El cuerpo sin vida de una joven mujer fue encontrado la madrugada de este martes en el tramo Guaco-La Vega de la Autopista Duarte, específicamente en el carril Santiago-La Vega, en un hecho que hasta el momento permanece rodeado de interrogantes.

De acuerdo con informaciones preliminares, la mujer supuestamente habría salido sin ropa de una cabaña ubicada en la zona, pidiendo auxilio. Posteriormente, fue localizada muerta en el referido tramo de la autopista.

Al lugar se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), agentes de la Policía Preventiva y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como una médico legista, quien procedió al levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Regional Universitario doctor Luis Manuel Morillo King para los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la fallecida, ni las autoridades han establecido oficialmente las circunstancias en que ocurrió el hecho ni la causa de la muerte.

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre este lamentable caso.

Vía #ElNuevoDiarioRD

El juez Rigoberto Sena envió a ocho personas a prisión preventiva por su vinculación con la segunda parte del caso de estafa al Seguro Nacional de Salud.

El magistrado envió a otras 15 personas a cumplir arresto domiciliario.

Las otras tres personas tendrán como medida de coerción garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Los que irán a cárcel son Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, que cumplirán la prisión preventiva en la cárcel de Las Parras.

Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, serán recluidas en Najayo Mujeres.

Arresto domiciliario

Los implicados que cumplirán prisión en casa son Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán y Alberto Batista Cruz.

Además Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.

otras medidas

Los implicados José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre les fue dictada las medidas de impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica como medida de coerción.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, celebró las medidas de coerción impuestas a los implicados en el caso Senasa 2.0 y dijo que el caso y sus investigaciones no se cierran ni concluyen con la presente investigación.

Wilson Camacho también exhortó a los médicos a no prestar sus códigos de servicio del Servicio Nacional de Salud para que no se vean involucrados en casos como este.

El magistrado dijo que hay 22 médicos implicados en el presente proceso.

El caso

El caso Senasa 2.0, también denominado Operación Cobra 2.0-A, es la segunda pata de la investigación por corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), en la que el Ministerio Público (MP) investiga una presunta red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación y cobro de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de bases de datos de la aseguradora estatal.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la propia institución, el pasado 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, sobre irregularidades en autorizaciones de servicios médicos.

El viernes 18 de septiembre de 2026 se supuso en marcha una ola de arrestos a cargo del Ministerio Público. Ahí resultaron arrestadas al menos 28 personas mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

Los fiscales que han investigado el caso dicen que la red operaba al gestionar falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de Senasa, utilizando datos de afiliados con bajo uso del seguro y llamadas con identidades ficticias (como “Pedro Martínez” o “Ángel Beltré”), para luego presentar reclamaciones sustentadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes.

El expediente de 525 páginas depositado por el MP detalla que la estructura también habría omitido información en registros médicos, falsificado firmas de afiliados, emitido reclamaciones extemporáneas y duplicado servicios, con el fin de recibir indebidamente fondos del Estado; las pesquisas estiman un perjuicio económico preliminar de alrededor de RD$40 millones solo en esta fase, mientras que la trama general de Senasa ha sido vinculada a desfalcos de miles de millones en otras etapas.

Vía Listín Diario