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Temo menciona gente en lío Odebrecht pero no dice sean culpables de recibir sobornos

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El ingeniero Temístocles Montás afirmó este jueves que nunca ha firmado contrato con la constructora brasileña Odebrecht y mucho menos recibido sobornos para hacerlos aprobar en el gobierno, por lo que al intentar encausarlo por ese tipo de práctica la Procuraduría General de la República le hace daño político y moral, pero no podrá probar sus imputaciones.

“No he firmado nunca contrato alguno con la firma Odebrecht. Nunca. Ninguno”, sostuvo el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en un comunicado dado a conocer a todo el país y en el que en cambio da a conocer que esos contratos fueron negociados por otros funcionarios del gobierno.

Señaló que desde el año 2006 el Secretariado Técnico de la Presidencia, del que fue titular, dejó de tener la facultad de firmar los contratos de financiamientos internacionales en virtud de la aprobación de la Ley 494-06 que creó Secretaría de Estado de Hacienda, hoy Ministerio de Hacienda, que asumió esa facultad.

En el comunicado, Montás cita quiénes fueron los negociadores y firmantes de contratos por parte del gobierno con la firma Odebrecht, entre los cuales están Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo, Radhamés Segura, Vicente Bengoa, ingeniero Mariano Germán, Simón Lizardo y Daniel Toribio.

Detalla que en 2006 Segura, como vicepresidente de la CDEEE y Bengoa como secretario de Finanzas, firmaron el contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Palomino que se extendió hasta 2010 por más de 340 millones de dólares, financiados por el Bndes.

Montás informó que el acueducto Samaná-Hermanas Mirabal fue negociado por Díaz Rúa inicialmente y luego por Mariano Germán, ambos como directores de Inapa, y por Bengoa y Toribio, ambos como secretarios de Hacienda en diferentes años. Su monto total fue de más de 215 millones de dólares y financiados por ABN AMRO, Bank Bndes.

Indicó que el proyecto de la autopista del Coral-Circunvalación La Romana fue negociado con Odebrecht por los ministros de Obras Públicas Díaz Rúa y Gonzalo Castillo, así como por Bengoa, Toribio y Simón Lizardo en su condición de ministros de Hacienda. Su costo superó los 235 millones de dólares financiados por BNP Paribas, BCIE, Eximbank y Citibank. Sobre el corredor Duarte I, del 2009 a 2010, Montás dijo que su negociación fue responsabilidad de Díaz Rúa y Bengoa, cuyo financiamiento superó los 100 millones de dólares otorgados por el Bndes y local.

En el caso de la reconstrucción de la carretera Autopista Duarte-Casabito Constanza, Montás dijo que fue negociado por Díaz Rúa y Bengoa en 2009 y financiado por el Deutsche Bank por un monto de 20 millones de dólares.

Listin Diario

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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