Panorama
Eduardo Hidalgo pide auditar RD$1,251 millones destinados al Bono a Mil
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió este martes que sean auditados los RD$1,251 millones destinados al programa Bono a Mil, al tiempo que reclamó una explicación pública sobre quiénes son los beneficiarios y cuáles son los criterios utilizados para incluir a las familias en esa iniciativa.
Durante una entrevista en el prograna El Despertador, Hidalgo expresó preocupación por el manejo del programa y consideró necesario que las autoridades rindan cuentas sobre el destino de esos recursos y el impacto que ha tenido la iniciativa entre las familias con estudiantes del sistema público.
“Necesitamos que eso se audite. Que se audite. Y necesitamos que se rinda cuentas”, expresó Hidalgo.
El dirigente magisterial sostuvo que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, por lo que entiende que debe explicarse a la ciudadanía quiénes reciben el beneficio y bajo cuáles condiciones son seleccionados.
Cuestiona impacto del programa
Hidalgo manifestó que la ADP ha expresado preocupación desde hace tiempo sobre la forma en que se manejan este tipo de ayudas y planteó que, además de conocer a los beneficiarios, debe evaluarse el impacto que tiene el incentivo en el acompañamiento de los padres a sus hijos.
El presidente de la ADP señaló que existen situaciones en las que los estudiantes dejan de asistir a clases, principalmente después de días feriados, por lo que consideró necesario analizar también el compromiso de las familias beneficiadas con la asistencia escolar.
Reclama explicación sobre aulas para niños de tres años
Durante la entrevista, Hidalgo también pidió al Ministerio de Educación rendir un informe sobre las 300 aulas para niños y niñas de tres años anunciadas en 2022 como parte de un plan piloto.
Recordó que la ADP respaldó la iniciativa porque permitiría reducir la brecha existente desde la educación inicial entre estudiantes del sistema público y aquellos que pueden ingresar desde edades más tempranas a centros privados.
Según explicó, proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística situaban en alrededor de 153 mil la cantidad de niños de tres años para 2026, lo que representaría una necesidad cercana a 7,000 aulas, tomando como referencia grupos de aproximadamente 20 estudiantes.
Hidalgo sostuvo que las 300 aulas anunciadas no resolverían completamente el déficit, pero sí representarían un avance, por lo que reclamó información sobre su estado actual.
“¿Qué pasó con esas 300 aulas que se anunciaron?”, cuestionó.
ADP estima unos 300 mil estudiantes sin cupo
El presidente del gremio informó además que un estudio de la ADP establece que alrededor de 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encontraron cupo por falta de aulas.
Explicó que el sindicato no se opone a que los centros inscriban a todos los estudiantes que soliciten un espacio, pero advirtió que esa medida ha provocado sobrepoblación en diferentes planteles.
De acuerdo con Hidalgo, aulas diseñadas para 25 estudiantes están recibiendo entre 35 y 40, mientras que en algunos liceos existen cursos con 50 y hasta 55 alumnos, situación que, según planteó, afecta la calidad de la enseñanza.
Centros no iniciaron clases por problemas de infraestructura
Hidalgo indicó que varios planteles no pudieron iniciar el año escolar debido a trabajos de infraestructura pendientes.
Entre los casos mencionó el Liceo Unión Panamericana, donde los trabajos de mantenimiento se realizaron próximo al comienzo de las clases, pese a que, a su juicio, debieron ejecutarse durante junio o julio.
También citó la situación de un liceo de Blanco Arriba, Tenares, cuyos estudiantes han recibido docencia en espacios improvisados mientras esperan la terminación de su centro educativo.
Asimismo, aseguró que más de 40 centros en Higüey no pudieron comenzar las clases por problemas de infraestructura y que en San Pedro de Macorís entre 25 y 30 planteles enfrentaron dificultades similares.
Cuestiona ejecución de recursos
Sobre los problemas de infraestructura, Hidalgo descartó inicialmente que la principal causa sea la falta de recursos económicos y cuestionó que cada año queden partidas sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las escuelas.
Indicó que las autoridades deben explicar si los retrasos responden a dificultades burocráticas u otros factores, debido a que existen centros que permanecen con trabajos pendientes al inicio de cada período escolar.
Solo 43 % recibiría agua los cinco días
Otro de los problemas señalados por Hidalgo fue el suministro de agua en las escuelas.
Según explicó, alrededor del 43 % de los centros recibe agua durante los cinco días de la semana, mientras que el resto enfrenta diferentes niveles de interrupción.
Algunos planteles reciben agua dos o tres días, mientras que otros pueden permanecer sin el servicio, afectando baños, lavamanos y cocinas.
Hidalgo planteó que en esos casos deben buscarse alternativas, como reparación de bombas, construcción de cisternas o pozos y contratación de camiones de agua cuando sea necesario.
Rechaza cobros en escuelas públicas
El presidente de la ADP aseguró que la organización se opone al cobro de inscripción o reinscripción en escuelas públicas.
Explicó que esta práctica se estaría produciendo en algunos centros educativos administrados mediante convenios con iglesias u otras entidades, pese a que reciben recursos del Ministerio de Educación.
Según afirmó, en algunos centros se estarían cobrando cuotas de RD$200 y RD$500.
Hidalgo pidió al Ministerio de Educación investigar esos casos y sostuvo que esos planteles reciben transferencias precisamente para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Denuncia retrasos en transferencias
Hidalgo también denunció retrasos en la entrega de las transferencias económicas que reciben las escuelas para cubrir gastos operativos.
Afirmó que, pese a encontrarse ya en agosto, los centros habían recibido solo una transferencia, aunque estas deberían realizarse trimestralmente.
Esos recursos son utilizados para comprar materiales gastables y productos de limpieza, reparar puertas, ventanas y tuberías, así como adquirir agua cuando los planteles enfrentan dificultades con el suministro.
El dirigente explicó que la falta de esos fondos puede dejar deudas en manos de los directores y las juntas de centro, dificultando el acondicionamiento de las escuelas.
Técnicos mantienen pagos pendientes
Sobre los incentivos por evaluación del desempeño correspondientes a técnicos del sistema educativo, Hidalgo aseguró que todavía existe un grupo que no ha recibido esos recursos.
Reconoció que otros técnicos sí fueron pagados, aunque aclaró que la ADP no maneja la cantidad exacta de personas pendientes debido a que ese personal pertenece a otra organización sindical.
ADP se desvincula de protesta
Hidalgo también aclaró que la protesta realizada durante el acto oficial de apertura del año escolar no fue organizada por la ADP.
Indicó que la persona vinculada a la manifestación estuvo anteriormente contratada por el sindicato, pero no está nombrada como maestro en el Ministerio de Educación y, por tanto, no forma parte actualmente de la ADP.
Según explicó, la organización emitió un comunicado para desautorizarlo a hablar en nombre del gremio.
Pide mejorar salarios del personal de apoyo
Aunque rechazó la forma en que se produjo la protesta, Hidalgo afirmó que la ADP sí ha planteado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de apoyo de las escuelas.
Cuestionó que trabajadores encargados de la vigilancia y limpieza de los centros educativos devenguen alrededor de RD$14,000 mensuales y aseguró que el gremio ha llevado ese reclamo ante las autoridades educativas.
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Panorama
Autorizan el pago de prestaciones a contratistas y empleados de Falcondo
El Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago autorizó al Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), a establecer un mecanismo para el pago de las obligaciones laborales pendientes de Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) con sus trabajadores cesantes.
La medida, adoptada mediante resolución de fecha 10 de septiembre de 2026 dentro del proceso de reestructuración que actualmente se conoce respecto de la empresa minera, permitirá que el Fonper adelante los recursos correspondientes a las acreencias laborales que sean previamente determinadas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo, evitando que los trabajadores tengan que esperar hasta la conclusión del proceso legal que cursa ante el Tribunal de Liquidación para recibir los pagos que les corresponden.
El mecanismo fue solicitado por el Estado dominicano ante la prolongación del pago de prestaciones laborales por parte de la empresa y otros derechos adquiridos de sus antiguos trabajadores.
La extraccion de ferroníquel en Republica Dominicana esta en manos de Falcondo en Bonao.
Al ponderar la solicitud, el tribunal tomó en consideración la especial protección que la Constitución y las leyes dominicanas reconocen a los derechos laborales, así como el impacto económico y social que representa para los trabajadores mantenerse a la espera del desarrollo completo de un proceso de insolvencia.
El Estado podrá efectuar los pagos a los trabajadores y asumir posteriormente la posición acreedora frente a Falcondo por las cantidades efectivamente desembolsadas, gracias un esquema de subrogación contenido en la decisión.
“Esto significa que el pago realizado por el FONPER no libera a Falconbridge de sus obligaciones ni convierte esos recursos en una transferencia definitiva del Estado a favor de la empresa. Por el contrario, las sumas adelantadas podrán ser reclamadas posteriormente dentro del propio proceso, con cargo al patrimonio de Falcondo y conforme a las condiciones que establezca el procedimiento judicial”, reseña el comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación.
El tribunal destacó que existen activos mobiliarios e inmobiliarios registrados a nombre de Falcondo susceptibles de realización, lo que permitiría que los recursos adelantados puedan ser recuperados posteriormente dentro del proceso.
En sus consideraciones, el tribunal explicó que este mecanismo permite ofrecer una respuesta inmediata a los trabajadores ante la falta de liquidez de Falcondo, sin trasladar definitivamente al Estado una obligación que corresponde a la empresa, decisión con la cual se abre una vía para dar una solución definitiva a los trabajadores.
A finales del mes de agosto, el periódico Listín Diario reportó que más de 88 empleados y aproximadamente 50 contratistas de la Falconbridge Dominicana siguen esperando el pago de sus prestaciones laborales que ascienden a más de RD$950 millones.
Panorama
Juan Manuel Méndez anuncia aplicará fotomultas para detectar infracciones a la Ley de Tránsito
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) implementará el mecanismo de fotomultas como parte de un plan de corto plazo para mejorar la gestión del tránsito del país y fortalecer la fiscalización de las infracciones.
El director del Intrant, Juan Manuel Méndez, explicó que el sistema permitirá determinar, mediante equipos tecnológicos, si un vehículo fue inspeccionado y acceder a información relacionada con sus antecedentes.
“Hay un equipo que te permite a ti determinar si el vehículo fue inspeccionado o no y te sale hasta los antecedentes de la persona que lo conduce”, explicó Méndez durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo”.
Sin embargo, esta iniciativa no es nueva. En agosto de 2023, Hugo Beras, entonces director de esa misma entidad regulatoria, había anunciado este mismo plan, pero nunca lo ejecutó.
Beras informó en ese momento que el sistema para el funcionamiento de las fotomultas y la cámara de tránsito estaba en proceso de instalación, pero que no se ejecutaría de manera inmediata, sino «en los próximo meses», período en que no se inició el uso del mecanismo.
Mendez ha retomado el plan e indicó que la información estaría integrada en una plataforma en la que participarían el Intrant, la Procuraduría y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), mientras se evalúan mecanismos como el marbete inteligente y el uso de la licencia de conducir para concentrar los datos.
Señaló que la multa digital forma parte de un plan elaborado con técnicos del Intrant, junto con la modernización de la red semafórica y la implementación de la inspección técnica vehicular.
El objetivo, dijo, es ejecutar las primeras acciones en un período de dos a tres meses y lograr efectos visibles entre tres y seis meses.
Red semafórica
Como segundo componente, el mayor general retirado planteó intervenir la red semafórica para lograr una mayor sincronización de los dispositivos, reducir los tiempos de interrupción, mejorar el flujo vehicular y disminuir los congestionamientos.
Méndez explicó que una red semafórica optimizada permitiría, además, reducir la cantidad de agentes de la Digesett destinados a regular el tránsito manualmente en las intersecciones y disponer de ellos para labores de fiscalización.
El plan contempla también la adquisición de equipos para el mantenimiento de los semáforos, entre ellos grúas que permitan realizar los trabajos técnicos sin exponer a los empleados que actualmente deben utilizar escaleras o vehículos improvisados.
Inspección técnica vehicular
Otra de las medidas es la puesta en funcionamiento de la inspección técnica vehicular, pendiente desde la aprobación de la Ley 63-17.
El mecanismo permitiría retirar de circulación los vehículos que no estén en condiciones técnicas para transitar.
El director del Intrant descartó esperar durante años por un modelo de alianza público-privada y planteó utilizar las capacidades existentes en el país mediante la contratación de talleres locales que cumplan con las condiciones establecidas en un pliego elaborado para esos fines.
“Con capacidades locales se puede implementar en corto tiempo”, sostuvo Méndez, quien explicó que el proceso se encuentra en la fase de elaboración del pliego de condiciones.
La propuesta coincide con la alternativa que el funcionario ha explicado públicamente: realizar una licitación desde el propio Intrant para incorporar talleres con capacidad técnica, con una proyección de inicio de la inspección durante el primer semestre de 2027.
Más fiscalización y coordinación
El funcionario planteó, además, fortalecer la coordinación con la Digesett para evitar que los agentes sean utilizados de manera permanente para sustituir los semáforos cuando estos funcionan correctamente.
El propósito es que, con una red semafórica más eficiente y herramientas digitales de fiscalización, los agentes puedan concentrarse en hacer cumplir la Ley 63-17.
Méndez también planteó una campaña permanente para explicar a los ciudadanos las competencias del Intrant y las responsabilidades que corresponden a otras instituciones vinculadas al tránsito.
Vía El Nacional
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