La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ratificó la condena de 20 años de prisión impuesta a John Kelly Martínez por la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, ocurrida en febrero de 2023 en el distrito municipal La Otra Banda, en Higüey, provincia La Altagracia.

La información fue ofrecida por el abogado de la familia de la víctima, Silvestre Antonio Rodríguez, quien explicó que la decisión fue leída el viernes, dejando firme la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de La Altagracia.

Indicó que la Corte confirmó íntegramente la pena impuesta a Martínez, quien fue hallado culpable por los hechos que provocaron la muerte de la adolescente de 16 años.

Rodríguez señaló que retirará la sentencia escrita está semana, aunque la decisión del tribunal ya fue dada a conocer oficialmente.

Antecedentes del caso
El caso de Esmeralda Richiez conmocionó a la sociedad dominicana tras los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2023 en la comunidad Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, en Higüey.

Según la investigación del Ministerio Público, la adolescente salió de su residencia en compañía de John Kelly Martínez, quien era su profesor, así como de Rubiel Morillo Martínez y otras personas.

Horas después regresó a su vivienda presentando complicaciones de salud y al día siguiente fue encontrada sin vida por sus familiares.

La acusación presentada por el Ministerio Público estableció que Esmeralda Richiez fue sometida a una relación sexual violenta que le provocó laceraciones, lesiones internas y un sangrado severo.

De acuerdo con los informes forenses incorporados al expediente, esas lesiones desencadenaron un shock hemorrágico que causó su muerte.

Luego de más de un año de proceso judicial, el Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a John Kelly Martínez a 20 años de prisión el 14 de marzo de 2024.

Además, dispuso el pago de una indemnización a favor de los familiares de la víctima.

Estado actual del proceso contra Rubiel Morillo
Con la decisión emitida por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, la condena queda ratificada en segunda instancia.

Por otra parte, Silvestre Antonio Rodríguez informó que continúa abierto el proceso judicial contra Rubiel Morillo Martínez, señalado por el Ministerio Público como presunto cómplice en el caso.

Explicó que, en una etapa inicial, un tribunal de instrucción dictó un auto de no ha lugar a favor de Morillo Martínez.

Sin embargo, esa decisión fue recurrida por la parte querellante y el Ministerio Público, logrando que la Corte de Apelación la revocara y ordenara su reincorporación al proceso.

Posteriormente, la defensa recurrió la decisión ante la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de casación.

No obstante, el alto tribunal confirmó la decisión de la Corte, estableciendo que existen elementos suficientes para que enfrente un juicio de fondo.

Tras esa decisión, el expediente fue remitido nuevamente a la provincia La Altagracia para que continúe el proceso judicial correspondiente.

Rodríguez informó que actualmente verifica ante el Tribunal Colegiado de Higüey si el expediente ya fue recibido y si existe una fecha fijada para el conocimiento de la audiencia.

El abogado explicó que la Suprema Corte confirmó la decisión que ordena que Rubiel Morillo Martínez sea juzgado por los tribunales de La Altagracia, por lo que el proceso continúa pendiente de conocerse en el fondo.

FUENTE: Diario Libre

Un giro radical sacudió anoche el panorama judicial cuando la jueza Altagracia Ramírez limpió de culpa a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta al dictar un “no ha lugar”, sentenciando que la Fiscalía no llevó pruebas que sirvieran para abrirles un juicio por corrupción.

Ambos exfuncionarios respiran libres tras defender a capa y espada que sus gestiones fueron transparentes y que el caso era puro “aire”.

Sin embargo, la suerte no fue la misma para Donald Guerrero, ex exministro de Hacienda durante el gobierno de Danilo Medina,quien no pudo esquivar el juicio de fondo y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a los duros señalamientos del Ministerio Público.

Indica Listín Diario que ante esto, la barra de la defensa de Guerrero cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que las pruebas de la Contraloría General poseen vicios de origen, y que la acción penal contra su cliente ya se encuentra prescrita.

Por otra parte, otros 28 imputados, entre estos el abogado Angel Lockward, del caso Calamar tendrán que ir también ante el tribuanl a responder en un juicio de fondo por los actos que les son imputados.

A su salida del tribunal, Gonzalo Castillo proclamó ante la prensa: “Voy con tó’ “.

Todo sobre el fallo
Con esta decisión judicial, se ordenó el cese definitivo de las medidas de coerción que pesaban sobre los encartados, así como el levantamiento de diversas oposiciones de carácter financiero e inmobiliario.

El tribunal dictaminó el no ha lugar y la consecuente exoneración de responsabilidad penal a los ciudadanos José Ramón Francisco de Jesús Peralta, Gonzalo Castillo Terrero, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.

De acuerdo con la resolución del tribunal, las pruebas aportadas por la parte acusadora resultaron insuficientes para dictar un auto de apertura a juicio en contra de los imputados mencionados.

En consecuencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que les habían sido impuestas, aclarando que en el caso del ciudadano Daniel Rosa Arias no le fueron impuestas medidas restrictivas en este dictamen.

En el aspecto civil, la decisión judicial dispone la exclusión total del proceso en calidad de terceros civilmente demandados de los siguientes ciudadanos y entidades jurídicas. César Emilio Rivas Martínez, José Martínez Quirico (y/o de Martínez),

Emilio Manuel, la razón social Alexis Rodríguez y Asociados (Firma de Abogados Asociados).

Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción reales (embargos y congelamiento de fondos) que había sido interpuesta.

Hechos antes del fallo
Desde la tarde de este viernes se vivió un ambiente de intensa expectativa e incertidumbre en el salón de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde los imputados del Caso Calamar, sus abogados y decenas de periodistas esperan el fallo, sus abogados y decenas de periodistas esperan la decisión que ya acumulaba horas de retraso.

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, había convocado a las partes de manera formal para las 3:00 de la tarde para dar a conocer su decisión.

Sin embargo, pasadas las 6:00 de la tarde, la magistrada todavía se encuentra encerrada en su despacho de la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ponderando la decisión de si enviaba a juicio de fondo a los acusados del sonado caso.

Ante la larga espera, el escenario en el tribunal reflejaba el agotamiento y los nervios de los presentes.

Mientras algunos implicados permanecian dentro de la sala de audiencias, otros, junto a sus consejos de defensa, caminan de un lado a otro por los pasillos del Palacio de Justicia, atentos a cualquier movimiento del personal del tribunal que anticipe la llegada de la jueza.

A medida que pasaban las horas de la noche, la expectativa crecía en el tribunal.

La magistrada Ramírez debía decidir si envíaba a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), quienes encabezan la lista de los acusados en este presunto entramado de corrupción.

Junto a ellos, también esperan la resolución el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

El Ministerio Público acusa al grupo de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.

Tanto el órgano acusador como los abogados del Estado dominicano han solicitado de manera formal un auto de apertura a juicio.

Por el contrario, los equipos de defensa han pedido al tribunal rechazar el pedimento del Ministerio Público y dictar, en su lugar, un auto de “no ha lugar”, alegando la inocencia de sus representados.

Cabe destacar que, más temprano, a las 9:00 de la mañana, estaba prevista la lectura de la decisión respecto al exsenador Rafael Porfirio Calderón, cuyo proceso había sido separado provisionalmente por motivos de salud. La lectura del fallo fue fijada para el 19 de junio.

Un proceso de cinco años bajo la lupa
Esta esperada resolución se produce tras más de cinco años desde que se iniciaron los primeros interrogatorios en febrero de 2021.

A lo largo del proceso, las defensas han criticado duramente el caso, señalando que el expediente ha excedido de manera irrazonable los plazos de la ley y cuestionando la validez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría.

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