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Se dispara el número de venezolanos no admitidos en suelo dominicano

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SANTO DOMINGO. Desde el año pasado la cantidad de venezolanos no admitidos en territorio dominicano se disparó. Cuando entre 2014 y 2016 fueron apenas 124, solo en 2017 y la primera quincena de julio del presente año sumaron 1,592.

Desde 2014 se incrementó la llegada anual de venezolanos a la República Dominicana buscando mejores condiciones de vida a causa de la crisis política y económica en su país, gobernado por Nicolás Maduro, que incluye una elevada inflación y escasez de medicamentos.

Estadísticas suministradas por la Dirección General de Migración, a solicitud de Diario Libre, reportan que desde que comenzó la ola migratoria, las deportaciones de venezolanos son menos que las no admisiones: 216 desde 2014 hasta mayo de 2018.

El artículo 25 del Reglamento de Migración manda a que cuando la autoridad migratoria compruebe la existencia de una de las causas de no admisión contempladas en la Ley General de Migración, procederá en consecuencia a retornar al extranjero al país de procedencia en el mismo medio de transporte en que arribó.

El artículo 15 de la Ley establece que un extranjero no será admitido en el territorio dominicano cuando padezca una enfermedad mental que altere su conducta u otra infecto-contagiosa o transmisible que pueda significar un riesgo para la salud pública; se lucre con la trata y tráfico de personas o drogas; carezca de un medio de vida lícito; pese sobre él algún delito o antecedentes penales; integre alguna organización terrorista o haya sido objeto de deportación o expulsión y no cuente con autorización de reingreso, y quienes tengan expresamente prohibida la entrada al país, de acuerdo a órdenes de las autoridades.

“En el avión donde viajamos iban tres chicas llorando porque las devolvieron en ese mismo avión en el que llegaron, solo les quitaron la tasa de entrada (…); muchos toman prestado para esa aventura y lo pierden todo”, contó a Diario Libre una venezolana que abordó un avión el pasado 13 de julio para marcharse desde la República Dominicana hacia Perú.

“En el caso de los que llegan esa es una cuestión aleatoria”, dijo Ana Rodríguez, representante de la Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana. “Si entras dentro del grupo aleatorio que tiene que regresar para Venezuela, lo regresan, si logras convencer de que vienes al país nada más como turista, a pasar unos días de vacaciones, y traes el dinero adecuado y todo lo que te piden ellos, si los convences, puede que entres, si no igual te regresan a tu país de origen”.

La población venezolana en la República Dominicana creció aceleradamente en pocos años. Para la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012) se contaron 3,434 y para la segunda (la ENI-2017) 25,872. La Asociación estima que la mayoría tiene un estatus migratorio irregular.

La venezolana que se marchó del país es una profesional de la Educación que había sido entrevistada por este periódico para una serie de reportajes sobre la migración venezolana publicados en febrero del presente año. Migró con su hijo en agosto de 2017 a la República Dominicana (su esposo lo hizo en septiembre) y para conseguir dinero extra salían a vender yogur y bizcocho por un barrio de Santo Domingo Este.

A pesar de que se estabilizaron, la dificultad para regularizarse y el temor de que un día los detuvieran oficiales de Migración por no tener documentos legales de residencia, los motivó a decidir emigrar a Perú, donde las normativas migratorias son más flexibles.

“Elegimos Perú por ser un país que les abrió ampliamente las puertas a los venezolanos; el Gobierno peruano les está dando amplias opciones de legalizaciones, nuestros títulos los avalan sin necesidad de apostilla, exigen trato laboral y beneficios igual que a los peruanos”, dijo la migrante cuyo nombre se omite.

El Gobierno de Perú amplió hasta el 30 de junio de 2019 el plazo para que los venezolanos que ingresen a ese país hasta el 31 de diciembre del presente año puedan solicitar un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les permite trabajar formalmente. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones peruana, al mes pasado había más de 353,000 venezolanos en esa nación y solo 55,000 tenían el PTP.

“Lo que más me afectó fue el someter a mi hijo (de tres años) otra vez a los cambios”, expresó la extranjera. Cuando conversó por teléfono con Diario Libre estaba en Venezuela, donde pasaba unos días con su familia antes de partir a Perú en un viaje por tierra que le tomará una semana.

Ella conoce a al menos 15 venezolanos que decidieron marcharse de la República Dominicana por no poder regularizar su estatus migratorio, pues para llegar a tramitar una residencia, primero hay que pedir una visa y regresar a su país de origen para iniciar el proceso en el consulado dominicano, y presentar documentos cuya obtención puede demorar meses por la burocracia.

Una tercera opción para regularizarse
Debido a las políticas migratorias locales, representantes de la diáspora han solicitado al Gobierno dominicano un tratamiento especial para los venezolanos, amparándose en razones humanitarias y de seguridad personal, pero esto no ha ocurrido.

La Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana ha solicitado formalmente que el Gobierno otorgue medidas especiales para que sus nacionales con estatus migratorio irregular puedan lograr una residencia legal. Se ha propuesto otorgar por la vía excepcional, conforme a lo indicado en el artículo 35, acápite 8 de la Ley General de Migración, la residencia temporal; o que el presidente Danilo Medina decrete una visa humanitaria.

El acápite 8 del citado artículo de la Ley dice que son admitidos como Residentes Temporales los extranjeros que fueren excepcionalmente autorizados por el Director General de Migración, valorando para ello la actividad a desarrollar y el provecho que esta pueda generar para el país.

Lea también: Los cerebros fugados de Venezuela que llegaron a trabajar en lo que sea

Rodríguez informó que se reunió con cuatro legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con quienes se elaboró una resolución que plantea una tercera alternativa, pero se reservó explicar en qué consiste antes de que se presente.

“El venezolano tiene mucho temor de andar en las calles porque sabe que está expuesto a la deportación (…); eso es lo que estoy escuchando últimamente”, dijo.

En junio pasado, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, al referirse a la migración humanitaria de venezolanos, declaró a este periódico que se deben aplicar los controles migratorios para todos por igual.

“No pierdo las esperanzas de que el gobierno actual nos abra las puertas aquí en República Dominicana”, expresó Rodríguez.

FUENTE: Diario Libre

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Desalojan vendedores de la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un desalojo la mañana de este jueves a vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

En el lugar hay varias maquinarias y personal de la institución en las labores de remoción de los comercios ambulantes ubicados en las aceras y avenida.

El desalojo, según las autoridades, se debe a la remodelación del lugar y los vendedores habían sido notificados con antelación.

Asimismo, según informó Salutiano Pichardo, abogado del departamento de avalúo, de los 24 vendedores del área solo faltan 4 por el pago de la indemnización.

Sin embargo, en el lugar aquellos que sostienen que no han recibido la indemnización y que tampoco les han brindado información sobre esta se mantienen en el lugar esperando respuestas.

«Llegaron, nos rompieron las mesas y no nos dan respuestas», manifestó Ramón Ortega, quien tenía un puesto de venta de accesorios telefónicos en la parada.

Al igual que Ortega, los demás vendedores arrastran las mesas que hasta el momento del desalojo utilizaban para sus negocios para evitar que los agentes se las retengan.

En este lugar funciona una parada de autobuses que tienen como destino la región norte del país y es donde el Gobierno ejecuta un plan de ampliación de vías para facilitar el ingreso y a la salida a la capital dominicana.

Vía Listín Diario

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Minerd: 32 profesores fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual en el año escolar 2023-2024

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) desvinculó a ocho docentes y mantiene a 24 suspendidos «por acoso sexual» en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024, conforme a reporte de esta entidad emitido este domingo.

Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con y en Santiago, Regional 08, con 4.

Los nombres de los profesores no fueron suministrados por Educación.

De acuerdo a una nota de prensa del Minerd, de los 32 docentes separados de las escuelas públicas por acoso sexual, «ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación. Actualmente, hay seis profesores sometidos a la acción de la justicia».

El Minerd dijo que esta medida es parte de su compromiso fundamental de propiciar un entorno seguro para los estudiantes y sancionar las acciones indebidas en la comunidad educativa.

Las desvinculaciones y suspensiones se produjeron luego de que el Minerd comprobara que los maestros transgredieron el Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del Sistema de Educación Preuniversitario», refiere el documento.

Violaron Código de Ética
Aprobado a través de la Orden Departamental No. 13-2023, el Código de Ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.

Las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08 numerales 4,14,17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de actos constituye una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.

«Otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, respectivamente», estableció el Minerd.

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