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Se dispara el número de venezolanos no admitidos en suelo dominicano
SANTO DOMINGO. Desde el año pasado la cantidad de venezolanos no admitidos en territorio dominicano se disparó. Cuando entre 2014 y 2016 fueron apenas 124, solo en 2017 y la primera quincena de julio del presente año sumaron 1,592.
Desde 2014 se incrementó la llegada anual de venezolanos a la República Dominicana buscando mejores condiciones de vida a causa de la crisis política y económica en su país, gobernado por Nicolás Maduro, que incluye una elevada inflación y escasez de medicamentos.
Estadísticas suministradas por la Dirección General de Migración, a solicitud de Diario Libre, reportan que desde que comenzó la ola migratoria, las deportaciones de venezolanos son menos que las no admisiones: 216 desde 2014 hasta mayo de 2018.

El artículo 25 del Reglamento de Migración manda a que cuando la autoridad migratoria compruebe la existencia de una de las causas de no admisión contempladas en la Ley General de Migración, procederá en consecuencia a retornar al extranjero al país de procedencia en el mismo medio de transporte en que arribó.
El artículo 15 de la Ley establece que un extranjero no será admitido en el territorio dominicano cuando padezca una enfermedad mental que altere su conducta u otra infecto-contagiosa o transmisible que pueda significar un riesgo para la salud pública; se lucre con la trata y tráfico de personas o drogas; carezca de un medio de vida lícito; pese sobre él algún delito o antecedentes penales; integre alguna organización terrorista o haya sido objeto de deportación o expulsión y no cuente con autorización de reingreso, y quienes tengan expresamente prohibida la entrada al país, de acuerdo a órdenes de las autoridades.
“En el avión donde viajamos iban tres chicas llorando porque las devolvieron en ese mismo avión en el que llegaron, solo les quitaron la tasa de entrada (…); muchos toman prestado para esa aventura y lo pierden todo”, contó a Diario Libre una venezolana que abordó un avión el pasado 13 de julio para marcharse desde la República Dominicana hacia Perú.
“En el caso de los que llegan esa es una cuestión aleatoria”, dijo Ana Rodríguez, representante de la Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana. “Si entras dentro del grupo aleatorio que tiene que regresar para Venezuela, lo regresan, si logras convencer de que vienes al país nada más como turista, a pasar unos días de vacaciones, y traes el dinero adecuado y todo lo que te piden ellos, si los convences, puede que entres, si no igual te regresan a tu país de origen”.
La población venezolana en la República Dominicana creció aceleradamente en pocos años. Para la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012) se contaron 3,434 y para la segunda (la ENI-2017) 25,872. La Asociación estima que la mayoría tiene un estatus migratorio irregular.
La venezolana que se marchó del país es una profesional de la Educación que había sido entrevistada por este periódico para una serie de reportajes sobre la migración venezolana publicados en febrero del presente año. Migró con su hijo en agosto de 2017 a la República Dominicana (su esposo lo hizo en septiembre) y para conseguir dinero extra salían a vender yogur y bizcocho por un barrio de Santo Domingo Este.
A pesar de que se estabilizaron, la dificultad para regularizarse y el temor de que un día los detuvieran oficiales de Migración por no tener documentos legales de residencia, los motivó a decidir emigrar a Perú, donde las normativas migratorias son más flexibles.
“Elegimos Perú por ser un país que les abrió ampliamente las puertas a los venezolanos; el Gobierno peruano les está dando amplias opciones de legalizaciones, nuestros títulos los avalan sin necesidad de apostilla, exigen trato laboral y beneficios igual que a los peruanos”, dijo la migrante cuyo nombre se omite.
El Gobierno de Perú amplió hasta el 30 de junio de 2019 el plazo para que los venezolanos que ingresen a ese país hasta el 31 de diciembre del presente año puedan solicitar un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les permite trabajar formalmente. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones peruana, al mes pasado había más de 353,000 venezolanos en esa nación y solo 55,000 tenían el PTP.
“Lo que más me afectó fue el someter a mi hijo (de tres años) otra vez a los cambios”, expresó la extranjera. Cuando conversó por teléfono con Diario Libre estaba en Venezuela, donde pasaba unos días con su familia antes de partir a Perú en un viaje por tierra que le tomará una semana.
Ella conoce a al menos 15 venezolanos que decidieron marcharse de la República Dominicana por no poder regularizar su estatus migratorio, pues para llegar a tramitar una residencia, primero hay que pedir una visa y regresar a su país de origen para iniciar el proceso en el consulado dominicano, y presentar documentos cuya obtención puede demorar meses por la burocracia.
Una tercera opción para regularizarse
Debido a las políticas migratorias locales, representantes de la diáspora han solicitado al Gobierno dominicano un tratamiento especial para los venezolanos, amparándose en razones humanitarias y de seguridad personal, pero esto no ha ocurrido.
La Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana ha solicitado formalmente que el Gobierno otorgue medidas especiales para que sus nacionales con estatus migratorio irregular puedan lograr una residencia legal. Se ha propuesto otorgar por la vía excepcional, conforme a lo indicado en el artículo 35, acápite 8 de la Ley General de Migración, la residencia temporal; o que el presidente Danilo Medina decrete una visa humanitaria.
El acápite 8 del citado artículo de la Ley dice que son admitidos como Residentes Temporales los extranjeros que fueren excepcionalmente autorizados por el Director General de Migración, valorando para ello la actividad a desarrollar y el provecho que esta pueda generar para el país.
Lea también: Los cerebros fugados de Venezuela que llegaron a trabajar en lo que sea
Rodríguez informó que se reunió con cuatro legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con quienes se elaboró una resolución que plantea una tercera alternativa, pero se reservó explicar en qué consiste antes de que se presente.
“El venezolano tiene mucho temor de andar en las calles porque sabe que está expuesto a la deportación (…); eso es lo que estoy escuchando últimamente”, dijo.
En junio pasado, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, al referirse a la migración humanitaria de venezolanos, declaró a este periódico que se deben aplicar los controles migratorios para todos por igual.
“No pierdo las esperanzas de que el gobierno actual nos abra las puertas aquí en República Dominicana”, expresó Rodríguez.
FUENTE: Diario Libre
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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