Panorama
Procurador Jean Alain Rodríguez observa en México modelo penitenciario para reformar cárceles RD
El procurador de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, que ha logrado que Odebrecht pague en su país una multa de 184 millones de dólares, analiza desde hoy el modelo penitenciario mexicano para invertir en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.
«Estamos dedicando (los fondos obtenidos del caso Odebrecht) a un plan de humanización de nuestros sistema penitenciario, en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad», afirmó hoy Rodríguez en una entrevista con Efe en la capital mexicana.
Rodríguez acaba de presentar en su país un informe sobre su gestión de dos años al frente de la Procuraduría General de la República Dominicana, reseña la agencia de prensa EFE.
En un caso inédito, el procurador ha logrado ingresar a las arcas de la República Dominicana más de 190 millones de dólares por casos de corrupción: el de Odebrecht y el decomiso de unos 388 millones de pesos dominicanos (7,76 millones de dólares) provenientes del lavado de activos.
Por la investigación de Odebrecht en su país siete personas están siendo enjuiciadas, entre las que destacan un senador y un exministro de Obras Públicas.
Durante su visita a México, el fiscal se reunirá con su homólogo mexicano, Alberto Elías Beltrán, y diversas autoridades para conocer de primera mano la gestión de algunos centros penitenciarios del país.
«Tendremos encuentros básicos y oficiales para enriquecer nuestro conocimiento, con todas las autoridades, desde el procurador hasta aquellos que llevan el tema penitenciario. Tendremos también alguna visita a un recinto penitenciario modelo», explicó el fiscal.
Rodríguez tiene previsto visitar el miércoles un penal femenino de Morelos, estado colindante con Ciudad de México.
El fiscal anunció a mediados de octubre la realización de más de 80 obras de infraestructura de todo el sistema carcelario dominicano con una inversión cercana a los 170 millones de dólares. Las obras incluyen construcción, remodelación y ampliación de instalaciones.
«México tiene una larga historia con respecto a la protección de los derechos humanos en materia penitenciaria y hemos visto cómo también en los último años han realizado varios recintos penitenciarios que cumplen con las denominadas normas Nelson Mandela», explica el procurador.
De acuerdo a la Dirección de Prisiones del país caribeño, las cárceles dominicanas tienen una sobrepoblación que alcanza el 85 %.
Con tres maestrías, una en la Universidad de París, otra en la Universidad de La Sapienza (Italia) y otra la Escuela Nacional de Administración de Roma, Rodríguez transformó el Ministerio Público poniendo especial énfasis en perseguir delitos como feminicidios, crimen organizado, lavado de activos y corrupción.
La indemnización al Estado dominicano por parte de Odebrecht fue posible gracias a la aplicación de la ley sobre Soborno en el Comercio.
«Cuatro meses antes del caso Odebrecht aumentamos la cantidad de fiscales que desde la procuraduría general dedicamos al tema de la corrupción. Lo vimos en buena hora porque era el mayor caso de corrupción que se ha visto en Latinoamérica, en nuestro país, y quizás en el mundo», indicó.
Luego viajó a Estados Unidos y Brasil para poder establecer líneas de cooperación con esos Gobiernos y probar la entrega de 92 millones de dólares a una red de funcionarios dominicanos.
La ley dominicana permitió la obtención del doble de los activos para ser invertidos en el sistema penitenciario de su país.
«Con lo que puedes golpear (a Odebrecht) es con la parte económica. Y allí teníamos una ley de sobornos que tenía un buen concepto y un muy buen marco jurídico. Dijimos ‘vamos a usarla’. Hicimos un convenio de cooperación donde multamos o logramos una indemnización bien fuerte», relató.
La Fiscalía a cargo de Rodríguez puso en práctica técnicas legales innovadoras para procesar casos de corrupción enfocadas en la cooperación y la reparación del daño causado.
«Que el dinero del pueblo, de nuestros países, sea utilizado en lo que tanto se necesita: en combatir la pobreza, en los servicios públicos, salud, infraestructura, y no que quede en manos de unos pocos», recalcó.
En 2017 se lograron en el país caribeño condenas en materia de corrupción para 21 personas, entre ellas diversos funcionarios públicos.
«Toda la ciudadanía debe tomar esto como un reto, porque muchas veces se ve a la autoridad como en el ente que viola la ley. Nunca olvidemos que para un corrupto se necesita un corruptor», finaliza el fiscal.
Panorama
Interponen recurso contra designación de Juan Manuel Méndez en el Intrant
Será este miércoles cuando formalmente sea sometido a la justicia la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por considerarse irregular.
La acción legal será depositada a la 1:00 de la tarde ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), informó el consultor vial y comunicador Dary Terrero, quien insistió en que el funcionario carece de las condiciones técnicas requeridas para dirigir dicha institución.
Terrero explicó que el recurso había sido presentado la mañana de ayer a través de su abogado, Víctor Eddy Mateo Vásquez, pero debió ser retirado temporalmente debido a un error de redacción que lo catalogaba como general activo, cuando en realidad Méndez se encuentra en condición de retiro como miembro del Ejército de la República Dominicana.
El 16 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo designó a Méndez al frente del Intrant mediante el decreto 551-26, nombramiento que según Terrero no se corresponde con el perfil del funcionario, partiendo de que este no cumple los requisitos de ley que son necesarios para ocupar dicha posición, incluyendo títulos universitarios.
Tras darse a conocer la pasada semana su sometimiento, el director del Intrant publicó en sus redes sociales una serie de diplomas universitarios que avalan su preparación académica.
“Aunque hace unos añitos que me gradué de abogado, a los 22 años, luego, hace 23 años, hice una especialidad. Creo que ni mis hijos lo sabían, pero gracias a Dios, aunque si muero y vuelvo a nacer me engancho a la guardia”, escribió el funcionario.
Todo el mundo conoce que, en la República Dominicana, a partir de la ley que crea el Ministerio de Administración Pública, ningún dominicano puede ocupar una posición técnica para la cual no esté formado”, subrayó Terrero al conversar con El Nacional esta mañana.
Agregó que el artículo 13 de dicha legislación establece que quien aspire a dirigir la entidad debe poseer no solo un título universitario, sino también formación específica en el área.
Vía El Nacional
Panorama
Eduardo Hidalgo pide auditar RD$1,251 millones destinados al Bono a Mil
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió este martes que sean auditados los RD$1,251 millones destinados al programa Bono a Mil, al tiempo que reclamó una explicación pública sobre quiénes son los beneficiarios y cuáles son los criterios utilizados para incluir a las familias en esa iniciativa.
Durante una entrevista en el prograna El Despertador, Hidalgo expresó preocupación por el manejo del programa y consideró necesario que las autoridades rindan cuentas sobre el destino de esos recursos y el impacto que ha tenido la iniciativa entre las familias con estudiantes del sistema público.
“Necesitamos que eso se audite. Que se audite. Y necesitamos que se rinda cuentas”, expresó Hidalgo.
El dirigente magisterial sostuvo que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, por lo que entiende que debe explicarse a la ciudadanía quiénes reciben el beneficio y bajo cuáles condiciones son seleccionados.
Cuestiona impacto del programa
Hidalgo manifestó que la ADP ha expresado preocupación desde hace tiempo sobre la forma en que se manejan este tipo de ayudas y planteó que, además de conocer a los beneficiarios, debe evaluarse el impacto que tiene el incentivo en el acompañamiento de los padres a sus hijos.
El presidente de la ADP señaló que existen situaciones en las que los estudiantes dejan de asistir a clases, principalmente después de días feriados, por lo que consideró necesario analizar también el compromiso de las familias beneficiadas con la asistencia escolar.
Reclama explicación sobre aulas para niños de tres años
Durante la entrevista, Hidalgo también pidió al Ministerio de Educación rendir un informe sobre las 300 aulas para niños y niñas de tres años anunciadas en 2022 como parte de un plan piloto.
Recordó que la ADP respaldó la iniciativa porque permitiría reducir la brecha existente desde la educación inicial entre estudiantes del sistema público y aquellos que pueden ingresar desde edades más tempranas a centros privados.
Según explicó, proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística situaban en alrededor de 153 mil la cantidad de niños de tres años para 2026, lo que representaría una necesidad cercana a 7,000 aulas, tomando como referencia grupos de aproximadamente 20 estudiantes.
Hidalgo sostuvo que las 300 aulas anunciadas no resolverían completamente el déficit, pero sí representarían un avance, por lo que reclamó información sobre su estado actual.
“¿Qué pasó con esas 300 aulas que se anunciaron?”, cuestionó.
ADP estima unos 300 mil estudiantes sin cupo
El presidente del gremio informó además que un estudio de la ADP establece que alrededor de 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encontraron cupo por falta de aulas.
Explicó que el sindicato no se opone a que los centros inscriban a todos los estudiantes que soliciten un espacio, pero advirtió que esa medida ha provocado sobrepoblación en diferentes planteles.
De acuerdo con Hidalgo, aulas diseñadas para 25 estudiantes están recibiendo entre 35 y 40, mientras que en algunos liceos existen cursos con 50 y hasta 55 alumnos, situación que, según planteó, afecta la calidad de la enseñanza.
Centros no iniciaron clases por problemas de infraestructura
Hidalgo indicó que varios planteles no pudieron iniciar el año escolar debido a trabajos de infraestructura pendientes.
Entre los casos mencionó el Liceo Unión Panamericana, donde los trabajos de mantenimiento se realizaron próximo al comienzo de las clases, pese a que, a su juicio, debieron ejecutarse durante junio o julio.
También citó la situación de un liceo de Blanco Arriba, Tenares, cuyos estudiantes han recibido docencia en espacios improvisados mientras esperan la terminación de su centro educativo.
Asimismo, aseguró que más de 40 centros en Higüey no pudieron comenzar las clases por problemas de infraestructura y que en San Pedro de Macorís entre 25 y 30 planteles enfrentaron dificultades similares.
Cuestiona ejecución de recursos
Sobre los problemas de infraestructura, Hidalgo descartó inicialmente que la principal causa sea la falta de recursos económicos y cuestionó que cada año queden partidas sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las escuelas.
Indicó que las autoridades deben explicar si los retrasos responden a dificultades burocráticas u otros factores, debido a que existen centros que permanecen con trabajos pendientes al inicio de cada período escolar.
Solo 43 % recibiría agua los cinco días
Otro de los problemas señalados por Hidalgo fue el suministro de agua en las escuelas.
Según explicó, alrededor del 43 % de los centros recibe agua durante los cinco días de la semana, mientras que el resto enfrenta diferentes niveles de interrupción.
Algunos planteles reciben agua dos o tres días, mientras que otros pueden permanecer sin el servicio, afectando baños, lavamanos y cocinas.
Hidalgo planteó que en esos casos deben buscarse alternativas, como reparación de bombas, construcción de cisternas o pozos y contratación de camiones de agua cuando sea necesario.
Rechaza cobros en escuelas públicas
El presidente de la ADP aseguró que la organización se opone al cobro de inscripción o reinscripción en escuelas públicas.
Explicó que esta práctica se estaría produciendo en algunos centros educativos administrados mediante convenios con iglesias u otras entidades, pese a que reciben recursos del Ministerio de Educación.
Según afirmó, en algunos centros se estarían cobrando cuotas de RD$200 y RD$500.
Hidalgo pidió al Ministerio de Educación investigar esos casos y sostuvo que esos planteles reciben transferencias precisamente para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Denuncia retrasos en transferencias
Hidalgo también denunció retrasos en la entrega de las transferencias económicas que reciben las escuelas para cubrir gastos operativos.
Afirmó que, pese a encontrarse ya en agosto, los centros habían recibido solo una transferencia, aunque estas deberían realizarse trimestralmente.
Esos recursos son utilizados para comprar materiales gastables y productos de limpieza, reparar puertas, ventanas y tuberías, así como adquirir agua cuando los planteles enfrentan dificultades con el suministro.
El dirigente explicó que la falta de esos fondos puede dejar deudas en manos de los directores y las juntas de centro, dificultando el acondicionamiento de las escuelas.
Técnicos mantienen pagos pendientes
Sobre los incentivos por evaluación del desempeño correspondientes a técnicos del sistema educativo, Hidalgo aseguró que todavía existe un grupo que no ha recibido esos recursos.
Reconoció que otros técnicos sí fueron pagados, aunque aclaró que la ADP no maneja la cantidad exacta de personas pendientes debido a que ese personal pertenece a otra organización sindical.
ADP se desvincula de protesta
Hidalgo también aclaró que la protesta realizada durante el acto oficial de apertura del año escolar no fue organizada por la ADP.
Indicó que la persona vinculada a la manifestación estuvo anteriormente contratada por el sindicato, pero no está nombrada como maestro en el Ministerio de Educación y, por tanto, no forma parte actualmente de la ADP.
Según explicó, la organización emitió un comunicado para desautorizarlo a hablar en nombre del gremio.
Pide mejorar salarios del personal de apoyo
Aunque rechazó la forma en que se produjo la protesta, Hidalgo afirmó que la ADP sí ha planteado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de apoyo de las escuelas.
Cuestionó que trabajadores encargados de la vigilancia y limpieza de los centros educativos devenguen alrededor de RD$14,000 mensuales y aseguró que el gremio ha llevado ese reclamo ante las autoridades educativas.
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