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Panorama

Tema haitiano provoca enfrentamiento entre José Laluz y Consuelo Despradel

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Los comunicadores Consuelo Despradel y José Laluz se enfrascaron en una discusión el viernes en el panel del programa Sol de la Mañana, sobre el trato que reciben los haitianos en el país y la negación que hay acerca de que estos se expresen en espacios públicos.

De acuertdo al Listín Diario, el desacuerdo se produjo cuando Laluz planteó la posibilidad de que los inmigrantes haitianos pudieran hacer lo mismo que ellos, quienes se encontraban realizando el programa en vivo desde la ciudad de Boston, Estados Unidos, promoviendo los candidatos dominicanos en las próximas elecciones congresuales de ese país.

“Ustedes saludarían que un grupo de panelistas haitianos hagan este tipo de cosas promoviendo sus candidatos en el país. Si nosotros podemos por qué no ellos, siempre y cuando cumplan la ley, puedan hacer este mismo ejercicio. Estamos llenos de inmigrantes en esta sala por qué ellos no pueden hacerlo”, expresó el también legislador de la República.

Esas declaraciones fueron tachadas como ‘demagogia barata’ por Consuelo Despradel, quien de manera se mostró en contra de la posición de Laluz.

“Ellos nos tratan muy mal a nosotros cuando vamos allá. En Santo Domingo ellos tienen sus partidos, prensa y están presentes en cada uno de los trabajos de los dominicanos. Es un abuso de tu parte (decía a José) plantear ese tema en un programa donde no estábamos tratando ni cerca ese tema”, expresaba Despradel mientras golpeaba la mesa y señalaba a Laluz.

El programa Sol de la Mañana se transmite de lunes a viernes por Zol FM y en el día de ayer se encontraban en Boston mostrando apoyo a la candidatura de Juana Cabrera por un puesto en el senado de la ciudad estadounidense. 

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Renuncia el equipo completo de Comunicación Alcaldía SDE

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A solo horas del nombramiento de Jhonatan Liriano como vocero oficial de la Alcaldía de este municipio, renunció ayer el equipo completo de comunicación de dicha institución, por la falta de apoyo recibido por parte del alcalde Manuel Jiménez.

Así lo reveló una fuente este miércoles a El Nuevo Diario, la cual destacó que en más de un año que el equipo se mantuvo en la posición, nunca recibió el apoyo económico y logístico necesario para trazar sus políticas comunicacionales.

Los renunciantes son Nilda Alaniz, quien era la encargada de Comunicación y cuya decisión es “irrevocable”, de acuerdo a la fuente; Eloy Tejeda, encargado de Relaciones Públicas, y José Antonio Aybar, entre otros empleados.

“Ese equipo siempre tuvo muchas carencias para hacer el trabajo que debieron hacer, pero no lo tuvo”, manifestó la fuente.

La misma agregó que Alaniz, Eloy y José Antonio “sabían el trabajo que debían hacer, pero si no lo dejaban accionar, sino simplemente los llamaban cuando el lío estaba armado, no estaban haciendo su trabajo”.

Sumado a esto, la fuente reveló que los comunicadores nunca tuvieron un presupuesto asignado, lo que les imposibilitó ayudar a aquellas personas que siempre colaboraban con ellos.

Al hacer contacto con Alaniz y Eloy, estos confirmaron su renuncia y aprovecharon para agradecer a todos los comunicadores que siempre le apoyaron.

Asimismo, sostuvieron que pese a su renuncia, el alcalde Jiménez puede contar con ellos.

Dijeron que en lo adelante harían un comunicado público para ofrecer otros detalles sobre su decisión.

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Panorama

Estado se querella contra Jiménez Bichara, hermano y dos cuñados de Danilo Medina

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Tras los hallazgos en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado dominicano ha presentado hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.

En un comunicado de prensa se indicó que se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.

Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, señaló que “la presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.

El equipo jurídico contratado, coordinado por el Dr. Miguel Valerio e integrado por prestigiosos abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las EDEs, con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación. Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas.

Las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada.

El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.

En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.

Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.

FUENTE: Diario Libre

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