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República Dominicana deporta boricua acusado de asesinar dos jóvenes y sepultar sus cuerpos
SANTO DOMINGO. El Ministerio Público informó que apresó y luego deportó a los Estados Unidos al ciudadano puertorriqueño Ángel Luis Lebrón Rivera, alias el Boricua, quien era buscado por la justicia del Estado de Texas, acusado de la muerte a tiros de dos jóvenes compatriotas, el 25 de octubre de 2015 y cuyos cuerpos fueron identificados a principio de este año.
La información fue divulgada en un comunicado de prensa por la Procuraduría General de la República (PGR), en el que explica que la deportación de Lebrón Rivera se efectuó el pasado jueves 10 de octubre, en correspondencia al requerimiento del 2 de marzo de 2018, suscrito por la fiscal de Distrito del Condado de Midlan, Texas, Laura Nodolf.
Agrega que la labor de inteligencia duró varios meses.
Lebrón Rivera había llegado a República Dominicana hace dos años con el encargo de raptar a una persona de la que la Procuraduría no ofrece información.
Los asesinatos que se le atribuyen, según medios de comunicación estadounidenses, son los de los jóvenes Ashley Cruz-Rodríguez y John Iglesia Álvarez, cuyos cuerpos fueron hallados sepultados en una fosa de una zona rural de Texas, Estados Unidos.
La Procuraduría dice que Nordolf solicitó la colaboración de las autoridades dominicanas para que Lebrón Rivera fuera localizado y entregado a autoridades estadounidenses, mediante su deportación u otro medio legal, y a desestimar cualquier cargo menos grave, que, en ese momento, existiera pendiente en el país contra el requerido.
“El fugitivo deportado se encontraba residiendo en República Dominicana de manera ilegal desde 2016, cuando ingresó con la encomienda de asesinar o raptar a una persona”.
Tres días después de su llegada, fue apresado infraganti con su víctima que ya tenía en calidad de secuestrada. Por este hecho se le impuso prisión preventiva”.

Los jóvenes Ashley Cruz-Rodríguez, de 19 años, y John Iglesia Álvarez, de 20, supuestamente víctimas de Ángel Luis Lebrón Rivera, según el diario Elnuevodia.com. (Fuente externa)
Indica, además, que el año pasado, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste lo acusó formalmente por dicho crimen.
Luego, su abogado logró que la Corte de Apelación de esa jurisdicción le variara la medida de prisión preventiva por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Nunca más se presentó ante el Ministerio Público.
Asimismo, el comunicado dice que, al momento de ser reapresado, el requerido tenía seis meses en rebeldía declarada.
Para facilitar deportarlo amparado en su situación migratoria irregular, el Ministerio Público desistió de la acusación que mantuvo vigente, a pesar de que antes la víctima había retirado la querella.
Para cumplir con las formalidades de la deportación, Lebrón Rivera fue entregado, en calidad de detenido, a la Dirección General de Migración, por el procurador fiscal Máximo Rodríguez González, adscrito a la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste, que encabeza el magistrado, Edward Manuel López Ulloa, concluye el comunicado de la Procuraduría General.
DL
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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