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Tribunal condena a 20 años de prisión a Adán Cáceres, Torres Rubiou y Núñez de Aza
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Cáceres y Torres Robiou fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
Mientras que De Aza fue condenado por los delitos de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el estado, enriquecimiento ilicito y lavado de activos agravado.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un extenso juicio en el que el Ministerio Público presentó cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales.
El fallo fue emitido a partir de las 2:22 de la madrugada del martes. La lectura de la sentencia comenzó a las 3:00 de la tarde del día anterior.
Los ilícitos fueron cometidos, conforme a las juezas del tribunal, durante la gestión del mayor general Cáceres Silvestre en el Cuerpo de Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del general Torres Rubiou en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Las magistradas también les impusieron el pago de 400 salarios mínimos. Además dispusieron la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado.
Según el expediente acusatorio, la red operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras del Cusep, el Cestur y otras dependencias estatales para desviar recursos destinados a inteligencia, combustibles, alimentación y nóminas.
El Ministerio Público sostuvo en la acusación que los integrantes de la estructura designaban militares y policías con salarios que oscilaban entre 20,000 y RD$70,000 pesos mensuales, pero estos solo recibían una parte de los fondos asignados, mientras el resto era presuntamente apropiado por los miembros de la organización.
A 15 años de prisión
El general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán recibieron 15 años de prisión como sentencia, e igualmente el pago de 400 salarios mínimos.
Otros condenados
- Esmeralda Ortega Polanco, 10 años de prisión y 400 salarios mínimos
- José Manuel Rosario Pirón, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
- Boanerges Reyes Batista, 10 años y 200 salarios mínimos
- Franklin Antonio Mata Flores, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
- Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
- Erasmo Roger Pérez Núñez, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
- Kelman Santana Martínez, 10 años de prisión y 300 salarios mínimos
Girón ya cumplió
En el caso de mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien fue el testigo clave del Ministerio Público en el caso, fue condenado a cinco años de pena cumplida.
Condenados con penas suspendidas
- Pedro Roberto Castillo Nolasco, tres años de prisión
- Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, cinco años de prisión
- Alejandro José Montero Cruz, cinco años de prisión y 50 salarios mínimos
- Epifanio Peña Lebrón, cinco años de prisión y 100 salarios mínimos
- Lucía de los Santos Viola, cinco años de prisión y 100 salarios mínimos
- Raymel Pastor del Rosario Viola, tres años de prisión y 100 salarios mínimos
- Onoris Beatriz Soto de los Santos, cinco años de prisión y 100 salarios mínimos
- Manuel de Jesus Alba Solano, cinco años de prisión y 50 salarios mínimos
- Elida María Trinidad Santiago, cinco años de prisión y 50 salarios mínimos
- Carlos Lantigua, tres años de prisión suspendida y 500 mil pesos
Absueltos
Tanner Antonio Flete Guzmán
Manuel de Jesús Alba Solano
Guillermo de Jesús Torres Roboiu
Santiago Antonio Suárez Peguero
Miguel Ventura Pichardo
Erick Daniel Pereyra Núñez.
FUENTE: Diario Libre
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este jueves que investiga a uno de sus agentes, luego de que presuntamente se negara a encender la cámara corporal durante una intervención.
El caso surgió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa el momento de tensión ante la solicitud de documentos del agente a un conductor y la persistencia del ciudadano en que el agente encendiera el dispositivo, petición a la que el agente no accedió.
La institución informó que el agente fue citado y se encuentra bajo investigación de los organismos de control correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos.
Las cámaras corporales son utilizadas como herramientas para documentar las actuaciones de los agentes y facilitar la revisión de situaciones que puedan generar controversias durante las intervenciones.
La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva en contra de Carlos José Troche Rodríguez, conocido como «Nino Dólar», acusado de provocar la muerte de dos personas y ocasionar lesiones a una tercera en un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de agosto en la avenida Abraham Lincoln.
El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel de Cotuí, tras acoger la solicitud presentada por los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).
A Troche Rodríguez se le acusa de violar el artículo 112, párrafo I, de la Ley 74-25, que modifica el Código Penal dominicano y tipifica el homicidio agravado, referente a los atentados culposos contra la vida.
El imputado enfrenta cargos por la muerte de Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio y de su hija, Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, así como por las lesiones sufridas por Arianna Michelle Ciprián.
La solicitud de medida de coerción había sido presentada inicialmente ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional; sin embargo, el juez Rigoberto Sena declinó el proceso a favor del tribunal de tránsito, por tratarse de un hecho vinculado a un accidente vial.
De acuerdo con la acusación, el imputado violó la luz roja de un semáforo mientras conducía una yipeta, impactando contra una motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.
La investigación establece, además, que, tras producirse la colisión, el conductor no se detuvo y continuó la marcha del vehículo, arrastrando a las víctimas por la vía y pasándoles por encima al emprender la huida del lugar.
El caso permanece bajo investigación por parte del director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, y los fiscales Vladimir Viloria, encargado del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios); y Yesenis Hernández Cabreja.
FUENTE: Listín Diario
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