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Finanzas

Propietario de las franquicias de Pizza Hut y Wendy’s se declara en bancarrota en EEUU

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NPC International Inc., una de las franquicias de restaurantes más grandes de Estados Unidos y propietaria de las marcas Pizza Hut y Wendy’s, solicitó la protección por bancarrota este miércoles.

La empresa perdió los pagos de intereses sobre sus casi 800 millones de dólares en préstamos el 31 de enero, lo que provocó que las calificadoras S&P Global Ratings y Moody’s Investors Service redujeron sus puntos de vista sobre la deuda de la compañía, informó el Diario de New York.

A fines del año pasado NPC estuvo en conversaciones con sus prestamistas para realizar una posible declaración de quiebra en ese momento, según informaron medios como Fox Business y el periódico The Wall Street Journal.

Pese a la emergencia sanitaria, los restaurantes han tenido buenos ingresos, gracias a que los comensales han recurrido a los servicios de entrega de comida a domicilio.

A principios de mayo, Pizza Hut registró el promedio de ventas más altas de entrega en todo el país.

Cuando una empresa solicita la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, esta le ofrece alivio financiero y se compromete a reorganización las deudas sin que la empresa sea liquidada o detenga sus operaciones.

Se trata de una opción con la cual una compañía puede salvarse de cerrar sus sucursales y de ser liquidada por sus acreedores.

Cuando la solicitud de bancarrota es aceptada, las operaciones económicas y la reorganización de la empresa son supervisadas por un tribunal de Estados Unidos.

NPC es propietario de más de 1200 restaurantes de Pizza Hut y 385 locales de Wendy’s Co., y se une a una serie de compañías que se han declararon en quiebra durante la pandemia de coronavirus, incluyendo Chuck E. Cheese, CEC Entertainment, la compañía de alquiler de coches Hertz y los minoristas Neiman Marcus, J. Crew y J.C. Penney entre otras.

AGENCIAS

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Finanzas

Sigmund Freund Mena será el nuevo director general de Alianzas Público- Privadas

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Sigmund Freund Mena será el nuevo director general de Alianzas Público- Privadas en el gobierno de Luis Abinader que inicia el próximo domingo 16 de agosto.

Así lo anunció esta noche el presidente electo Luis Abinader a través de su cuenta de Twitter.

«El Dr. Sigmund Freund Mena (@SigmundFreund) será designado Director General de Alianzas Público-Privadas», posteó.

Sigmund Freund Mena, natural de Puerto Plata, es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo en la Universidad Paris II, París, Francia (2002) y una especialidad en Telecomunicaciones en el Instituto de Administración de las Telecomunicaciones de Canadá, Montreal Canadá (2003).

Se ha distinguido como conocedor y propulsor de reformas para hacer más expeditos y eficientes los procesos de gestión de buen gobierno.

Es, además, socio fundador de la oficina de abogados STAFF LEGAL, Abogados Consultores, donde ejerce en la actualidad en el área administrativa, fiscal, contratos y negocios, así como litigios.

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Finanzas

Luis Miguel De Camps asegurá dominicanizarán mano de obra

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Una de las principales preocupaciones del presidente electo, Luis Abinader Corona, previo a las elecciones y en la actualidad, es la creación de empleaos dignos para los dominicanos.

“En campaña, el presidente prometió la creación de 600 mil nuevos empleos dignos. Ese planteamiento era previo a la pandemia, y hoy vemos que ha ocurrido una pérdida importante de los mismos. El compromiso que anteriormente se había asumido, está acompañado de un sentimiento de urgencia”, dijo el designado ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, en conversación con el periódico El Caribe.

En el contexto en que esta designación atrapa a De Camps, una cartera sensible dada las circunstancias y que implicará reformular los programas de creación de empleos y ajustarlos a la nueva realidad, da muestra de la confianza que tiene el mandatario en el aliado del Partido Revolucionario Social Demócrata.

“El compromiso es continuar y mejorar los apoyos a los empleados suspendidos, así como también buscar mecanismos donde se pueda asistir a las empresas y que puedan subsistir en esta crisis. Las medidas deberán hacerse junto con el gabinete económico”, adelantó.

“El sector trabajador será acompañado de medidas de asistencias y apoyo económico, flexibilizaciones adicionales de medidas tributarias para que las empresas puedan mantenerse en este proceso”, puntualiza.

Pero para Luis Miguel, esto debe ir acompañado de la aplicación de políticas transversales, como la del fomento al primer empleo.

El ministro designado dijo, al respecto, que se establecerán fomentos fiscales para que las empresas que se acojan a los planes del primer empleo se beneficien de esto y darles oportunidad a esos jóvenes de que adquieran esa primera experiencia.

“En el pasado ha habido programas pilotos donde el ministerio de trabajo ha logrado facilidades económicas para la implementación del primer empleo y aunque han sido exitosos no han sido ampliados, nosotros pretendemos ampliarlo a nivel nacional”, especificó.

Consideró que uno de los grandes problemas de la República Dominicana es el desfase que existe entre las autoridades de educación superior (profesionales y técnicas), la demanda laboral y la oferta.

“Vamos a establecer programas de capacitación de la población, no solo para lo urgente del momento, sino programa de ejecución durante los años siguientes, de forma que el Ministerio, puedan planificar con tiempo los proyectos futuros de las distintas empresas para que las instituciones de educación superior puedan establecer los programas necesarios con tiempo y acorde a la demanda laboral”.

Aprovechó para resaltar que otra de las misiones fundamentales que va a desarrollar es la dominicanización de la mano de obra en todo, pero fundamentalmente en la construcción y en el sector agrícola, con el debido cuidado del fortalecimiento de la lucha contra el trabajo infantil.

“De esas misiones nos empoderaremos, una vez hayamos asumido, para llevarlas a cabo en coordinación con las demás dependencias gubernamentales competentes. Pero sí es una preocupación fundamental del Gobierno entrante que la creación de empleos y las condiciones de la mejoría del empleo, si bien son consecuencia de política y realidades económicas, también tienen que ir de la mano de que esos empleos que se puedan producir vayan a manos dominicanas. Además del tema migratorio puramente, eso pasa por capacitación y por una serie de factores de organismos hermanos y competentes”, adujo.

Resaltó que tiene un compromiso con las oportunidades de empleos en igualdad de condiciones y advirtió que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo no se puede permitir que dos personas que hacen la misma labor y poseen experiencia y preparación similar, tengan diferentes salarios o compensaciones, en donde en gran parte de los casos las mujeres tienen menos compensaciones que los hombres.

Revisión al Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social
Para De Camps, que es un especialista en temas de conciliación, la revisión al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, debe hacerse de forma integral, equilibrada y sostenida.

“La revisión al Código Laboral debe ser consensuada entre todos los actores. Una de las principales obligaciones del Ministerio de Trabajo es ser un ente que busca equilibrio, entre los sectores trabajadores y empleadores y en ese mismo sentido, deberá haber una revisión al Cogido de trabajo y el lugar idóneo para ellos es el consejo consultivo del Ministerio”.

“El Código de Trabajo no ha sido modificado desde el 1992, por lo que no podemos decir que hay pérdidas o ganancias en el sector respecto a lo que la ley manda. La labor del Ministerio debe consistir en escuchar a todas las partes sin prejuicio, sabiendo que hay intereses que mueven a las partes”, destacó

Su experiencia en arbitraje y ente conciliador también será soporte para las futuras discusiones relacionadas a las alzas salariares en el sector privado.

“Uno de los temas que hemos discutido en los distintos encuentros (de los encuentros que ha sostenido con los sectores envueltos, tras el anuncio de su designación), ha sido el del mecanismo que se usa para la revisión para el salario mínimo- de acuerdo a la inflación partiendo de los números del Banco Central- y existe algún tipo de conciencia compartida de que el mecanismo empleado debe ser revisado, para saber si es el más adecuado”, dijo a elCaribe, que se trasladó hasta su oficina privada en el sector Piantini.

“El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de revisar si el procedimiento que se ha utilizado históricamente, sigue siendo el más adecuado”, subrayó.

Cuando De Camps aborda el tema del sistema de pensiones, que genera inquietudes y preocupación en la población, especialmente de los trabajadores, explica que el sistema de la seguridad social está conformado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que lo preside el ministro de Trabajo.

“Por tanto, es parte de las obligaciones, la de atender esos temas. Respecto de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, tanto respecto a la salud, como al riesgo laboral y las pensiones, es una ley que revolucionó a República Dominicana y cambió un sistema que había por un sistema totalmente distinto. No es un modelo importado cien por ciento, sino adaptado con ejemplos conocidos; parecidos pero no iguales en otros espacios, porque al final cada nación es particular y tiene que adoptar sus propias normas y leyes”, expuso.

Resaltó que el año que viene -2021- se cumple 20 años de la aprobación de la ley. “Entendemos que es saludable una revisión integral de ella. Subrayamos la palabra integral porque cuando no se hace una revisión integral, entonces se recurre a parches, que pueden solucionar problemas puntuales y a veces son correctos, pero puede pasar que cuando se recurre a parches demasiadas veces, se puede cometer errores”, sostuvo De Camps.

Recientemente, se aprobó una modificación parcial de la Ley 87-01, en la que entre otras cosas, de manera correcta se le dio independencia de personería jurídica a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en donde hubo un cambio y se creó el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) en sustitución de otro sistema que existía anteriormente, y otras modificaciones.

“Y algo importante, dicha ley –propiamente- llama a una siguiente revisión (…). Ya no solamente por criterio propio, sino hasta por mandato de esa ley existe la obligación de una revisión.

Ahora, cuál es la revisión de la misma… tenemos que identificar cuáles son las preocupaciones fundamentales y una de las modificaciones instruidas que aparentemente satisface a la sociedad dominicana fue el de la simplificación de los cálculos de ganancia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que era uno reclamos más altisonantes. Con esa modificación habrá que ver cuál es el comportamiento y aparentemente debe ser algo más fácilmente identificable”, dijo el próximo ministro de Trabajo.

Desde su punto de vista, así como eso habrá que ver otras cosas. Y en esa parte resaltó que la población dominicana se queja –con razón- de que una persona que fallece habiendo cotizado durante equis cantidad de años en el sistema de pensiones dominicano, a sus familiares que viven se les dificulta acceder a esos fondos.

“Y eso es verdad. Ahora, el problema no es la Ley 87-01 y tampoco son las administradoras. El problema de fondo es el Código Civil que establece que esos dineros forman parte de la masa sucesoral y que consecuentemente tiene que agotarse el proceso sucesoral y una sentencia para que entonces se libren esos fondos.

Con Luis Miguel de Camps la conversación fue amplia y los temas abordados diversos. Como parte de eso, se refirió al convenio de entornos laborales adecuados y seguros para las mujeres trabajadoras.

Aseguró que “si usted revisa el programa de Gobierno del presidente Luis Abinader, se dará cuenta que establece taxativamente el compromiso de asumir esos acuerdos y adoptarlos. Es una de las misiones que se nos ha encomendado y esperamos que así sea”, expuso.

Otro de los puntos básicos de la agenda, será eficientizar los servicios públicos que se ofrecen desde el Ministerio de Trabajo.

Procesos como la digitalización de todas las comunicaciones y certificaciones que debe producir la cartera, deber ser una realidad en muy corto plazo.

Asimismo, la creación de una aplicación oficial, para que se pueda acceder hasta desde un teléfono inteligente, tanto el sector trabajador como el empleador, de la oferta laboral y la oferta de mano de obra disponible y calificada.

Respecto a la seguridad laboral, dijo que este Gobierno pondrá especial atención, tanto en lo inmediato, por el tema de la recuperación económica postpandemica, como en lo adelante.

De Camps, señala que en los últimos años ha aumentado en un diez por cierto los accidentes laborales y no ha habido respuestas concretas del Gobierno para eso, por lo que, dice, Trabajo fortalecerá su labor de inspección de seguridad laboral y facilitará modelos de programas de seguridad a los empleadores.

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