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El DNI cuenta con más de 10 mil infomantes

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Sigfrido Pared Pérez, director del DNI.

El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) cuenta con dos mil personas para garantizar la seguridad nacional.

Sigfrido Pared Pérez, director del DNI, también reveló que existen entre 10 y 15 mil profesionales de diversas áreas que no son de la institución, pero ofrecen informaciones al DNI y que son personas que protegen y aportan a la democracia.

Explicó que en todos los países, el primer capítulo de su Constitución está orientado a la seguridad nacional y establece parámetros para que las naciones se provean de elementos que puedan garantizar que los gobiernos, los presidentes y los funcionarios puedan tomar las mejores decisiones en las políticas de Estado, y que esa es la función de la institución que encabeza.

“El DNI es quien empuja en gran medida a que los presidentes y los funcionarios reciban las informaciones y los análisis de inteligencia que puedan sustentar la base sobre la cual puedan establecer sus decisiones para lograr objetivos nacionales”, agregó.

Al ser entrevistado en el programa “Verdades al Aire”, que conduce el periodista Adolfo Salomón los sábados a las a partir de las 10:00 de la mañana por CDN Canal 37, explicó que todo lo que altera o pueda afectar al dominicano tiene que ver con el DNI.

Alto riesgo

El director del DNI indicó que a pesar de República Dominicana ser el país de más alto riesgo en América Latina “tenemos una nación que va desarrollándose, que va avanzando y que está en proceso de perseguir los objetivos nacionales”.

Explicó que es de alto riesgo porque “hay que recordar que somos el único país del mundo, que tiene frontera con el país más pobre del hemisferio, que es Haití, además por la cantidad de indocumentados que hay en el territorio y por estar en punto medio de países que producen cocaína”. También citó la cercanía con Puerto Rico, que tiene políticas migratorias con Estados Unidos”.

Expresó que el DNI mantiene la vigilancia a personas con problemas con la justicia, principalmente deportados, o que tienen que ver con trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, que utilizan las fronteras, terrestre, marítima o aérea del país.

En cuanto a la frontera, declaró que trabajan con tecnología como drones, de los cuales han adquirido tres que pueden durar 18 o 22 horas en el aire, para vigilar el contrabando y todo lo que se mueve en esa zona, pues tienen cámaras infrarrojas que detectan personas a 5 kilómetros, ya sea de noche o de día.

Vigilancia telefónica y a las redes sociales

Sigfrido Pared Pérez reiteró que el organismo realiza vigilancia e intervenciones telefónicas y a las redes sociales, pero siempre bajo el amparo de la ley y bajo ciertas regulaciones judiciales con la autorización.

El ex ministro de Defensa reiteró que el Departamento Nacional de Investigaciones no puede hacer ningún tipo de interceptación sino se tiene una investigación abierta, algo que la justifique.

FUENTE: Elcaribe.com.do

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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