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Procuraduría allana en Sosúa y Cabarete 10 centros por proxenetismo; cierra dos

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PUERTO PLATA.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dirigió este fin de semana un amplio operativo en las localidades de Sosúa y Cabarete, que incluyó diez allanamientos a centros vinculados al proxenetismo.

En ese sentido, se informó que en una labor conjunta de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y miembros del Ejército de la República Dominicana, se realizaron allanamientos simultáneos a los centros con indicios de trata de personas y proxenetismo, durante el cual cerraron dos centros de significativa práctica de proxenetismo además de rescatar 70 mujeres dominicanas, y apresada, entre otros, una pareja de esposos propietarios de dichos establecimientos, quienes serán sometidos en las próximas horas a la acción de la justicia.

Al ofrecer los detalles de la operación mediante un comunicado de prensa, detalló que los negocios clausurados son Restaurante Bar Pica Flor y Bar Restaurante Barrio Latino, localizados en los municipios de Sosúa y Cabarete de esta provincia, propiedad de la pareja arrestada, Elvis Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y Arisleida Pérez Vásquez.

La institución detalló que los operativos fueron realizados de forma sorpresa y simultánea, atendiendo a demandas de la sociedad, expuestas directamente al procurador Jean Rodríguez en los encuentros comunitarios que ha desarrollado a nivel nacional y múltiples denuncias, donde los ciudadanos han identificado el proxenetismo, la prostitución y la trata de personas dentro de los delitos que más les afectan.

“Esta problemática social del proxenetismo que afecta a la comunidad de Puerto Plata, constituye un tema de gran preocupación para toda la sociedad y para nosotros como autoridades, porque sus hijas y sus mujeres se vuelven vulnerables ante personas desaprensivas que se lucran explotando nuestra gente, afectando la integridad de las víctimas y la imagen de la provincia y el país, así como sectores tan importantes como el turismo, por lo que hemos declarado tolerancia cero contra ese delito y hemos instruido a los fiscales que actúen con toda la drasticidad que permitan las leyes en estos casos”, manifestó.

La institución destacó que la acción se enmarca dentro del plan trazado por el procurador Jean Rodríguez para combatir con acciones puntuales esos graves delitos de la criminalidad organizada, destacando que la presente gestión ha puesto especial atención a este tema, dando instrucciones precisas al Ministerio Público de todo el país para reforzar las labores de prevención y persecución de esos delitos y que sean sometidos a la justicia, todos los implicados.

Respecto a la pareja apresada, el Ministerio Público informó que tienen amplias evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia de investigación e inteligencia previa ordenada desde hace unos cuatro meses y que solicitará en el plazo establecido de 48 horas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, la imposición de un año de prisión preventiva como medidas de coerción, por la presunta violación de los artículos 334, 334.1, ordinales 3ero. 6to. y 9no. del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 66 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Detalló que durante los operativos además fueron apresados para fines de investigación varios empleados adicionales que se encontraban en los establecimientos allanados.

Con relación al imputado Elvis Henríquez Beatón, explicó que su apresamiento se produjo durante un allanamiento en el Restaurante Bar Pica Flor, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00377, emitida por los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Durante el allanamiento, además del arresto de Henríquez Beatón, fueron rescatadas 70 mujeres que estaban siendo objeto de proxenetismo agravado, tres vehículos, un arma de fuego, la suma aproximada de RD$112,801.85 pesos y alrededor de US$2,650.61 dólares americanos, varios equipos electrónicos, además de facturas del cobro de las salidas de las jóvenes.

En tanto que Arisleida Pérez Vásquez fue apresada durante un allanamiento a una villa donde reside la pareja, en el municipio de Sosúa, el cual se llevó a cabo mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378, emitida por dicho juzgado, incautándose también en dicho lugar la suma aproximada de RD$327,800.00 pesos y alrededor de US$13,948 dólares estadounidenses, entre otras evidencias relacionadas al caso.

De igual manera, en el Bar Restaurante Barrio Latino, allanado mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00379, fueron retenidas motocicletas y documentos referentes a una empresa de rentar vehículos vinculada a caso.

Estrategias institucionales coordinadas contra los delitos
La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República explicó que los integrantes de las referidas instituciones allanaron varios negocios en la zona tras obtener información durante el proceso de investigación de que presuntamente en dichos centros se estaban dedicando a la trata de personas y al proxenetismo.

Durante las pesquisas, señala el órgano investigativo, fueron recolectadas diferentes pruebas que permitieron confirmar los graves hechos denunciados y que dieron al traste con la clausura de los negocios y el apresamiento de sus propietarios.

Las autoridades precisaron que parte de las víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger sus identidades, fueron llevadas a un centro de protección habilitado para esos fines, con el objetivo de ofrecerle las atenciones necesarias y salvaguardar su integridad física.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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