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El procurador valora la condena por sobornos para adquisición Super Tucano

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El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como un hito en la lucha contra la corrupción, la condena de 7 millones de dólares impuesta a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER), destacando que con esta se recupera el doble de los 3.5 millones de dólares que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de ocho aviones Super Tucano, en el año 2009.

La reacción del magistrado se produjo luego de que la juez Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional EMBRAER, confirmando la culpabilidad de esa empresa en estos ilícitos y aplicándole la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Al ponderar la trascendencia de esta decisión, el máximo representante del Ministerio Público resaltó que con la misma no fue necesario esperar años de litigios ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público, enfatizando que esto representa un ahorro de recursos para los contribuyentes y eficiencia en la administración del sistema de justicia.

Asimismo, el procurador general informó que durante las próximas semanas y en un plazo máximo de 45 días, vigente desde el pasado 28 de julio, el Ministerio Público empezará a recibir oficialmente de parte de EMBRAER la nueva información sobre los sobornos que admitió ante la justicia haber pagado para la adquisición de estas aeronaves, la que de inmediato comenzará a ser analizada y cotejada por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Recalcó que esa información fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación de este caso Super Tucano, presentada el 6 de septiembre del 2017, y garantizó que si a partir de nuevas evidencias y luego las pesquisas correspondientes, alguien más resulta con su responsabilidad penal comprometida, en el marco del debido proceso, por igual será puesto a disposición de la justicia, sin importar de quien se trate.

El magistrado Rodríguez recordó que estos 7 millones de dólares establecidos en la condena fueron pagados por EMBRAER el pasado 13 de agosto y que constituyen una multa, por lo que serán integrados al presupuesto del Ministerio Público, para fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, y en especial para la humanización del sistema penitenciario nacional, siempre en estricto apego a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Igualmente, el procurador afirmó que en la incesante lucha para procurar sanción contra los delitos de corrupción en la administración pública siempre habrá camino por recorrer, por lo que cada paso es un avance importante, al tiempo de reiterar que erradicar la impunidad es una ardua tarea que debe involucrar el firme compromiso y la militante participación de todos los sectores de la sociedad.

Se recuerda que además de EMBRAER, en la acusación presentada por la PEPCA, están incluidos el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.

La Procuraduría General de la República anunció que el documento suscrito para este juicio penal abreviado será divulgado integro oportunamente a través de su página web y recordó que la condena impuesta a EMBRAER no incluyó a sus funcionarios brasileños, debido a que éstos ya fueron condenados en Brasil por los mismos hechos y no pueden ser juzgados nuevamente en República Dominicana, pues el principio jurídico internacional de “Non bis in idem”, impide la doble persecución judicial.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz

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A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.

Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.

Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.

Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.

Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.

Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.

Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.

Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.

«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.

Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».

«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».

Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.

Un historial recurrente en los tribunales

Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).

Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.

El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.

Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.

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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago

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La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.

La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.

Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.

Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.

Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.

Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.

Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.

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