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A siete meses del cierre de las operaciones de Pawa, más de 500 empleados aún esperan por sus prestaciones

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Más de 500 empleados de la quebrada línea aérea Pawa Dominicana se encuentran en un limbo jurídico, siete meses después que la Junta de Aviación Civil suspendió por 90 días a la empresa el certificado de autorización económica por el incumplimiento de pagos.

De acuerdo con los informes obtenidos por el periodista Rafael Castro, del Listín Diario, los empleados de la línea aérea han reclamado en el ministerio de Trabajo la entrega de sus prestaciones laborales, luego de la suspensión de las operaciones y de que venciera el plazo de los tres meses.

La suspensión temporal de Pawa Dominicana, de parte de la JAC y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se produjo el 26 de enero del presente año, por la acumulación de una deuda de 3 millones de dólares a las autoridades aeronáuticas, a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom) y otros acreedores.

El caso de la aerolínea se ventila en el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial, del Distrito Nacional, quien deberá emitir un fallo a favor o en contra de los ejecutivos de Pawa.

Los empleados fueron suspendidos a raíz de la paralización de los vuelos de la aerolínea.

Siete meses después de que las operaciones de la aerolínea fueran suspendidas los más de 500 empleados de Pawa Dominicana, están en un “limbo jurídico”, reclamando a la empresa la entregue de sus prestaciones laborales, tal y como lo establece el Código Laboral dominicano.

Entre los empleados afectados figuran pilotos, azafatas, personal de sobrevuelo, mecánicos, seguridad, mantenimiento y personal del área administrativa, quienes desde el mes de enero de este año 2018 no reciben su salario.

De acuerdo con los informes ofrecidos, están en una difícil disyuntiva de que no pueden emplearse en otra empresa, hasta tanto no se emita el fallo del tribunal ya que de hacerlo perderían sus derechos laborales de empleados activos, de la compañía.

Habla conciliador entre las partes
Con relación al impasse, se designó a un conciliador, que actúa como árbitro entre las partes en conflicto.

El doctor José Enríquez Pérez declaró que debido al rol que representa no podía emitir informaciones a los medios de comunicación.

Explicó que solo puede referirse al caso en relación al seguimiento en los tribunales.

Detalló que el pasado día 18 de este mes se depositó en el tribunal de Restructuración un informe del caso y una lista provisional de creencia que es lo que establece la ley, así como otras solicitudes.

“Lamentablemente yo en el papel de conciliador que estoy desempeñando no puedo de ningún modo informar de su contenido antes de que el tribunal no lo haga público”, aseguró el doctor José Enríquez Pérez.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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