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¡Qué buena noticia! unos 18 partidos recibirán menos dinero

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Unos 18 partidos minoritarios comenzarán a sentir los efectos de la Ley de Partidos Políticos a partir del 2019, pues se les asignará menos dinero que el que habían recibido hasta ahora por el nuevo criterio de reparto que introdujo el artículo 61 de la Ley 33-18.     

Para el 2019 los partidos tienen una asignación de mil 506 millones 599 mil pesos en el presupuesto nacional y la de este año fue de mil 260 millones, es decir 246 millones más que en el 2018, pero a pesar de eso 18 partidos tendrán menos recursos.

Contrario a lo que establece el artículo 50 de la Ley Electoral 275-97 de que el 12% de los recursos se distribuirá en partes iguales entre los partidos que no alcanzaron el 5% de los votos y el 8% restante en proporción a la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones, el artículo 61 de la Ley de Partidos manda a distribuir el 12% de los recursos entre los partidos que obtuvieron menos del 5% y mínimo el 1% y el 8% restante entre los que sacaron menos del 1%.

Según el resultado de las elecciones del 2016, en el nivel presidencial que es el que se toma en cuenta para la distribución de los recursos económicos, 18 partidos no llegaron al 1% de los votos; cuatro pasaron ese umbral pero no alcanzaron el 5%.

En ese grupo están el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) que sacó 46 mil 209 votos en su boleta presidencial para un 1.00%; el partido Movimiento Democrático Alternativo (Moda), que alcanzó 54 mil 209 votos para un 1.18%; el Partido Humanista Dominicano que logró 60 mil 95 votos para un 1.30% y Alianza País que sacó 84 mil 399 votos para un 1.83%.

Esos partidos recibirán el doble o más recursos a partir del próximo año, pues ahora se repartirán solo cuatro el 12% que antes correspondía a 18 organizaciones.

El Moda que recibe 17 millones a partir del 2019 recibirá más de 32 millones y el BIS que ahora tiene una asignación de 15 millones 662 mil pesos llegará a 27 millones 988 mil pesos.

Alianza País, de Guillermo Moreno, será el más beneficiado que este año recibió 22 millones 937 mil pesos en el 2019 recibirá más del doble de esa cantidad al pasar 51 millones 120 mil pesos; el PHD, que recibe en el 2018 más de 18 millones 307 mil pesos duplicará su monto a 36 millones 399 mil pesos.

Los partidos que recibirán menos recursos por no alcanzar el 1% son el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) que este año recibe un monto de 7 millones 273 mil pesos, para el 2019 solo recibirá 2 millones 496 mil pesos.

El Partido de Unidad Nacional (PUN) que recibió este año 7 millones 942 mil pesos, para el 2019 reducirá su asignación a 3 millones 334 mil pesos.

Otros partidos que recibirán menos dinero son el Partido Revolucionario Independiente (PRI) que este año recibió más de ocho millones y su cuota se reducirá a 3 millones 161 mil pesos; el PDI, que postula a Ramfis Domínguez Trujillo, recibió en el 2018 8 millones 63 mil pesos su aporte se reducirá a 3 millones 298 mil pesos y el Partido Popular Cristiano (PDP) que recibió más de 8 millones 440 mil pesos, reducirá a 3 millones 526 mil pesos.

Otros afectados son el Partido de Acción Liberal (Pal), Partido Socialista Verde que postula a Karim Abud, Alianza por la Democracia (APD) Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido de los Trabajadores Dominicanos, Partido Liberal Reformista de Amable Aristy Castro, Unión Demócrata Cristiana (UDC), Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio y e Partido Cívico Renovador (PCR).

TC decide acción sobre distribución recursos
Hasta ahora la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos se hace en base a la votación obtenida en el nivel presidencial, sin embargo, eso podría variar si el Tribunal Constitucional acoge un recurso de inconstitucionalidad que depositó la Junta Central Electoral (JCE) en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la resolución que estableció el criterio del promedio de la votación obtenida por los partidos en todos los niveles para distribuir los recursos que reciben del Estado.

Partidos pegan grito al cielo por reducción
La situación de la mayoría de los partidos minoritarios generó preocupación en el Foro Permanente de Partidos Políticos (Foppredom), que incluso pidieron que se impulse una iniciativa conjunta para que la distribución en los próximos dos años se haga como establece la Ley 275-97 y no bajo el nuevo criterio que establece la Ley de Partidos. Un grupo de partidos sometió un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue rechazado por la sentencia 0218 al considerar que el monto de los recursos no son derechos adquiridos.

El Caribe 

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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