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Procuraduría allana en Sosúa y Cabarete 10 centros por proxenetismo; cierra dos

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PUERTO PLATA.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dirigió este fin de semana un amplio operativo en las localidades de Sosúa y Cabarete, que incluyó diez allanamientos a centros vinculados al proxenetismo.

En ese sentido, se informó que en una labor conjunta de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y miembros del Ejército de la República Dominicana, se realizaron allanamientos simultáneos a los centros con indicios de trata de personas y proxenetismo, durante el cual cerraron dos centros de significativa práctica de proxenetismo además de rescatar 70 mujeres dominicanas, y apresada, entre otros, una pareja de esposos propietarios de dichos establecimientos, quienes serán sometidos en las próximas horas a la acción de la justicia.

Al ofrecer los detalles de la operación mediante un comunicado de prensa, detalló que los negocios clausurados son Restaurante Bar Pica Flor y Bar Restaurante Barrio Latino, localizados en los municipios de Sosúa y Cabarete de esta provincia, propiedad de la pareja arrestada, Elvis Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y Arisleida Pérez Vásquez.

La institución detalló que los operativos fueron realizados de forma sorpresa y simultánea, atendiendo a demandas de la sociedad, expuestas directamente al procurador Jean Rodríguez en los encuentros comunitarios que ha desarrollado a nivel nacional y múltiples denuncias, donde los ciudadanos han identificado el proxenetismo, la prostitución y la trata de personas dentro de los delitos que más les afectan.

“Esta problemática social del proxenetismo que afecta a la comunidad de Puerto Plata, constituye un tema de gran preocupación para toda la sociedad y para nosotros como autoridades, porque sus hijas y sus mujeres se vuelven vulnerables ante personas desaprensivas que se lucran explotando nuestra gente, afectando la integridad de las víctimas y la imagen de la provincia y el país, así como sectores tan importantes como el turismo, por lo que hemos declarado tolerancia cero contra ese delito y hemos instruido a los fiscales que actúen con toda la drasticidad que permitan las leyes en estos casos”, manifestó.

La institución destacó que la acción se enmarca dentro del plan trazado por el procurador Jean Rodríguez para combatir con acciones puntuales esos graves delitos de la criminalidad organizada, destacando que la presente gestión ha puesto especial atención a este tema, dando instrucciones precisas al Ministerio Público de todo el país para reforzar las labores de prevención y persecución de esos delitos y que sean sometidos a la justicia, todos los implicados.

Respecto a la pareja apresada, el Ministerio Público informó que tienen amplias evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia de investigación e inteligencia previa ordenada desde hace unos cuatro meses y que solicitará en el plazo establecido de 48 horas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, la imposición de un año de prisión preventiva como medidas de coerción, por la presunta violación de los artículos 334, 334.1, ordinales 3ero. 6to. y 9no. del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 66 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Detalló que durante los operativos además fueron apresados para fines de investigación varios empleados adicionales que se encontraban en los establecimientos allanados.

Con relación al imputado Elvis Henríquez Beatón, explicó que su apresamiento se produjo durante un allanamiento en el Restaurante Bar Pica Flor, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00377, emitida por los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Durante el allanamiento, además del arresto de Henríquez Beatón, fueron rescatadas 70 mujeres que estaban siendo objeto de proxenetismo agravado, tres vehículos, un arma de fuego, la suma aproximada de RD$112,801.85 pesos y alrededor de US$2,650.61 dólares americanos, varios equipos electrónicos, además de facturas del cobro de las salidas de las jóvenes.

En tanto que Arisleida Pérez Vásquez fue apresada durante un allanamiento a una villa donde reside la pareja, en el municipio de Sosúa, el cual se llevó a cabo mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378, emitida por dicho juzgado, incautándose también en dicho lugar la suma aproximada de RD$327,800.00 pesos y alrededor de US$13,948 dólares estadounidenses, entre otras evidencias relacionadas al caso.

De igual manera, en el Bar Restaurante Barrio Latino, allanado mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00379, fueron retenidas motocicletas y documentos referentes a una empresa de rentar vehículos vinculada a caso.

Estrategias institucionales coordinadas contra los delitos
La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República explicó que los integrantes de las referidas instituciones allanaron varios negocios en la zona tras obtener información durante el proceso de investigación de que presuntamente en dichos centros se estaban dedicando a la trata de personas y al proxenetismo.

Durante las pesquisas, señala el órgano investigativo, fueron recolectadas diferentes pruebas que permitieron confirmar los graves hechos denunciados y que dieron al traste con la clausura de los negocios y el apresamiento de sus propietarios.

Las autoridades precisaron que parte de las víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger sus identidades, fueron llevadas a un centro de protección habilitado para esos fines, con el objetivo de ofrecerle las atenciones necesarias y salvaguardar su integridad física.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Julissa Reynoso, la dominicana que será la jefa del gabinete de la primera dama de EEUU

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Julissa Reynoso. FOTO CHADBOURNE & PARKE

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hace unos días la creación del Consejo de Política de Género en la Casa Blanca, entre ellos está la dominicana Julissa Reynoso Pantaleón, exdiplomática de carrera, de 45 años y actual vicedirectora del Comité de Finanzas del Partido Demócrata.

Ella será la Chieff of Staff de Jill Biden, la esposa del presidente y Primera Dama de los Estados Unidos.

Reynoso tiene una trayectoria larga en la política norteamericana, habiendo ingresado a la Casa Blanca como subsecretaria de Estado bajo la administración de Barack Obama y siendo designada como embajadora de los Estados Unidos en el Uruguay.

El objetivo del consejo es trabajar por la igualdad de las mujeres y avanzar hacia la «plena inclusión» de estas en la economía y sociedad estadounidenses.

En un comunicado, el equipo de transición de Biden ha detallado que el consejo, creado específicamente para «guiar y coordinar las políticas gubernamentales que impactan en mujeres y niñas»,.

Anteriormente, se desempeñó como Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Julissa Reynoso nació en Salcedo, República Dominicana y emigró a los Estados Unidos en 1982 a los 7 años de edad. Su juventud transcurrió viviendo en el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York.

Se graduó de la secundaria Aquinas en el Bronx con las mejores calificaciones de su generación.

Luego fue admitida en la Universidad de Harvard, donde ayudó a fundar varios grupos estudiantiles y participó activamente del Instituto de Política de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.

Posterior a su graduación en la Universidad de Harvard en 1997, obtuvo una Maestría en Filosofía de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) en 1998 antes de inscribirse en la Facultad de Derecho de Columbia, de donde obtuvo su título de abogada en 2001.

Luego de terminar la Facultad de Derecho trabajó para la Honorable Jueza Federal Laura Taylor Swain.

En 2006, fue Directora Adjunta de la Oficina de Rendición de Cuentas del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York.

En 2008 tuvo una participación activa en la campaña de la exsenadora Hillary Rodham Clinton.

Antes de incorporarse a la administración Obama, ejerció la abogacía en el estudio jurídico internacional de Simpson Thacher & Bartlett LLP en Nueva York.

También fue especialista legal en el Instituto de Integridad de Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

En 2009 se unió al equipo de la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton como Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Mientras ocupó el cargo, estuvo a cargo de desarrollar e implementar una estrategia integral de seguridad y estado de derecho para América Central y el Caribe.

En octubre de 2011, el presidente Barack Obama anunció su intención de nominar a Reynoso como Embajadora de los Estados Unidos de América en la República Oriental del Uruguay. La nominación requería la aprobación del Senado de los Estados Unidos.

El 30 de marzo de 2012 el Senado de los Estados Unidos confirmó la nominación como Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos de América en la República Oriental del Uruguay, convirtiéndose en la Embajadora más joven de los Estados Unidos.

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Vocero de Abel Martínez presenta permisos de armas incautadas en casa política del alcalde

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El comunicador y abogado Fernando Ramírez, vocero de Abel Martínez, mostró documentos que autorizan la posesión de seis de las armas que el Ministerio Público se incautó de la casa política del alcalde de Santiago durante un allanamiento.

En una visita al periódico Diario Libre, Ramírez indicó que las armas, una escopeta Maverick y una pistola Carandai, las posee el alcalde “con sus licencias permanentes” otorgadas por el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Defensa.

Las otras cuatro, incluido un fusil M-16, pertenecen a los militares que son partes de la seguridad de la alcaldía de Santiago.

En el caso del fusil M16 dijo que este fue asignado al teniente coronel Lowell Cuecas Nin hace diez años cuando ostentaba el rango de capitán.

Sobre las dos armas que están asignadas a Abel Martínez, las cuales se han mantenido en caja fuerte, “sin nunca habérsele dado uso y según consta en los registros del Ministerio de Interior y Policía, es una escopeta marca Maverick, calibre 12″.

Afirma que, aunque se dijo que esa escopeta también fue retenida por los representantes del Ministerio Público, esta no fue incautada.

“Dos armas más que fueron retenidas ilegalmente por el fiscal tienen el permiso de Abel Martínez Durán dado por el Ministerio de Interior y Policía, una escopeta marca Maverick, calibre 12, la cual cuenta con su licencia permanente a nombre también de Abel Martínez, y hay una pistola marca Carandaí que es propiedad del Ministerio de las Fuerzas Armadas asignada en su condición de diputado de la República al alcalde Abel Martínez”, afirmó.

Las armas fueron incautadas el pasado viernes cuando la residencia fue allanada en buscaba de dos personas que se vinculó hace varios años al narcotráfico.

El vocero de Abel Martínez acusó al fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, de practicar el allanamiento de manera irregular. Recordó que corresponde al procurador de la Corte de Apelación llevar los procesos en contra de los alcaldes.

Ignoran intención del Ministerio Público
El abogado Fernando Ramírez aseveró que no saben a “ciencia cierta” las intenciones del Ministerio Público contra el alcalde de Santiago.

No obstante, considera que es una intención de hacer un daño a las aspiraciones políticas de Abel Martínez que, según, afirma, será el próximo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Informó que el abogado Félix Portes ya empezó a formalizar el pasado lunes una querella disciplinaria ante la Inspectoría del Ministerio Público en contra del fiscal de Santiago y otros que lo acompañaron, para que estos sean suspendidos de sus funciones.

La asignación de algunas las armas
Ramírez sostuvo que una de las armas incautadas es una pistola marca HI- Power, calibre 9 mm, No.397518, asignada para uso oficial al sargento Ángel María Rosario Pérez, del Ejército, según consta en el documento emitido por la Intendencia de Armas del Ministerio de Interior y Policía.

Mientras que una pistola de la marca CZ calibre 9mm, No. K8512 propiedad del Ministerio de Interior y Policía, está a cargo del sargento Jelinzo Manuel Mora Guzmán, ERD, que, de acuerdo al documento, es para uso oficial del mencionado militar.

En tanto que la otra arma, es una pistola marca Carandai, 9 mm, No. G14161 propiedad del Ministerio de las Fuerzas Armadas, le fue asignada en su condición de diputado de la República.

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