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A siete meses del cierre de las operaciones de Pawa, más de 500 empleados aún esperan por sus prestaciones

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Más de 500 empleados de la quebrada línea aérea Pawa Dominicana se encuentran en un limbo jurídico, siete meses después que la Junta de Aviación Civil suspendió por 90 días a la empresa el certificado de autorización económica por el incumplimiento de pagos.

De acuerdo con los informes obtenidos por el periodista Rafael Castro, del Listín Diario, los empleados de la línea aérea han reclamado en el ministerio de Trabajo la entrega de sus prestaciones laborales, luego de la suspensión de las operaciones y de que venciera el plazo de los tres meses.

La suspensión temporal de Pawa Dominicana, de parte de la JAC y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se produjo el 26 de enero del presente año, por la acumulación de una deuda de 3 millones de dólares a las autoridades aeronáuticas, a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom) y otros acreedores.

El caso de la aerolínea se ventila en el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial, del Distrito Nacional, quien deberá emitir un fallo a favor o en contra de los ejecutivos de Pawa.

Los empleados fueron suspendidos a raíz de la paralización de los vuelos de la aerolínea.

Siete meses después de que las operaciones de la aerolínea fueran suspendidas los más de 500 empleados de Pawa Dominicana, están en un “limbo jurídico”, reclamando a la empresa la entregue de sus prestaciones laborales, tal y como lo establece el Código Laboral dominicano.

Entre los empleados afectados figuran pilotos, azafatas, personal de sobrevuelo, mecánicos, seguridad, mantenimiento y personal del área administrativa, quienes desde el mes de enero de este año 2018 no reciben su salario.

De acuerdo con los informes ofrecidos, están en una difícil disyuntiva de que no pueden emplearse en otra empresa, hasta tanto no se emita el fallo del tribunal ya que de hacerlo perderían sus derechos laborales de empleados activos, de la compañía.

Habla conciliador entre las partes
Con relación al impasse, se designó a un conciliador, que actúa como árbitro entre las partes en conflicto.

El doctor José Enríquez Pérez declaró que debido al rol que representa no podía emitir informaciones a los medios de comunicación.

Explicó que solo puede referirse al caso en relación al seguimiento en los tribunales.

Detalló que el pasado día 18 de este mes se depositó en el tribunal de Restructuración un informe del caso y una lista provisional de creencia que es lo que establece la ley, así como otras solicitudes.

“Lamentablemente yo en el papel de conciliador que estoy desempeñando no puedo de ningún modo informar de su contenido antes de que el tribunal no lo haga público”, aseguró el doctor José Enríquez Pérez.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Desalojan vendedores de la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un desalojo la mañana de este jueves a vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

En el lugar hay varias maquinarias y personal de la institución en las labores de remoción de los comercios ambulantes ubicados en las aceras y avenida.

El desalojo, según las autoridades, se debe a la remodelación del lugar y los vendedores habían sido notificados con antelación.

Asimismo, según informó Salutiano Pichardo, abogado del departamento de avalúo, de los 24 vendedores del área solo faltan 4 por el pago de la indemnización.

Sin embargo, en el lugar aquellos que sostienen que no han recibido la indemnización y que tampoco les han brindado información sobre esta se mantienen en el lugar esperando respuestas.

«Llegaron, nos rompieron las mesas y no nos dan respuestas», manifestó Ramón Ortega, quien tenía un puesto de venta de accesorios telefónicos en la parada.

Al igual que Ortega, los demás vendedores arrastran las mesas que hasta el momento del desalojo utilizaban para sus negocios para evitar que los agentes se las retengan.

En este lugar funciona una parada de autobuses que tienen como destino la región norte del país y es donde el Gobierno ejecuta un plan de ampliación de vías para facilitar el ingreso y a la salida a la capital dominicana.

Vía Listín Diario

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Minerd: 32 profesores fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual en el año escolar 2023-2024

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) desvinculó a ocho docentes y mantiene a 24 suspendidos «por acoso sexual» en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024, conforme a reporte de esta entidad emitido este domingo.

Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con y en Santiago, Regional 08, con 4.

Los nombres de los profesores no fueron suministrados por Educación.

De acuerdo a una nota de prensa del Minerd, de los 32 docentes separados de las escuelas públicas por acoso sexual, «ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación. Actualmente, hay seis profesores sometidos a la acción de la justicia».

El Minerd dijo que esta medida es parte de su compromiso fundamental de propiciar un entorno seguro para los estudiantes y sancionar las acciones indebidas en la comunidad educativa.

Las desvinculaciones y suspensiones se produjeron luego de que el Minerd comprobara que los maestros transgredieron el Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del Sistema de Educación Preuniversitario», refiere el documento.

Violaron Código de Ética
Aprobado a través de la Orden Departamental No. 13-2023, el Código de Ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.

Las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08 numerales 4,14,17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de actos constituye una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.

«Otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, respectivamente», estableció el Minerd.

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