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Panorama

EEUU presenta cargos contra Raúl Gorrín por lavado de dinero; posee cuentas en Suiza y un banco en RD

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Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.

Raúl Gorrín fue acusado de pagar 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios a cambio de lucrativas operaciones con divisas extranjeras y de esconder los beneficios en propiedades de lujo en Manhattan y Florida.

No estuvo claro por qué las acusaciones de lavado de dinero y corrupción en el extranjero contra Gorrín, que tenían tres meses de antigüedad, fueron reveladas el lunes. Un documento judicial separado dijo que ahora estaba considerado prófugo.

Gorrín se convirtió en presidente de Globovisión poco después de que él y otros adquirieran la popular cadena televisiva en 2013 y suavizaran su cobertura antigubernamental.

Desde aproximadamente 2010, Gorrín habría pagado sobornos a dos funcionarios financieros venezolanos a cambio del derecho a realizar transacciones en divisas para el gobierno, dijo la fiscalía de Miami en un escrito de acusación en agosto.

El empresario también pagó supuestamente los gastos relacionados con tres aviones y los servicios veterinarios para varios caballos de competición, además de mediar en la compra de un yate de 4,35 millones de dólares.

Un abogado de Gorrín no respondió de inmediato a un correo electrónico pidiendo comentarios.

Gorrín es el más conocido de la llamada élite “boliburguesa”, cuyas enormes fortunas amasadas durante la revolución bolivariana del fallecido expresidente Hugo Chávez han sido escrutadas por la fiscalía estadounidense.

Pero al contrario que otros con conexiones en el gobierno, que han mantenido un perfil bajo, él intentó utilizar su influencia como magnate de los medios de comunicación para servir de posible puente con el habitualmente hostil gobierno de Donald Trump, consiguiendo incluso una fotografía robada de un apretón de manos con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante una visita a Florida el año pasado.

La acusación solicita la incautación de 24 propiedades en Florida y Nueva York supuestamente ligadas a Gorrín, incluyendo un ático en Manhattan de amplios ventanales que se vendió hace un año por más de 18 millones de dólares.

“Se espera que la pérdida potencial de millones de dólares en sus activos en Estados Unidos añada algo de urgencia a los esfuerzos de Gorrín por encontrar una estrategia de salida para desligarse de Venezuela y del mundo del régimen de Maduro”, señaló Russ Dallen, socio gerente del banco de inversión Caracas Capital, con sede en Miami.

Los rígidos controles de divisas en vigor en Venezuela desde hace más de una década han sido el principal impulsor de la corrupción, permitiendo que unos pocos privilegiados compren divisas al gobierno al sobrevalorado tipo de cambio oficial y las revendan en el mercado negro obteniendo enormes beneficios al instante.

Según la fiscalía, el pago de Gorrín a los funcionarios se negoció supuestamente en Florida y se realizó a través de empresas registradas en Panamá y de cuentas bancarias del empresario en Suiza, además de un banco, que no fue mencionado por su nombre, que adquirió en República Dominicana.

Un destinatario, identificado en la acusación como “Funcionario Extranjero 1”, aparece descrito como un funcionario de alto rango con influencia sobre el Tesoro venezolano entre 2007 y 2010. Esas fechas coinciden con el mandato de Alejandro Andrade, un exguardaespaldas de Chávez que ascendió hasta convertirse en tesorero nacional.

Según el documento, la misma persona está acusada de presentar a Gorrín y al “Funcionario Extranjero 2” y a su esposo _ un co-conspirador no identificado _ para continuar con la trama entre 2011 y 2013. Esas fechas coinciden con la etapa de Claudia Díaz, quien en su día fuera enfermera de Chávez, al frente del departamento.

Tras dejar el cargo, Andrade se trasladó al sur de Florida, donde adquirió una lujosa granja de caballos en Wellington, un exclusivo enclave conocido por sus caballos.

Díaz fue detenida en abril en España junto a su esposo, otro exguardaespaldas de Chávez.

La pareja está intentando evitar su extradición a Venezuela, donde enfrentan cargos por lavado de capitales.

Por otra parte, Gorrín también está siendo investigado en un caso que implica a varios empresarios conectados con el gobierno por el lavado de 1.200 millones de dólares de la empresa petrolera estatal PDVSA.

Aunque no aparece mencionado por su nombre en la acusación de julio, dos personas conocedoras del caso dijeron que él es “Conspirador 7”, a quien el documento judicial describe como el multimillonario propietario de una televisora venezolana.

Matthias Krull, un banquero suizo que colabora con la fiscalía en el caso, dijo bajo juramento que “Conspirador 7” le presentó a dos hombres identificados en los documentos judiciales como “Los Chamos”, quienes según las dos fuentes estadounidenses serían los hijos de una relación anterior de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y, por lo tanto, hijastros de Maduro.

FUENTE: El Nuevo Herald

JOSHUA GOODMAN Associated Press

Panorama

Gobierno decreta plan de austeridad; reduce gastos de viajes y compra de vehículos de lujo

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El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso mediante decreto 396-21, el plan de austeridad y racionamiento del gasto público, con el fin de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía nacional e internacional.

La disposición presidencial establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones, indicó el documento.

La disposición también alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto.

Entre las medidas que destacan está la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos.

De igual manera, quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.

Igualmente, solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada, que no tenga su base en alguna ley.

En cuanto a los vehículos oficiales, queda prohibido su uso durante fines de semana y días feriados.

Por otro lado, el decreto 396-21 también busca racionalizar el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los ministros de Defensa e Interior y Policía, una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.

De igual manera, queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del presidente y vicepresidenta de la República, ministros de Defensa e Interior y Policía, director general de la Policía Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el director del DNI.

En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

La responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República, agregó la nota de prensa del decreto.

Vía Diario Libre

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Panorama

Indotel dice reglamento provoca prestadoras aumenten 10 veces GB de Internet

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Las empresas de servicios de telecomunicaciones que operan en el país, deberán asumir la obligación de “asegurar la calidad del servicio de acceso a Internet”, advirtió en un comunicado el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El regulador señala, asimismo, que estas prestadoras deberán ceñir sus servicios “conforme lo establecido en la Norma de Calidad del Servicio de Telefonía y Acceso a Internet”.

Las medidas están contenidas en el Reglamento General del Servicio de Acceso a Internet emitido por el Indotel mediante la resolución 033-2020 para regular las relaciones en términos de derechos y obligaciones que impacta tanto a los usuarios como a las prestadoras.

El reglamento, junto a la resolución que precisa el uso del término ilimitado (resolución núm. 90-2020) obliga a las prestadoras a transparentar cualquier límite que pudiera haber en sus planes, que en ciertos casos estaban ambiguos u omitidos del contrato o política de uso del servicio.

Respondiendo a esto, hemos visto como empresas han revisado su política e incrementado hasta 10 veces los valores que tenían en algunos términos que habían quedado en la obsolescencia; respondiendo así a los objetivos del Indotel de desarrollar el sector de las telecomunicaciones en el país.

Sin embargo, el órgano regulador evaluará si los topes anunciados por las prestadoras resultan razonables, debido al incremento de la demanda de servicios digitales por parte de los usuarios y las características de los servicios contratados.

El reglamento entrará en vigencia este 1 de julio de 2021 y regula las relaciones entre las prestadoras que ofrecen acceso a Internet y sus usuarios en cualquiera de sus modalidades: postpago o prepago, fijo o móvil, independientemente de la tecnología que se utilice para la prestación del servicio, sea contratado en conjunto o de forma separada, indicó el Indotel.

Con esta medida el órgano regulador busca garantizar los derechos de cada una de las partes, y que cada uno de estos conozca de manera explícita sus respectivas obligaciones.

En dicho reglamento, el regulador refirió que este “es de obligado cumplimiento y deberá ser aplicado y observado por todas las prestadoras de servicios públicos de acceso a internet que operan en la República Dominicana”.

Explica que estas prestadoras deberán presentar al Indotel, con la entrada en vigencia del Reglamento, un plan de transición a IPv6 a partir del primero de julio del presente año 2021.

En cuanto a los casos de averías, el reglamento establece que los usuarios tendrán derecho a la aplicación de un crédito por la avería, total o parcial del servicio, por causas que no sean imputables al usuario, salvo casos de fuerza mayor.

Igualmente, las prestadoras deberán generar un crédito a favor del usuario en caso de degradaciones en el servicio de Internet fijo si la velocidad recibida es 10% menor a la contratada, de conformidad con las condiciones establecidas en el referido reglamento.

También establece que el contrato de prestación del servicio sea realizado de forma separada e independiente de la venta o financiamiento de equipos terminales.

Exige asimismo a las prestadoras garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad mediante la asistencia adecuada que asegure su acceso a las TIC.

Otro aspecto que señala este reglamento del Indotel, es que demanda información actualizada, suficiente y clara, respecto del servicio de acceso a Internet de parte de las prestadoras, tanto de forma verbal como escrita, facilitando la debida, amplia, veraz, precisa, completa y fidedigna información sobre todos los aspectos relacionados con el servicio de acceso a Internet.

Las prestadoras deberán informar a los usuarios sobre los principales factores que podrían limitar o degradar la velocidad efectiva del servicio experimentada por el usuario, diferenciando aquellos sobre los que sí tiene control la prestadora y los que son ajenos a la misma.

Deben reconocer los derechos de los usuarios del servicio de acceso a Internet, tales como: Acceder al servicio de acceso a Internet y uso de este en condiciones de continuidad, generalidad, igualdad, neutralidad, transparencia y calidad, de conformidad con los principios establecidos en la Ley, el referido Reglamento y otras normas aplicables a la materia.

También, acceder, descargar, cargar, subir o distribuir libremente información, contenidos, aplicaciones y servicios legales, sin discriminación o restricción por parte de las prestadoras del servicio de acceso a Internet, siempre y cuando no contravenga las leyes y reglamentaciones nacionales.

Los usuarios deberán utilizar equipos terminales que sean libremente elegidos por el mismo, siempre y cuando estén debidamente homologados por el Indotel, conforme al reglamento que establece, además, el “derecho a la seguridad en las redes o servicios, de manera que la prestadora garantice la seguridad e integridad de las comunicaciones”.

Otro aspecto que contempla esta regulación, es la que da derecho al usuario a acceder a Internet bajo el principio de neutralidad de la red, en el cual las concesionarias del servicio no podrán bloquear, interferir, ralentizar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios disponibles en Internet (salvo lo establecido en el artículo 12 del Reglamento al respecto de medidas razonables de gestión de tráfico, así como, lo establecido en el párrafo II del artículo 7 para planes del servicio de acceso a Internet móvil).

Fiscalización del servicio de acceso a internet

En el sector de las telecomunicaciones a nivel global es normal que proveedoras de servicios establezcan límites de consumo de data para las líneas fijas de telecomunicaciones; sin embargo, la promoción de la competencia permite que estas establezcan planes con altas cantidades de gigabits por mes de consumo.
Al mes de marzo 2021, en la República Dominicana, el total de líneas de internet alcanzó la cifra de 8, 944, 301.

La división por tipo de conexión da al internet fijo 1, 080, 679 de líneas, representando el 12% del total. Mientras que el total de líneas de internet móvil en el país alcanzó los 7, 863, 622.

El Indotel, vigilante de que las prestadoras de servicios den el servicio contratado a los usuarios, adquirió los equipos de medición de calidad, para verificar el cumplimiento de los indicadores de calidad exigidos por la Norma de Calidad de los Servicios de Telefonía y Acceso a Internet aprobada por la Resolución núm. 016-15.

Los resultados de estas mediciones serán publicados por el órgano regulador, para que de esta forma los usuarios conozcan los niveles de calidad ofrecidos por las prestadoras de servicios, y en caso de incumplimiento sancionará a la empresa que incurra en dicho acto.

Estas acciones obedecen al objetivo que tiene el Indotel de trabajar para la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, garantizando así la calidad y los precios justos que posibiliten la transformación digital en la República Dominicana.

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