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Se dispara el número de venezolanos no admitidos en suelo dominicano

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SANTO DOMINGO. Desde el año pasado la cantidad de venezolanos no admitidos en territorio dominicano se disparó. Cuando entre 2014 y 2016 fueron apenas 124, solo en 2017 y la primera quincena de julio del presente año sumaron 1,592.

Desde 2014 se incrementó la llegada anual de venezolanos a la República Dominicana buscando mejores condiciones de vida a causa de la crisis política y económica en su país, gobernado por Nicolás Maduro, que incluye una elevada inflación y escasez de medicamentos.

Estadísticas suministradas por la Dirección General de Migración, a solicitud de Diario Libre, reportan que desde que comenzó la ola migratoria, las deportaciones de venezolanos son menos que las no admisiones: 216 desde 2014 hasta mayo de 2018.

El artículo 25 del Reglamento de Migración manda a que cuando la autoridad migratoria compruebe la existencia de una de las causas de no admisión contempladas en la Ley General de Migración, procederá en consecuencia a retornar al extranjero al país de procedencia en el mismo medio de transporte en que arribó.

El artículo 15 de la Ley establece que un extranjero no será admitido en el territorio dominicano cuando padezca una enfermedad mental que altere su conducta u otra infecto-contagiosa o transmisible que pueda significar un riesgo para la salud pública; se lucre con la trata y tráfico de personas o drogas; carezca de un medio de vida lícito; pese sobre él algún delito o antecedentes penales; integre alguna organización terrorista o haya sido objeto de deportación o expulsión y no cuente con autorización de reingreso, y quienes tengan expresamente prohibida la entrada al país, de acuerdo a órdenes de las autoridades.

“En el avión donde viajamos iban tres chicas llorando porque las devolvieron en ese mismo avión en el que llegaron, solo les quitaron la tasa de entrada (…); muchos toman prestado para esa aventura y lo pierden todo”, contó a Diario Libre una venezolana que abordó un avión el pasado 13 de julio para marcharse desde la República Dominicana hacia Perú.

“En el caso de los que llegan esa es una cuestión aleatoria”, dijo Ana Rodríguez, representante de la Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana. “Si entras dentro del grupo aleatorio que tiene que regresar para Venezuela, lo regresan, si logras convencer de que vienes al país nada más como turista, a pasar unos días de vacaciones, y traes el dinero adecuado y todo lo que te piden ellos, si los convences, puede que entres, si no igual te regresan a tu país de origen”.

La población venezolana en la República Dominicana creció aceleradamente en pocos años. Para la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012) se contaron 3,434 y para la segunda (la ENI-2017) 25,872. La Asociación estima que la mayoría tiene un estatus migratorio irregular.

La venezolana que se marchó del país es una profesional de la Educación que había sido entrevistada por este periódico para una serie de reportajes sobre la migración venezolana publicados en febrero del presente año. Migró con su hijo en agosto de 2017 a la República Dominicana (su esposo lo hizo en septiembre) y para conseguir dinero extra salían a vender yogur y bizcocho por un barrio de Santo Domingo Este.

A pesar de que se estabilizaron, la dificultad para regularizarse y el temor de que un día los detuvieran oficiales de Migración por no tener documentos legales de residencia, los motivó a decidir emigrar a Perú, donde las normativas migratorias son más flexibles.

“Elegimos Perú por ser un país que les abrió ampliamente las puertas a los venezolanos; el Gobierno peruano les está dando amplias opciones de legalizaciones, nuestros títulos los avalan sin necesidad de apostilla, exigen trato laboral y beneficios igual que a los peruanos”, dijo la migrante cuyo nombre se omite.

El Gobierno de Perú amplió hasta el 30 de junio de 2019 el plazo para que los venezolanos que ingresen a ese país hasta el 31 de diciembre del presente año puedan solicitar un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les permite trabajar formalmente. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones peruana, al mes pasado había más de 353,000 venezolanos en esa nación y solo 55,000 tenían el PTP.

“Lo que más me afectó fue el someter a mi hijo (de tres años) otra vez a los cambios”, expresó la extranjera. Cuando conversó por teléfono con Diario Libre estaba en Venezuela, donde pasaba unos días con su familia antes de partir a Perú en un viaje por tierra que le tomará una semana.

Ella conoce a al menos 15 venezolanos que decidieron marcharse de la República Dominicana por no poder regularizar su estatus migratorio, pues para llegar a tramitar una residencia, primero hay que pedir una visa y regresar a su país de origen para iniciar el proceso en el consulado dominicano, y presentar documentos cuya obtención puede demorar meses por la burocracia.

Una tercera opción para regularizarse
Debido a las políticas migratorias locales, representantes de la diáspora han solicitado al Gobierno dominicano un tratamiento especial para los venezolanos, amparándose en razones humanitarias y de seguridad personal, pero esto no ha ocurrido.

La Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana ha solicitado formalmente que el Gobierno otorgue medidas especiales para que sus nacionales con estatus migratorio irregular puedan lograr una residencia legal. Se ha propuesto otorgar por la vía excepcional, conforme a lo indicado en el artículo 35, acápite 8 de la Ley General de Migración, la residencia temporal; o que el presidente Danilo Medina decrete una visa humanitaria.

El acápite 8 del citado artículo de la Ley dice que son admitidos como Residentes Temporales los extranjeros que fueren excepcionalmente autorizados por el Director General de Migración, valorando para ello la actividad a desarrollar y el provecho que esta pueda generar para el país.

Lea también: Los cerebros fugados de Venezuela que llegaron a trabajar en lo que sea

Rodríguez informó que se reunió con cuatro legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con quienes se elaboró una resolución que plantea una tercera alternativa, pero se reservó explicar en qué consiste antes de que se presente.

“El venezolano tiene mucho temor de andar en las calles porque sabe que está expuesto a la deportación (…); eso es lo que estoy escuchando últimamente”, dijo.

En junio pasado, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, al referirse a la migración humanitaria de venezolanos, declaró a este periódico que se deben aplicar los controles migratorios para todos por igual.

“No pierdo las esperanzas de que el gobierno actual nos abra las puertas aquí en República Dominicana”, expresó Rodríguez.

FUENTE: Diario Libre

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Intrant retira muro en el Malecón ante rechazo de conductores

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Luego de múltiples publicaciones en redes sociales cuestionando la instalación de un muro para reducir la velocidad en el Malecón de Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició esta noche el retiro de dicha barrera.

Los usuarios de esta vía expresaron su descontento, alegando que la estructura representaba un riesgo y generaba dificultades en el tránsito.

Las quejas se viralizaron rápidamente, presionando a la institución a actuar.

Se reemplazará por una versión más baja
Informaciones extraoficiales indican que el Intrant instalará un muro más pequeño y menos obstructivo.

Hasta el momento, la entidad no ha emitido un comunicado oficial explicando la decisión.

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Dictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora

La coordinadora general queda en libertad pura y simple; Ministerio Público apelará

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La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.

Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.

“Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido”, explicó.

No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho
Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.

“Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso”, dijo Fermín.

El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.

“Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido”, expresó.

Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.

La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución “no está conforme con la decisión” y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.

“Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente”, declaró.

Vía Diario Libre

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