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El procurador valora la condena por sobornos para adquisición Super Tucano

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El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como un hito en la lucha contra la corrupción, la condena de 7 millones de dólares impuesta a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER), destacando que con esta se recupera el doble de los 3.5 millones de dólares que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de ocho aviones Super Tucano, en el año 2009.

La reacción del magistrado se produjo luego de que la juez Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional EMBRAER, confirmando la culpabilidad de esa empresa en estos ilícitos y aplicándole la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Al ponderar la trascendencia de esta decisión, el máximo representante del Ministerio Público resaltó que con la misma no fue necesario esperar años de litigios ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público, enfatizando que esto representa un ahorro de recursos para los contribuyentes y eficiencia en la administración del sistema de justicia.

Asimismo, el procurador general informó que durante las próximas semanas y en un plazo máximo de 45 días, vigente desde el pasado 28 de julio, el Ministerio Público empezará a recibir oficialmente de parte de EMBRAER la nueva información sobre los sobornos que admitió ante la justicia haber pagado para la adquisición de estas aeronaves, la que de inmediato comenzará a ser analizada y cotejada por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Recalcó que esa información fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación de este caso Super Tucano, presentada el 6 de septiembre del 2017, y garantizó que si a partir de nuevas evidencias y luego las pesquisas correspondientes, alguien más resulta con su responsabilidad penal comprometida, en el marco del debido proceso, por igual será puesto a disposición de la justicia, sin importar de quien se trate.

El magistrado Rodríguez recordó que estos 7 millones de dólares establecidos en la condena fueron pagados por EMBRAER el pasado 13 de agosto y que constituyen una multa, por lo que serán integrados al presupuesto del Ministerio Público, para fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, y en especial para la humanización del sistema penitenciario nacional, siempre en estricto apego a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Igualmente, el procurador afirmó que en la incesante lucha para procurar sanción contra los delitos de corrupción en la administración pública siempre habrá camino por recorrer, por lo que cada paso es un avance importante, al tiempo de reiterar que erradicar la impunidad es una ardua tarea que debe involucrar el firme compromiso y la militante participación de todos los sectores de la sociedad.

Se recuerda que además de EMBRAER, en la acusación presentada por la PEPCA, están incluidos el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.

La Procuraduría General de la República anunció que el documento suscrito para este juicio penal abreviado será divulgado integro oportunamente a través de su página web y recordó que la condena impuesta a EMBRAER no incluyó a sus funcionarios brasileños, debido a que éstos ya fueron condenados en Brasil por los mismos hechos y no pueden ser juzgados nuevamente en República Dominicana, pues el principio jurídico internacional de “Non bis in idem”, impide la doble persecución judicial.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Ministerio Público dice tiene pruebas contundentes contra implicados Operación 13

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Miembros del Ministerio Público

El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra 10 personas por el presunto fraude en la Lotería Nacional.

La instancia de medida de coerción fue depositada por Mirna Ortiz, coordinadora de investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Se espera que la audiencia sea conocida en la mañana de este martes.

Por el caso Operación 13 están detenidos Luis Dicent, administrador suspendido de la Lotería; William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.

Ortiz dijo que las pruebas que tienen son contundentes y que este es un expediente blindado.

Manifestó que el grupo estafó al pueblo dominicano y que le quitó el sueño a muchas personas que jugando pensaban que iban a resolver su situación.

Explicó que la solicitud de medida de coerción consta de más de 100 páginas y se solicita al tribunal la prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

Mientras que los imptuados continúan recluidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Tras ser preguntado por Listín Diario si con relación al no vidente y a la presentadora se le pediría prisión domiciliaria como ha ocurrido en otros casos, respondió que eso se va a decidir en el tribunal.

FUENTE: Listin Diario

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Estos son los cargos que se le imputan a Michel Dicent detenido junto a otros en ‘Operación 13’

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El Ministerio Público depositará este lunes ante un tribunal la medida de coerción en la que solicita prisión preventiva para el suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent (Michel), así como contra otros arrestados en la “Operación 13” por su vinculación a un sorteo fraudulento celebrado el pasado 1 de mayo.

El órgano de justicia informó que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de medida de coerción en contra de Dicent por incurrir en acciones que constituyen una asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos.

En el expediente figuran como coimputados William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

Bajo los lineamientos de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La institución persecutora de los delitos indicó que las indagatorias se originaron a partir de denuncias sobre la maniobra fraudulenta en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo.

En el video de la transmisión se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.

Las maniobras fraudulentas del sorteo llevaron a sus organizadores, hoy imputados, a obtener sumas millonarias en otros países en donde radica una importante comunidad dominicana.

El grupo fue arrestado en el transcurso de 15 allanamientos realizados el sábado, con autorización judicial, en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Nouel y Santo Domingo. Los operativos estuvieron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que los detenidos se encuentran en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de las medidas de coerción.

FUENTE: El Caribe

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