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Apresan dos funcionarios del Plan Social traficaban con fundas alimenticias

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SANTO DOMINGO._ El Ministerio Público desmanteló una banda que traficaba fundas alimenticias y cajas navideñas del Plan Asistencia Social de la Presidencia (PASP) con comerciantes en Santo Domingo Este y arrestó dos funcionarios de la entidad estatal y varios comerciantes.

Los detenidos son Gabriel Méndez Fernández, encargado departamental del Plan Social; la encargada del departamento de Fundaciones, Xhemyramiz Desierre Jiménez Urbaez; ex empleado de esa institución Rafael Cuevas Cumba (Fucho); y los comerciantes detallistas Luis Antonio Montilla Patricio (Antonio Funda) y Franklin Pérez Calderón (El Gordo).

En nota de prensa el Ministerio Público explica que las detenciones se hicieron con órdenes de arrestos y que el grupo se dedicaba a sustraer mercancías destinadas a los planes de asistencia social del Gobierno y filtrarlas hacia el mercado formal.

Según el dispositivo acusatorio, el Ministerio Público inició una investigación por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, y de la Ley 41-08 de Función Pública, en perjuicio del Estado Dominicano.

Explica que el 29 de septiembre del 2017, fue detenido en las instalaciones del Plan Social, en Villa Duarte, Francisco Antonio Gómez de Jesús, cuando en un camión se disponía a retirar un total de 1,500 raciones alimenticias, utilizando el conduce No. 55003902, el cual se había extraviado de la institución en días anteriores.

Al interrogarlo, se contactó que se dedica al negocio del transporte y acarreo, siendo contratado para dicho servicio por Montilla Patricio, por lo cual el personal de seguridad del PASP y fiscales de ésta demarcación procedieron a expandir la investigación, procediendo a la búsqueda del mismo.

Explica, además que en el transcurso de la investigación, el Ministerio Público entrevistó a más de 20 empleados del Plan Social de la Presidencia durante el mes de noviembre del pasado año, con la autorización de su directora, Iris Guaba, quien colaboró con el MP en todas las solicitudes que le fueron realizadas.

Como parte de las diligencias investigativas se realizaron varios allanamientos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017, en distintos barrios y comercios en los cuales se incautaron conduces del Plan Social con los que se retiran las raciones alimenticias. También numerosos artículos comestibles y bebibles con el timbrado del Plan Social de la Presidencia, que además indica que es prohibida su venta.

Indica el comunicado, que en los allanamientos fueron apresados algunos de los comerciantes y el funcionario Méndez Fernández en las propias instalaciones del Plan Social de la Presidencia, mientras que la encargada del Departamento de Fundaciones, Jiménez Urbaez, luego de una intensa búsqueda, fue entregada por su abogado a la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo.

Los comerciantes apresados entrevistados junto a sus abogados, informaron que los conduces le eran suministrados por Méndez Fernández y Jiménez Urbaez, quienes le encomendaban la búsqueda de ventas con comerciantes que a su vez los vendían en sus fundas o al detalle a bajos precios.

Cada ración alimenticia era vendida por los citados entre los 125 y 150 pesos, a pesar de que al estado dominicano le cuesta alrededor de 1,000 pesos la unidad.

Según las investigaciones, se determinó que estos funcionarios mantenían estas irregularidades aproximadamente desde el año 2010, representando pérdidas millonarias al Estado Dominicano.

Fuente El Nacional

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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