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Panorama

Procurador Jean Alain Rodríguez observa en México modelo penitenciario para reformar cárceles RD

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El procurador de República Dominicana, Jean Alain Rodrígue (izq.) se reunió con el procurador mexicano en función Elías Beltrán.

El procurador de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, que ha logrado que Odebrecht pague en su país una multa de 184 millones de dólares, analiza desde hoy el modelo penitenciario mexicano para invertir en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.

«Estamos dedicando (los fondos obtenidos del caso Odebrecht) a un plan de humanización de nuestros sistema penitenciario, en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad», afirmó hoy Rodríguez en una entrevista con Efe en la capital mexicana.

Rodríguez acaba de presentar en su país un informe sobre su gestión de dos años al frente de la Procuraduría General de la República Dominicana, reseña la agencia de prensa EFE.

En un caso inédito, el procurador ha logrado ingresar a las arcas de la República Dominicana más de 190 millones de dólares por casos de corrupción: el de Odebrecht y el decomiso de unos 388 millones de pesos dominicanos (7,76 millones de dólares) provenientes del lavado de activos.

Por la investigación de Odebrecht en su país siete personas están siendo enjuiciadas, entre las que destacan un senador y un exministro de Obras Públicas.

Durante su visita a México, el fiscal se reunirá con su homólogo mexicano, Alberto Elías Beltrán, y diversas autoridades para conocer de primera mano la gestión de algunos centros penitenciarios del país.

«Tendremos encuentros básicos y oficiales para enriquecer nuestro conocimiento, con todas las autoridades, desde el procurador hasta aquellos que llevan el tema penitenciario. Tendremos también alguna visita a un recinto penitenciario modelo», explicó el fiscal.

Rodríguez tiene previsto visitar el miércoles un penal femenino de Morelos, estado colindante con Ciudad de México.

El fiscal anunció a mediados de octubre la realización de más de 80 obras de infraestructura de todo el sistema carcelario dominicano con una inversión cercana a los 170 millones de dólares. Las obras incluyen construcción, remodelación y ampliación de instalaciones.

«México tiene una larga historia con respecto a la protección de los derechos humanos en materia penitenciaria y hemos visto cómo también en los último años han realizado varios recintos penitenciarios que cumplen con las denominadas normas Nelson Mandela», explica el procurador.

De acuerdo a la Dirección de Prisiones del país caribeño, las cárceles dominicanas tienen una sobrepoblación que alcanza el 85 %.

Con tres maestrías, una en la Universidad de París, otra en la Universidad de La Sapienza (Italia) y otra la Escuela Nacional de Administración de Roma, Rodríguez transformó el Ministerio Público poniendo especial énfasis en perseguir delitos como feminicidios, crimen organizado, lavado de activos y corrupción.

La indemnización al Estado dominicano por parte de Odebrecht fue posible gracias a la aplicación de la ley sobre Soborno en el Comercio.

«Cuatro meses antes del caso Odebrecht aumentamos la cantidad de fiscales que desde la procuraduría general dedicamos al tema de la corrupción. Lo vimos en buena hora porque era el mayor caso de corrupción que se ha visto en Latinoamérica, en nuestro país, y quizás en el mundo», indicó.

Luego viajó a Estados Unidos y Brasil para poder establecer líneas de cooperación con esos Gobiernos y probar la entrega de 92 millones de dólares a una red de funcionarios dominicanos.

La ley dominicana permitió la obtención del doble de los activos para ser invertidos en el sistema penitenciario de su país.

«Con lo que puedes golpear (a Odebrecht) es con la parte económica. Y allí teníamos una ley de sobornos que tenía un buen concepto y un muy buen marco jurídico. Dijimos ‘vamos a usarla’. Hicimos un convenio de cooperación donde multamos o logramos una indemnización bien fuerte», relató.

La Fiscalía a cargo de Rodríguez puso en práctica técnicas legales innovadoras para procesar casos de corrupción enfocadas en la cooperación y la reparación del daño causado.

«Que el dinero del pueblo, de nuestros países, sea utilizado en lo que tanto se necesita: en combatir la pobreza, en los servicios públicos, salud, infraestructura, y no que quede en manos de unos pocos», recalcó.

En 2017 se lograron en el país caribeño condenas en materia de corrupción para 21 personas, entre ellas diversos funcionarios públicos.

«Toda la ciudadanía debe tomar esto como un reto, porque muchas veces se ve a la autoridad como en el ente que viola la ley. Nunca olvidemos que para un corrupto se necesita un corruptor», finaliza el fiscal.

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En 10 minutos ladrones quitaron los cuatro neumáticos a un carro

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La mañana del viernes 15 de octubre, una joven se despertó como un día normal para irse a su lugar de trabajo, pero no imaginó la sorpresa que le esperaba frente a su residencia.

Y es que cerca de las 3:00 de la madrugada del mismo día, varios individuos se presentaron en un vehículo y desmontaron los cuatro neumáticos (junto a los aros) de su carro, el cual dejaron suspendido en cuatro bloques.

Un video de cámara de seguridad captó el momento cuando los desaprensivos llegaron hasta su residencia en el Distrito Nacional, en un vehículo hasta el momento no identificado y en unos 10 minutos cargaron con los cuatro neumáticos de su carro

Trascendió que la joven había comprado los neumáticos nuevos hace apenas dos semanas.

Han sido varios los casos de este tipo en las últimas semanas, que se agregan además a las decenas de videos que se publican en las redes sociales de ciudadanos siendo víctimas de robo de retrovisores y baterías de sus respectivos vehículos.

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Panorama

Empresas podrían prescindir de empleados si no cumplen medidas Covid

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Además del Gobierno, muchas instituciones privadas, incluidos los bancos comerciales y plazas, han advertido a sus empleados y visitantes que deben presentar a partir de este lunes sus tarjetas de vacunación contra el COVID-19 o en su defecto una prueba negativa cada lunes, para poder entrar a sus puestos de trabajo a partir de este 18 de octubre de 2021.

De acuerdo al Diario Libre, la medida está amparada por el Ministerio de Trabajo, institución que la tarde de este viernes emitió una circular en la que exhorta a los trabajadores y empleadores a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la resolución número 48-2021 del Ministerio de Salud Pública.

Sobre el particular el exvicepresidente de la República y experto en temas laborales, Rafael Alburquerque, ve acertada la medida y recuerda que el Código de Trabajo establece la obligación de los empleadores de garantizar la salud en el establecimiento, en la empresa, y, además, la obligación del trabajador a someterse a los exámenes médicos y procedimientos que disponga el empleador.

Recordó que ese artículo del Código fue impugnado ante el Tribunal Constitucional con el argumento que violaba los derechos fundamentales, sobre todo el texto de la Constitución que establece que nadie puede ser sometido a un examen médico sin su consentimiento.

“El Tribunal Constitucional dictaminó que el texto del Código de Trabajo es constitucional (sentencia TC 0563/15) en la medida en que preserva la salud colectiva, de manera que yo creo que ahí el debate ya está resuelto porque la sentencia del Tribunal Constitucional es vinculante para todos los poderes del Estado y para todos ciudadanos”, dijo Alburquerque.

En el caso de algún empleado que sea despedido por no presentar tarjeta de vacunación ni prueba anticovid negativa como están requiriendo empleadores públicos y privados, el doctor Alburquerque entiende que es difícil que el empleado obtenga ganancia de causa si decide demandar ante un tribunal, por lo que establece la sentencia del TC.

“Tú puedes intentar la acción, pero la empresa podrá decir que tú desobedeciste unas instrucciones internas y que el texto en que ellos se fundamentan es que precisamente lo han hecho para preservar la salud empresarial, en este caso para preservar la salud de sus empleados”, afirmó.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, dijo que mediaría en posibles conflictos que puedan generarse en el ámbito laboral por la exigencia de la tarjeta de vacunación contra COVID-19 a los trabajadores en las empresas donde laboran.

La circular emitida por el Ministerio de Trabajo transcribe varios artículos del Código Laboral, entre esos el 4.1 que establece: “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”; y 6.1.1 que dice que: “En cumplimiento del deber de protección, el empleador deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio, en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando para estos fines cuantas medidas sean necesarias”.

Asimismo, el artículo 7.15: señala: “El empleador tiene el deber ético y moral, así como la obligación legal, de tomar medidas de control ante cualquier riesgo que haya sido identificado, independientemente que esté o no contenido en el presente Reglamento”.

Por consiguiente, cualquier empleado tiene derecho a no vacunarse y tampoco a presentar pruebas de COVID negativa, pero también el empleador tiene derecho a tomar las medidas que considere pertinente para preservar la salud colectiva.

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