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Policía española reabre caso de «muerte accidental» de una hija de Ana Julia Quezada

A Ana Julia Quezada, de origen dominicano y actual pareja del padre del pequeño Gabriel, la precede un pasado que ahora se pone bajo sospecha.
Desde que este domingo fue detenida cuando llevaba en su automóvil el cuerpo del pequeño Gabriel Cruz, por el cual se le acusa de asesinato mediante estrangulamiento, su historia de más de 20 años en España comienza a mirarse con lupa.
La policía ha confirmado que una hija de Quezada murió en Burgos —su anterior lugar de residencia en España—, en 1996 de muerte accidental al caer por un balcón cuando tenía 4 años de edad.
La policía ha reabierto la investigación y está revisando esos datos. La ahora detenida tiene otra hija de 24 años que ingresó en un hospital de Burgos con una crisis de ansiedad.
Según algunos vecinos de la familia de Burgos para la que trabajaba, la niña cayó por una ventana.
«Aunque siempre pareció raro que hubiera podido hacerlo sola», aseguró un vecino a periodistas del diario El País, de España.
Ana Julia no fue sospechosa de un suceso que se cerró como una «muerte accidental», según las fuentes consultadas.
De hecho, estas fuentes no pudieron precisar siquiera si la mujer se encontraba en la vivienda cuando la niña falleció.
En el caso del niño Gabriel, Quezada despertó las sospechas de los investigadores casi desde el principio. Su testimonio era clave, ya que se encontraba junto a la abuela del pequeño, Carmen, cuando se le vio por última vez, camino de la casa de sus primos en Las Hortichuelas (Níjar), adonde nunca llegó.
La pareja del padre de Gabriel fue detenida cuando transportaba en el maletero de su coche el cuerpo del niño. La Guardia Civil, que la seguía de cerca, tiene documentado el momento en que ella sacó un bulto de un pozo situado en la finca la Cañada de la Soledad, en Rodalquilar, propiedad de la familia a la que ella tenía acceso.
En las primeras declaraciones ante los investigadores aseguró que no encontraba su teléfono móvil, que lo había perdido. Días más tarde fue hallado, supuestamente por unos amigos suyos, detrás de un arbusto. Cuando le volvieron a solicitar el teléfono, lo había vuelto a perder.
Al cuarto día de la desaparición del niño Gabriel, y participando activamente en la búsqueda del pequeño, fue precisamente ella —acompañada de su pareja y padre del niño, Ángel Cruz— la que encontró una camiseta interior del pequeño en el fondo del barranco de Las Águilas, junto a la depuradora de Las Negras. Ese hallazgo provocó un vuelco en la investigación y puso aún más el foco sobre ella.
En los días posteriores se mantuvo siempre cerca de la familia y de su pareja, mostrándose condolida por lo sucedido.
Hizo declaraciones a los medios de comunicación contando detalles del día de la desaparición. «Justamente ese día [el 27 de febrero] le habíamos dicho a Gabriel, a la hora del desayuno, que si veía a algún extraño corriera y, mira tú por dónde, justo hoy ha desaparecido», explicó a una cámara de televisión con el padre del niño al lado. Y, en otras, abrazaba efusivamente al padre y hablaba de cómo era el niño. «Él no se va con nadie que no conozca», afirmó.
Relaciones familiares malas
Pese a mostrar públicamente una buena relación con los familiares del niño, algunas fuentes aseguraron que su interlocución con la abuela del niño no era buena.
«Carmen no la tragaba, no le gustaba nada, y es una mujer de armas tomar, a ella no le gustaba que tuviera tanto control sobre su hijo», asegura una persona que las conoce a las dos. Por otra parte, respecto a su relación con Gabriel, ella siempre dijo que «era buena», pero fuentes de la familia aseguran que «era rara y distante».
Ana Julia Quezada vivió un largo tiempo en Las Negras con su anterior pareja, por lo que conocía bien toda la zona. Junto a él regentó un bar en esa pequeña pedanía costera, a tres kilómetros de Las Hortichuelas, antes de conocer a Ángel Cruz.
En el momento actual, según fuentes próximas a la investigación, no tenía trabajo y convivía con el padre de Gabriel en Puebla de Vícar, donde este domingo ha sido detenida. Su anterior pareja la describe como «una mujer de caprichos caros», según fuentes próximas a la investigación.
El móvil del suceso sigue siendo un misterio, a la espera de lo que declare ante la Guardia Civil y la justicia. Las hipótesis, ante un desenlace tan tremendo, son principalmente dos. Una emocional: que tuviera celos del niño y de la buena relación que hay entre el padre y Patricia Ramírez, la madre del niño. O económica: que pretendiera obtener algún tipo de beneficio económico pidiendo un rescate.
De hecho, en un primer momento, la familia ofreció 10.000 euros a cualquiera que pudiese aportar datos sobre el paradero de Gabriel.
Incluso, pese a la negativa de los investigadores —que advirtieron a la familia del riesgo de estas iniciativas porque pueden interferir en la investigación— llegaron a plantearse aumentar esa cifra en varias decenas de miles de euros. Fuentes próximas a la familia han asegurado que ella era una de las más partidarias de ofrecer una recompensa mayor.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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