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La Procuraduría asegura expediente caso Odebrecht aporta más de 1,700 pruebas

SANTO DOMINGO.-Luego de transcurrido un año de haber iniciado una exhaustiva investigación sobre los sobornos de Odebrecht, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó acusación y solicitó apertura a juicio el pasado jueves en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
Como resultado de ese arduo trabajo de investigación, dijo que estructuró un voluminoso expediente que relata en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido las siete personas encartadas, aportando 1,711 elementos probatorios obtenidos de manera legal.
En ese sentido, precisó que el expediente está acompañado de 1,368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios.
Mediante un comunicado de prensa, la PGR señala que encontró pruebas fehacientes y suficientes que vinculan a esos imputados con los US$92 millones de dólares en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.
Precisó que la acusación contra el grupo de imputados fue presentada ante al juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, por presuntamente incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, estableciéndose que dichos imputados no pueden justificar sus respectivos patrimonios.
Esas acciones ilícitas están descritas y son sancionadas por los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, y los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículo 3 letras A, B y C, artículo 4 y 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que el combate de la corrupción y la impunidad es uno de los temas centrales para la Procuraduría General de la República, y una muestra de ello es el esfuerzo y empeño para procesar judicialmente a los involucrados en los sobornos, sin importar las funciones públicas ejercidas, ni a qué partido pertenecen, ni su poder económico.
“El expediente contra los encartados del caso Odebrecht es el resultado de largos meses de trabajo y esfuerzo, que conllevó más de 130 mil horas de trabajo, todo ello, para cumplir con el compromiso que hemos asumido con la sociedad de procurar que todo el que resulte responsable de haber recibido soborno de la empresa brasileña, sea sancionado con todo el rigor de la ley”, dijo el jefe del Ministerio Público.
Afirmó que es un expediente completo y objetivo, preparado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, entre fiscales de carrera de larga trayectoria y otros profesionales, el cual explicó que está acompañado de pruebas irrefutables que espera sean acogidas para el envío a juicio de fondo de todos los imputados.
La Procuraduría destacó en el comunicado de prensa que en el transcurso del proceso fueron investigadas más de 400 personas y compañías, realizándose una minuciosa revisión de más 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación.
Asimismo, detalló que fueron investigados en los registros de títulos del país, más de 500 inmuebles registrados a nombre de todas esas personas y sociedades, con el objetivo de verificar la naturaleza real del patrimonio de cada uno.
La PGR dijo que fueron interrogados todos los titulares de las instituciones públicas que habían contratado con Odebrecht, personas que hacían 5, 10 y hasta 15 años atrás habían estampado sus firmas en los documentos, incluyendo ministros, ex ministros, senadores y diputados de diversos partidos.

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Faride Raful manda a ‘rodar’ a manipuladores mediáticos y a los defensores del caos

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lanzó un fuerte mensaje en su cuenta de X, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas durante el fin de semana de Semana Santa. Al mismo tiempo, mandó a «rodar» a aquellos que buscan «extorsión, caos o manipulación mediática».
En su publicación, Raful expresó su apoyo al esfuerzo de las autoridades que trabajaron durante estos días festivos y a los que aún están laborando, exhortando a la ciudadanía a respetar las señales viales.
«Favor retornar de manera prudente y segura (no tomen la marginal a menos que sea una emergencia…). Respeten las señales. Gracias al personal que laboró y que aún labora. Las puertas del Ministerio de Interior y Policía están abiertas para colaborar, denunciar excesos o para dialogar en favor del orden», escribió la ministra.
Sin embargo, en el mismo mensaje, Raful se refirió a los «manipuladores mediáticos», diciendo: «Para la extorsión, defensa del caos o manipulación mediática, no cuenten conmigo, rueden».
Hoy concluimos la Semana Santa comprometidos con la seguridad y el orden.
El Estado declara estos días feriados para conmemorar el sacrificio y la resurrección de Jesus. No para enaltecer el desorden y el ruido.
Trabajamos dentro del marco legal vigente, el mismo de años…
— Faride Raful (@FarideRaful) April 20, 2025
Feriado por Semana Santa
Raful también destacó el propósito detrás de los feriados de Semana Santa, señalando que estos días son una conmemoración del sacrificio y la resurrección de Jesús, no un espacio para fomentar el desorden o el ruido.
«Hoy concluimos la Semana Santa comprometidos con la seguridad y el orden», expresó.
«Para la extorsión, defensa del caos o manipulación mediática, no cuenten conmigo, rueden»
Faride Raful
Ministra de Interior y Policía
Asimismo, dijo que «el Estado declara estos días feriados para conmemorar el sacrificio y la resurrección de Jesús, no para enaltecer el desorden y el ruido. Trabajamos dentro del marco legal vigente, el mismo de años anteriores, para una sociedad más organizada, donde la libertad de uno no viole la de los demás».
Vía Diario Libre
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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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