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Procurador dice apelará condena de cinco años de prisión contra Marlin Martínez

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La condena de cinco años de prisión que le impusieron a Marlin Martínez por la sustracción de Emely Peguero y el ocultamiento del cadáver, ha generado un torbellino de disgustos, no solo entre los munícipes de esta ciudad, sino también en la Procuraduría General, la cual seguirá dando la batalla para tratar de lograr una pena mayor.

El debate se trasladará ahora a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, según anunció anoche en rueda de prensa el procurador general, Jean Alain Rodríguez, quien no quedó conforme con la decisión que tomó por unanimidad el tribunal en contra de Marlin.

Aseguró que los representantes del Ministerio Público demostraron que Marlin tuvo participación antes, durante y después del hecho.

Explicó que busca apelar la sentencia puesto que los jueces dictaron la condena contra Martín en la categoría de encubrimiento cuando debió de ser por la de complicidad. Asimismo, manifesto que solo espera a que se formalice la sentencia para realizar la apelación.

“No apelaremos por un capricho, no apelaremos por un deporte, apelaremos porque tenemos derecho a apelar y porque nos sentimos indignados al igual que la población de que se le haya otorgado la categoría de ocultamiento del cadáver y no de complicidad”, dijo en su alocución el procurador.

Por otro lado, manifestó que se se siente satisfecho con la sentencia de 30 años impuesta a Marlon Martinez.

El Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís dictó 30 y 5 años de prisión contra Marlon y Marlin Martínez, por los crímenes de asesinato y ocultamiento de un cadáver. El tribunal además consideró a Marlon culpable de aborto y homicidio.

Marlon deberá cumplir la condena en la cárcel de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Mientras que su madre deberá pagar 10 millones de pesos de indemnización a la familia de Emely y los costas del proceso a los abogados.

Ayer inmediatamente los jueces leyeron el fallo, los munícipes de San Francisco de Macorís se lanzaron a las calles en protesta.

Los alrededores del Palacio de Justicia fueron rodeados por personas que lanzaron piedras, basura y escombros a las calles, en rechazo a la decisión tomada por los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Inoa y Arelys Camacho.

Los acontecimientos violentos comenzaron dentro del salón de audiencias, pues mientras los jueces leían la sentencia, el señor Genaro Peguero, padre de Emely golpeó fuerte la mesa en donde estaba y salió maldiciendo que le impusieron sólo 5 años a Marlin, cuando el Ministerio Público solicitó 20 años.

También el abogado José Hoepelman, vociferó en el Tribunal que mientras en la Justicia se sigan buscando subterfugios para asegurar la impunidad “jamás tendremos el país que nos merecemos”.

Momentos después, cuando las partes salieron del Tribunal, Genaro, Peguero trató de agredir al abogado de Marlon, Ricardo Reina.

Luego comenzaron las protestas violentas y los cuerpos especializados de la Policía Nacional y del Ejército, más de 110 efectivos, trataron de dispersar las manifestaciones con bombas lacrimógenas.Motivaciones

Al dar su decisión, los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Inoa y Arelys Camacho motivaron que la Fiscalía no pudo demostrar que Marlin actuó en complicidad de su hijo Marlon, porque el día que ocurrió el crimen, Marlin se encontraba en la capital.

El magistrado Víctor Inoa explicó que la complicidad en un hecho no se establece luego de que ocurre, sino antes o durante. “Y en ese caso quedó demostrado que Marlin Martínez actuó luego de que su hijo le confesara lo ocurrido”.

El tribunal precisó que la expresión “resuelve tu problema y resuélvelo rápido” no constituye en modo alguno una orden para que su hijo practicara el aborto a la adolescente que terminó en un homicidio voluntario.

Los jueces calificaron como un acto inmoral la actitud de la madre de Marlon y fue por eso que la condenaron por ocultamiento de cadáver.

En el caso de Marlon Martínez, quien nunca se inmutó durante el juicio, fue condenado a 30 años, no por asesinato como establecía el Ministerio Público, sino por un homicidio voluntario y por haber incurrido en actos de barbarie, al golpear a su novia Emely Peguero y practicarle él mismo un aborto en el que le perforó el útero.

Marlon y Marlin también deberán pagar 20 millones de pesos a la familia de Emely Peguero como indemnización por daños y perjuicios causados.

Diario Libre 

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Abel Martínez dice DNCD entró a su oficina y orden de allanamiento tenía otra dirección

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, afirmó este viernes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) penetraron la residencia que ha utilizado como oficina a pesar de que en la orden de allanamiento tenía la dirección de otra propiedad.

“Malintencionado, por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización Paraíso, no obstante la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle”, aseguró Martínez.

Asimismo, reiteró que no vive en el lugar donde la DNCD realizó la pesquisa, sino que solo la alquila, añadiendo que lo ha hecho durante los últimos 15 años y que todas las personas que lo conocen saben que desde allí opera su base política.

Igualmente el integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo sentirse indignado por las acciones de la DNCD, calificándola como una violación de privacidad, y expresó que más allá de beneficiarse del narcotráfico, lo ha combatido, desde su época de ayudante de fiscal.

No los conoce
En cuanto a las personas buscadas por las autoridades, Martínez aseveró que no los conoce e indicó que espera que estos sean apresados.

El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.

FUENTE: Listín Diario

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