Panorama
Según informe PN la sargento que se suicidó mantenía relación con su superior

La Policía Nacional dio a conocer hoy el informe de investigación sobre la muerte por suicidio de la sargento mayor Anny Montero Montero, de 34 años, ocurrida el pasado 20 de julio dentro de uno de los baños de la Embajada de los Estados Unidos en el país.
De acuerdo al informe, se determinó que el coronel Félix Alberto Gómez Geraldino, ciertamente mantenía una relación sentimental con la fenecida suboficial, por lo que éste será sancionado de acuerdo al código de ética que rige la institución, el cual prohíbe ese tipo de relaciones.
Según indica la nota en el Listín Diario, en cuanto a las versiones que existen sobre el mayor policial Ruddy Villar Tejada, quien funge como enlace entre la Policía Nacional y el cuerpo diplomático en mención, señala que aún no se han podido establecer los supuestos acosos hacia Anny Montero, como lo han afirmado los familiares de ella en los medios de comunicación.
Explica que aún se esperan los resultados de los videos de las cámaras de seguridad de la embajada.
Además, no se pudo establecer la existencia de ningún material gráfico de contenido sexual explícito que pudiera comprometer la dignidad moral de la agente Anny Montero. Tampoco se estableció la existencia de un supuesto diario de Anny, el cual sus familiares no lo han suministrado a las autoridades involucradas en la investigación.
Igualmente, se estableció que la sargento mayor Anny Montero no había reportado ninguna situación de acoso sexual ante la Dirección Central de Asuntos Internos, el Departamento de Recursos Humanos de la Digesett, ni otro organismo de nuestra Policía Nacional.
Las pesquisas Las pesquisas en torno al caso abarcaron una serie de entrevistas a más de 20 miembros policiales, realizadas por representantes del Ministerio Público y una comisión de la Policía Nacional, compuesta por los generales Rafael A. Cabrera Sarita, inspector general; Pablo Arturo Pujols, director Central de Investigación (DICRIM), Héctor García Cuevas, director de Asuntos Internos, y Teresa Martínez Hernández, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar del cuerpo del orden.
Asimismo, indica que el ciclo de entrevistas fue realizado tanto a familiares de la fenecida suboficial policial, como a compañeros de trabajo y sus superiores.
En ese sentido, el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), sobre la autopsia realizada al cadáver de la sargento mayor policial Anny Montero Montero, establece en sus conclusiones que se trató de una muerte violenta con etimología médica legal suicida, por herida de bala de entrada y salida en la cabeza.
Así también lo demuestran los resultados de la comparación balística de la pistola que tenía asignada como su arma de reglamento, pues coinciden en sus características individuales con el casquillo colectado en el lugar del hecho, que también al ser tomadas las muestras el dorso de sus manos, fueron detectados residuos de pólvora en los antebrazos y dorso de las manos.
En el caso de las declaraciones de los familiares de Montero Montero, coinciden en que su pariente no padecía ningún tipo de enfermedad y que solo por el hecho de estar asignada a facilitar el tránsito a la Embajada estadounidense, como agente de la Digesett, presumen que Anny debía tener una salud excelente, porque de lo contrario, sus compañeros lo habrían informado.

Panorama
Milton Morrison respalda retirar agentes de DIGESETT en semáforos que funcionen correctamente
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) responde ante Senado y propone reformas a Ley de tránsito

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, respaldó la propuesta del senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, de que los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) no dirijan el tráfico en intersecciones donde los semáforos estén operando correctamente.
“Estoy de acuerdo con usted. Cuando un semáforo funciona, no se necesita la intervención humana porque el sistema ya está diseñado para operar de manera eficiente”, expresó Morrison durante su intervención en el Senado.
Indicó que esta inquietud ya la tenía antes de asumir su cargo y que es un aspecto en el que han estado trabajando. Explicó que desde el INTRANT diseñan e implementan el sistema integrado de transporte y, en ese proceso, colaboran con la DIGESETT para orientar sobre la ubicación de los agentes en calles, avenidas y puntos estratégicos.
“Nosotros les indicamos hasta dónde deben estar los agentes y en qué lugares no son necesarios”, puntualizó.
Morrison también se refirió a la estructura organizativa del tránsito en el país, señalando que la actual división de funciones entre el INTRANT y la DIGESETT ha generado ciertas limitaciones.
A su juicio, lo ideal sería contar con un sistema similar al que tenía la extinta Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), que regulaba, operaba y fiscalizaba el tránsito de manera unificada.
«El problema es que con la nueva ley se dividieron las funciones. Ahora, yo regulo y digo qué hay que hacer, pero otro organismo tiene que ejecutarlo. ¿Me sigue, senador?», comentó Morrison.
El planteamiento surgió en respuesta a la inquietud del senador Héctor Acosta, quien cuestionó la presencia de agentes de tránsito en semáforos operativos, al considerar que esto contribuye al congestionamiento vial. “O quitan el semáforo o quitan al agente de la DIGESETT”, sostuvo el legislador.
orrison, advirtió ante el Senado sobre la grave crisis de seguridad vial que enfrenta el país, calificando los accidentes de tránsito como una «pandemia silente» que ha cobrado más vidas que el coronavirus en 2020 y 2021.
Durante su intervención, Morrison destacó que el principal problema no es sólo la falta de aplicación de la ley, sino la necesidad de un régimen de consecuencia más severo para reducir las infracciones.
«Nosotros tenemos que atacar la raíz del problema. Es cierto que la sociedad nos pide y habla del tema de aplicar la ley, yo estoy de acuerdo, pero nos encontramos con una realidad operativa que es más grande que el Intrant», señaló.
Aboga por régimen de consecuencia y expone retos de Digesett
Morrison detalló que en el Distrito Nacional, donde circulan más de un millón de vehículos, sólo operan 150 agentes por turno. En Bonao apenas hay 17 agentes, mientras que en provincias como Bahoruco, Independencia y Santiago Oeste no hay dotación de Digesett. En otras localidades como Espaillat, La Romana, Haina y San Cristóbal, los números son igualmente insuficientes, con apenas entre 14 y 31 agentes. En total, el país cuenta con sólo 1,752 agentes de tránsito para regular todo el territorio.
«Para que tengan una idea de la realidad operativa de la DIGESETT, en Puerto Plata hay sólo 21 agentes por turno para cubrir la provincia completa. En Santiago, donde hay más de 500 mil vehículos, sólo hay 37 agentes disponibles en un turno. Por más que quieran, no hay forma humana de que la fiscalización sea efectiva», explicó Morrison.
Asimismo, criticó el actual sistema de multas, calificándolo de «totalmente inefectivo».
Señaló que las sanciones económicas no tienen un impacto real en la reducción de infracciones, ya que aunque la Ley 63-17 establece multas de hasta 10,000 pesos, en la práctica los infractores sólo pagan alrededor de 1,600 pesos. Además, la prescripción de multas en un año permite que los conductores evadan el pago sin mayores consecuencias.
Ante este panorama, Morrison propuso un endurecimiento de las sanciones y la implementación de un régimen de consecuencia más fuerte para quienes violen las normas de tránsito. «Aquí hay que poner orden, esto hay que arreglarlo. Yo voy a decir algunas verdades y aunque eso me acarreé voces detractoras, tergiversadoras, prefiero pagar el precio, porque no quiero seguir siendo cómplice por omisión de lo que está pasando», afirmó.
Entre sus propuestas, planteó declarar en rebeldía a los conductores que no paguen sus multas dentro del plazo estipulado, lo que podría llevar a la suspensión de su licencia de conducir; extender el tiempo de prescripción de las multas de un año a cinco años y aplicar sanciones más severas para las carreras clandestinas, con penas de hasta dos años de prisión.
El funcionario reiteró la urgencia de implementar estas medidas para reducir la alta tasa de muertes por accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad vial en el país.
Vía El Día y END
Panorama
Antonio Marte someterá proyecto para congelar importación de vehículos por cinco años

El senador del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, anunció este jueves que en los próximos días someterá un proyecto de ley para que por un período de cinco años se congele la importación de vehículos.
Esta propuesta tiene como objetivo descacharrizar en parque vehicular en el país, mismo que Marte afirmó ha colapsado.
El también presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), explicó que con esta iniciativa no se pretende prohibir la compra de vehículos sino que se mantenga el inventario que tiene la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
“No estamos prohibiendo que aquí se compren vehículos, ahora para tu tener un vehículo nuevo tiene que desmontar una chatarra del inventario que tiene impuestos internos. Este mercado ya explotó”, subrayó Marte.
El transportista agregó que es responsabilidad de todos los ciudadanos contribuir con la descacharrización vehicular que tiene el país a fin de mejorar el caos que se registra no solo en Santo Domingo, sino en otras provincias.
Indicó que cuando una persona vaya a adquirir un vehículo debe presentar en la DGII una matrícula y una placa para de esa manera “resolver el problema del país. Este es un problema que tiene el país entero y ya explotó entonces nosotros tenemos que resolverlo entre todos”.
De los países de América Latina, la República Dominicana ocupa en tercer lugar en vehículos por habitantes.
De acuerdo a la DGII el sector automotriz al cierre del 2024 alcanzó 6,194,052 unidades lo que representa un aumento significativo en comparación al año anterior que fue de 5,810,888 unidades.
En la distribución de tipos de vehículos el 56.5 % del total de las unidades corresponde a motocicletas. También en el país circulan más de 130,795 vehículos “alta gama”, de los cuales unos 92,684 son premium como Lincoln, Tesla, Porshe o Volvo.
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