:

«Previo al plazo establecido en este artículo, se podrán publicar todas las encuestas realizadas, siempre cumpliendo con los estándares generalmente aceptados sobre la materia».

La JCE justificó la nueva limitación bajo el argumento de que la publicación de encuestas fuera del calendario electoral puede convertirse en una forma de promoción política anticipada y generar ventajas indebidas.

«…es un acto que genera múltiples efectos respecto a la ciudadanía en general, tal y como sería el caso de los actos de promoción electoral anticipada, lo cual se pudiera traducir en ventajas de los actores políticos que figuren en dichas encuestas, en detrimento de quienes también pueden tener aspiraciones legítimas pero que, por diversas razones no figuren en dichas encuestas…», razonó el Pleno en uno de los considerandos.

Con base en ese razonamiento, la JCE decidió sujetar la publicación de encuestas y sondeos al período de precampaña electoral, prohibiendo su difusión antes del primer domingo de julio del año anterior al de las elecciones. Esto es, antes del domingo 4 de julio del 2027.

«Que, si bien es un derecho que tienen los actores políticos de contratar aquellas empresas que se encuentren debidamente registradas en este órgano para realizar encuestas con fines electorales, esta prerrogativa debe ser ejercida a través de un esquema que sea compatible con otros aspectos que, paralelamente al derecho a la libertad de empresa, se encuentran previstos en la legislación del régimen electoral, tal es el caso del respeto a los plazos previstos para cada una de las etapas electorales», indica otro considerando del reglamento.

El documento también introduce reglas para las encuestas utilizadas por partidos para definir precandidaturas y escoger candidaturas.

Supervisión

En esos casos, las encuestas realizadas por firmas habilitadas contarán con supervisión de la JCE durante el trabajo de campo, a través de la Dirección de Partidos Políticos con apoyo de la Dirección de Inspectoría. Según el texto, esa supervisión estará limitada a verificar que el levantamiento se haga conforme a las características técnicas exigidas por la ley y deberá concluir con un informe remitido al Pleno.

La resolución aclara, sin embargo, que la Junta no está facultada para validar o rechazar los resultados de las encuestas utilizadas por los partidos para seleccionar candidaturas y que su papel se limita al previsto en las leyes electorales y el propio reglamento.

Además, obliga a los partidos a garantizar que los militantes o personas que serán medidos o consultados conozcan previamente cómo se realizarán esos trabajos de campo.

El reglamento también impide que partidos y dirigentes divulguen encuestas de uso interno antes del inicio oficial de la precampaña.

Otra de las disposiciones establece que solo las empresas registradas y habilitadas por la JCE podrán realizar encuestas con fines electorales. La Junta habilitará además un listado público de firmas autorizadas.

Obligaciones

  • Entre las obligaciones impuestas a las encuestadoras figura publicar la ficha técnica completa de cada estudio, incluyendo objeto del trabajo, ámbito geográfico, método de muestreo, tamaño de muestra, margen de error, nivel de confianza, preguntas formuladas, tipo de entrevista, software utilizado para el procesamiento estadístico y el número de registro otorgado por la JCE junto con la fecha de actualización del expediente.

    La normativa también endurece el control administrativo sobre las firmas registradas. Las empresas ya habilitadas tendrán 30 días laborables para actualizar sus expedientes y luego deberán hacerlo cada año; de lo contrario, podrán perder el registro y quedar impedidas de realizar encuestas electorales hasta obtener una nueva habilitación.

    Respecto a los sondeos a boca de urna o exit poll, el reglamento exige notificación previa a la JCE al menos ocho días antes de la elección, informar posteriormente los resultados al órgano electoral y esperar los plazos fijados antes de hacerlos públicos.

Panorama

Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña

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El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.

De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».

Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.

“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.

Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.

Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.

REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.

“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.

Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.

LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.

«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.

Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».

La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.

“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.

De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.

NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.

LD

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Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora

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La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.

Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.

Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.

Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.

Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.

En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.

El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.

Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.

“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.

Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.

“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.

Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.

“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.

Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.

“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.

¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.

La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.

La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.

No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.

Vía Listín Diario

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