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Cancelan y apresan directora Ministerio Juventud en Montecristi acusada de falsificar avales de combustibles
El ministerio de la Juventud canceló a Delglin Mireya Espinal Torres, directora provincial de esa institución en la provincia Montecristi, y que ha sido acusada de falsificaciones de avales de combustibles de la gobernación de esa demarcación.
La información fue confirmada al LISTIN por Lucivel Avila, directora de comunicaciones del ministerio, quien prometió más detalles del caso durante el transcurso del día.
Espinal Torres fue enviada ayer a prisión preventiva por tres meses por las supuestas falsificaciones, que incluyen la utilización de un sello de la gobernación y de la firma de Marcelino Cordero, gobernador de la provincia.
Tanto Espinal Torres como su pareja, Máximo Manuel Rosa, cumplirán la medida en la cárcel San Fernando de Montecristi.
La funcionaria había sido suspendida por 60 días en sus funciones con disfrute de sueldo cuando se presentó la acusación en su contra.
Las autorizaciones para consumo de combustible que supuestamente falsificaba la directora provincia iban desde los 4,800, 5,800 y 6,800 pesos diarios, según consta en la acusación presentada por la Fiscalía de Montecristi.
500 mil pesos en combustible entre mayo y junio por falsificaciones
El gobernador de la provincia de Montecristi dijo que se dio cuenta de la falsificación de autorizaciones para consumo de combustible de Delglin Mireya Espinal Torres, exdirectora provincial de la juventud, cuando llegó la notificación de supresión del crédito de parte de la empresa distribuidora.
Marcelino Cordero detalló que el promedio normal de consumo de combustible en la Gobernación era de RD$200,000 y por las falsificaciones llegó hasta RD$700,000 entre mayo y junio de este año, aspecto que hizo que este abriera una investigación que trajo como resultado la malversación y estafa de parte de Mireya Espinal Torres.
Respecto a la práctica de la exfuncionaria añadió que consistía en que las asignaciones no las cambiaban por combustible, sino por dinero y que el día en que las autoridades se enteraron de la malversación de recursos públicos hubo autorizaciones falsificadas por RD$18,000 que evidenciaron la participación de Mireya Espinal Torres y su pareja sentimental.
Cordero indicó que el empleado que despachaba la gasolina admitió que les cambiaba los tickets por dinero. Agregó que recibía 300 o 400 de propinas.
“Les hicieron allanamientos y la Fiscalía ahí consiguió algunas cosas que esclarecía su responsabilidad”, manifestó Cordero.
Espinal Torres era una dirigente juvenil del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Cordero explicó que Espinal Torres fue nombrada en ese cargo por el trabajo político que hizo con la juventud.
Además de que ella era una colaboradora de la Gobernación, antes de ser nombrada como directora provincial del Ministerio de la Juventud.
El martes la Oficina de Atención Permanente de Montecristi le dictó a Espinal Torres y a su pareja, Máximo Manuel Rosa, tres meses de prisión preventiva por la acusación de falsificación de autorizaciones para combustible.
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Alcaldía DN se desliga del desmonte de tarima en la Plaza de la Bandera; dice no tiene jurisdicción en ese lugar
La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) aclaró este sábado que no posee jurisdicción sobre la Plaza de la Bandera, por lo que se desligó del desmonte´de la tarima que ejecutaron agentes policiales y que serviría como tribuna a los manifestantes de la Antigua Orden Dominicana, quienes realizan allí un acto contra la invasión masiva de ilegales haitianos en República Dominicana.
De esta manera la alcaldía desmiente a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien tras la indiganción de ciudadanos por la acción dijo en su cuenta de X que el desnmonte de esta tarima se debió a que los organizadores de la manifestación no contaban con un permiso del cabildo.
De hecho, la misma Raful rectificó en otro mensaje en X (antiguo Twitter), que se debía solicitar un permiso a las Fuerzas Armadas para montar tarimas en la Plaza de la Bandera, lo que desliga a la Alcaldía del Distrito Nacional en este tems.
COMUNICADO DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL
La Alcaldía del Distrito Nacional informa a la opinión pública nacional que la Plaza de la Bandera es un espacio público custodiado por el Ministerio de Defensa, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 194-08 que le otorga la administración, seguridad y mantenimiento del señalado espacio.
En tal sentido, la Alcaldía del Distrito Nacional no posee facultad de otorgar permisos sobre ese y otros espacios públicos que se encuentran bajo jurisdicción de organismos castrenses debido a su importancia estratégica para la seguridad nacional.
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Faride ordena suspensión del desmonte de la tarima en manifestación de Antigua Orden Dominicana
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este sábado que instruyó la suspensión del desmonte de la tarima erigida en la Plaza de la Bandera, donde el grupo conocido como la “Antigua Orden Dominicana” convocó una manifestación.
La funcionaria explicó, en una publicación en su cuenta de X, que agentes de la Policía Nacional iniciaron el desmonte de la tarima porque esta supuestamente no contaba con las autorizaciones de lugar, emitidas por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).
“Estando fuera del país, he sido informada que miembros de la PN, cumpliendo su deber, procedieron al desmonte de una tarima que no contaba con la debida autorización del ADN. He instruido a suspender el desmonte, a los fines de preservar el clima de paz de los manifestantes reunidos en la Plaza de la Bandera”, leía el mensaje de Raful.
Sin embargo, el director de comunicaciones del ADN negó rotundamente que el cabildo tuviera que ver con el desmontre de la tarima, pues no tiene jurisdicción sobre la Plaza de la Bandera para exigir algún permiso por su uso.
De hecho la misma Faride Raful rectificó en otro mensaje en X (antiguo Twitter), que se debía solicitar un permiso a las Fuerzas Armadas para montar tarimas en la Plaza de la Bandera.
En el transcurso de la semana el Ministerio de Interior y Policía emitió un comunicado afirmando que le concedieron la “objeción” para el uso de vías públicas por dos horas, el tiempo estándar cedido para este tipo de actividades.
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