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El procurador valora la condena por sobornos para adquisición Super Tucano

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El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como un hito en la lucha contra la corrupción, la condena de 7 millones de dólares impuesta a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER), destacando que con esta se recupera el doble de los 3.5 millones de dólares que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de ocho aviones Super Tucano, en el año 2009.

La reacción del magistrado se produjo luego de que la juez Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional EMBRAER, confirmando la culpabilidad de esa empresa en estos ilícitos y aplicándole la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Al ponderar la trascendencia de esta decisión, el máximo representante del Ministerio Público resaltó que con la misma no fue necesario esperar años de litigios ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público, enfatizando que esto representa un ahorro de recursos para los contribuyentes y eficiencia en la administración del sistema de justicia.

Asimismo, el procurador general informó que durante las próximas semanas y en un plazo máximo de 45 días, vigente desde el pasado 28 de julio, el Ministerio Público empezará a recibir oficialmente de parte de EMBRAER la nueva información sobre los sobornos que admitió ante la justicia haber pagado para la adquisición de estas aeronaves, la que de inmediato comenzará a ser analizada y cotejada por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Recalcó que esa información fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación de este caso Super Tucano, presentada el 6 de septiembre del 2017, y garantizó que si a partir de nuevas evidencias y luego las pesquisas correspondientes, alguien más resulta con su responsabilidad penal comprometida, en el marco del debido proceso, por igual será puesto a disposición de la justicia, sin importar de quien se trate.

El magistrado Rodríguez recordó que estos 7 millones de dólares establecidos en la condena fueron pagados por EMBRAER el pasado 13 de agosto y que constituyen una multa, por lo que serán integrados al presupuesto del Ministerio Público, para fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, y en especial para la humanización del sistema penitenciario nacional, siempre en estricto apego a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Igualmente, el procurador afirmó que en la incesante lucha para procurar sanción contra los delitos de corrupción en la administración pública siempre habrá camino por recorrer, por lo que cada paso es un avance importante, al tiempo de reiterar que erradicar la impunidad es una ardua tarea que debe involucrar el firme compromiso y la militante participación de todos los sectores de la sociedad.

Se recuerda que además de EMBRAER, en la acusación presentada por la PEPCA, están incluidos el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.

La Procuraduría General de la República anunció que el documento suscrito para este juicio penal abreviado será divulgado integro oportunamente a través de su página web y recordó que la condena impuesta a EMBRAER no incluyó a sus funcionarios brasileños, debido a que éstos ya fueron condenados en Brasil por los mismos hechos y no pueden ser juzgados nuevamente en República Dominicana, pues el principio jurídico internacional de “Non bis in idem”, impide la doble persecución judicial.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Dos imputados caso Senasa comerán lechón en su casa en Nochebuena

Ministerio Público pide variar a arresto domiciliario la medida de coerción para Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.

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El Ministerio Público solicitó al juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, variar su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Senasa, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.

Los fiscales ahora están solicitando arresto domiciliario, garantía económica de millón de peso, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos.

Previamente, el Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de Read Estrella y Pineda.

Durante el pasado jueves, la defensa de Read Estrella, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y José Pablo Ortiz Giráldez, también conocido como «El Gordo».

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

Igualmente, Pineda admitió su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó a colaborar con las autoridades en el caso del Senasa.

El caso
El Ministerio Público anunció durante el fin de semana pasado la puesta en marcha de la denominada «operación Cobra», en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Este operativo conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales.

Hasta el momento los implicados en este caso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.

También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.

Conforme a los fiscales al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Vía Listín Diario

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Defensa de Santiago Hazim: podría morir en la cárcel, sufre de esclerosis múltiple

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Durante la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción en el caso Senasa, los abogados de Santiago Hazim presentaron ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional un informe médico con el objetivo de sustentar una petición de trato especial frente a cualquier decisión que implique privación de libertad, alegando un delicado estado de salud del imputado.

El certificado fue sometido al juez Rigoberto Sena por el abogado Miguel Valerio y está suscrito por el neurólogo Luis A. Taveras Guzmán.

En el documento se expone el cuadro clínico de Hazim, exdirector de Senasa, y se enfatiza que requiere seguimiento médico permanente y atención especializada fuera del territorio nacional.

De acuerdo con el informe, Hazim, de 59 años, se encuentra bajo cuidado neurológico desde el año 2011 y presenta antecedentes de trastornos del ritmo cardíaco registrados en 1988 y 2007, así como episodios de obstrucción intestinal ocurridos entre finales de 2010 e inicios de 2011.

El aspecto más relevante del certificado es la confirmación de una enfermedad autoinmune de carácter severo.

El documento señala que, tras la persistencia de síntomas atípicos y la realización de estudios de resonancia magnética del cerebro y la médula espinal, junto a la evaluación clínica, se determinó que el paciente inició con un episodio compatible con esclerosis múltiple.

Tratamiento en Estados Unidos
El neurólogo indica que Hazim acudió posteriormente a un centro hospitalario en los Estados Unidos, donde se corroboró el diagnóstico de esclerosis múltiple.

Desde entonces, según el especialista, el paciente recibe tratamiento con Ocrelizumab (Ocrevus), un fármaco que debe ser administrado en un entorno hospitalario dos veces al año en la ciudad de Nueva York.

Estrés, riesgos y petición de arresto domiciliario
El doctor Taveras Guzmán explica que la esclerosis múltiple es una enfermedad que se manifiesta en recaídas o brotes, los cuales pueden intensificarse cuando el paciente se encuentra sometido a altos niveles de estrés o tensión emocional.

Por esta razón y debido a la complejidad de su condición, la defensa solicitó al tribunal medidas excepcionales, entre ellas la posibilidad de cumplir arresto domiciliario, permitiéndole permanecer en su residencia.

Asimismo, pidió que se tome en cuenta su estado de salud al momento de imponer cualquier restricción, que no se le prohíba salir del país y que se le permita desplazarse a Nueva York en dos ocasiones al año para continuar con la aplicación del tratamiento con Ocrelizumab.

El informe médico concluye con un llamado al sistema judicial para que otorgue “la mayor consideración” a este caso, al que califica como especial, con el fin de garantizar que Hazim pueda recibir el manejo médico más adecuado para preservar su salud.

Con información del Listín Diario

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