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Panorama

Arrendatario de Cinema Café denuncia que Cultura le viola sus derechos; reconoce deuda

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El administrador de Cinema Café, establecimiento que fue cerrado por el Ministerio de Cultura luego de que se dispuso la intervención de las instituciones ubicadas en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte con el propósito de repararlas, denunció que le han violentado sus derechos desde 2005.

Así lo expuso el señor Víctor Esteve en una carta remitida al director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada en la que expone la relación comercial que ha mantenido con las autoridades de la Cinemateca Nacional (está ubicado en las mismas instalaciones), las cuales se deterioraron a partir de 2007 cuando recibieron una notificación de la administración del entonces ministro de cultura, José Rafael Lantigua, en el que le informaron que daban por finalizado el contrato.

Además de la carta al director de DL, Esteve anexó copia de una certificación de alquileres del Bagrícola, la institución bancaria estatal en la que los inquilinos pueden depositar el pago de la renta de un inmueble en el que se establece que Esteve pagó doscientos cuatro mi ciento veinticinco pesos correspondiente a julio de 2007 hasta julio de 2009.

“Cinema Café es un proyecto concebido como espacio de difusión cultural donde los artistas locales, tanto los noveles como los consagrados, tienen la oportunidad de presentar sus propuestas. Es un espacio abierto, democrático y de colaboración conjunta para la difusión del arte y la cultura dominicanos que se ha consagrado con el paso de los años, con los más de 3, 000 mil conciertos realizados, cumpliendo una importante función social para los artistas dominicanos”, puntualizó el empresario.

Recordó que alquiló el local en 2004 luego de que se abrió un concurso para su arrendamiento cuando ocupa la dirección de la Cinemateca Nacional el cineasta Agliberto Meléndez, ocasión en la que ganó el concurso para ocuparlo durante tres años y su renovación automática.

“En ese entonces, los pagos de alquiler acordados se realizaban en efectivo en las oficinas de la Cinemateca Nacional donde eran entregados al señor Manuel de la Cruz y posteriormente a la señora Germania Santana. Esta última, aún labora en las oficinas de dicha dependencia. En el mes de julio de 2007 recibimos un acto de alguacil en el que el entonces ministro de cultura, José Rafael Lantigua, nos notifica de la rescisión del contrato de arrendamiento. En ese entonces, nuestro abogado, Guillermo Sterling, se comunicó con el Ministerio de Cultura para que reconsideraran esta decisión. Además, un grupo importante de artistas elevó una solicitud a esa dependencia a los mismos fines. Ante esta reacción social, el Ministerio cesó en su intento de rescindir el contrato”, señaló.

Agregó: “No obstante dicha acción nuestros pagos de alquiler no fueron aceptados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, por lo que desde julio de 2007 hasta julio de 2009 nos vimos obligados a realizarlos ante el Banco Agrícola. Cabe destacar que desde 2005, el Ministerio de Cultura ha vulnerado nuestros derechos contractuales con firme intención de que abandonáramos el espacio, entre la que citamos la clausura al acceso y funcionamiento de nuestro establecimiento por tres meses”, comentó.

Entre las acciones que considera violatorias, figura el cierre de manera “arbitraria y sin aviso previo el acceso a Cinema Café desde la Cinemateca Nacional, impidiendo el paso de entrada al negocio y el uso de los baños compartidos por ambos establecimientos. De manera antojadiza se ha clausurado los accesos a la Plaza de la Cultura sin previo aviso en diferentes ocasiones, vulnerando nuestros derechos comerciales y afectado directamente el flujo de clientes”.

Víctor Esteve detalló que desde 2009 decidió retener los pagos de alquiler debido a que no se produjo acercamiento alguno con funcionarios del Ministerio de Cultura para buscarle una salida viable a la situación. “Decidimos retener los pagos de alquiler a los fines de forzar un diálogo con los funcionarios, para puntualizar los detalles de nuestro contrato de arrendamiento, tratar de frenar los abusos, atropellos y desconsideraciones que veníamos sufriendo y lograr que el Ministerio de Cultura cumpla con sus obligaciones contractuales”, explicó.

El gerente de Cinema Café reconoció tener una deuda por el alquiler de Cinema Café que asciende a RD$1,313,008.00, confirmado dicho valor en las oficinas del Banco Agrícola. “Estos fondos han estado siempre disponibles a la espera de que el Ministerio de Cultura responda nuestra quejas y regularice su obligación contractual.

Víctor Esteve refirió que ha recibido informaciones de funcionarios del Ministerio de Cultura en el sentido de que existe un deseo de sacarlo del lugar. “Ahora además intenta denostar a nivel social cuando la falta real ha sido del propio Ministerio. En esta ocasión, la remodelación les ha brindado un pretexto para sacarnos sin verse obligados a dar cumplimiento a sus obligaciones, incurriendo en una falta extremadamente grave, pues se vulnera el debido proceso de ley, en perjuicio nuestro”, escribió.

Para encarar los supuestos atropellos, Esteve se querelló contra el Ministerio de Cultura en la Procuraduría General de la República.

La posición del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura remitió el pasado miércoles un comunicado en el que sostuvo que Esteve no ha honrado sus compromisos. Así lo hizo saber a través de un comunicado que cuyo texto es el siguiente:

El Ministerio de Cultura aclaró que no dispone de registro de que el propietario de Cinema Café, José Esteve, pagara por el alquiler del espacio arrendado desde el mismo 2 de julio del 2004, cuando firmó el contrato.

En una declaración remitida a los medios, se establece que de los 18 años de arrendamiento, no hay registro que pruebe que haya honrado el compromiso contraído en el contrato firmado.

Agrega que el 19 de febrero del 2008, hace 10 años, el señor Esteve notificó al Ministerio de Cultura una oferta real de pago de la deuda contraída hasta esa fecha, en reacción a una comunicación que en ese entonces se le hiciera, en el sentido de que este ente del Estado no estaba interesado en mantener el espacio arrendado.

“En esa notificación, Esteve comunicó que a partir de esa fecha iba a depositar en el Banco Agrícola lo adeudado hasta el 2018, más los pagos de mensualidades”, según consta en los documentos que reposan en la dirección Jurídica del Ministerio de Cultura.

Recientemente, el Ministerio de Cultura solicitó al Banco Agrícola una certificación respecto a los depósitos hechos por Esteve, a lo que dicho banco certificó que no tiene registro alguno de depósito o pago del ciudadano español Víctor Esteve por el arrendamiento del espacio que ocupó en Cinemateca Dominicana por cerca de 14 años.

Recientemente, se le requirió a Esteve que desalojara el inmueble, porque el Museo de Historia Natural y Geografía iba a ser remodelado; solicitud que acogió, retirando parte del mobiliario, llegando incluso a anunciar en las cuentas de Cinema Café en Facebook e Instagram, el fin de las operaciones de ese establecimiento.

En conclusión, en el Ministerio de Cultura no existe registro de que el señor Esteve haya pagado por el arrendamiento del espacio, desde el 2004 hasta la fecha 2018. Tampoco en la Dirección General de Cine (DGCine), a la que pertenece la Cinemateca Dominicana, existe constancia de que hiciera allí dichos pagos.

El Ministerio de Cultura lamentó que al señor Esteve se le permitiera por tantos años usufructuar un bien público, donde además de no pagar las mensualidades del espacio físico arrendados, hacía uso de otros servicios sin costo alguno de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Severo Rivera/ Diario Libre 

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Diputados aprueban acuerdo con Pfizer para adquirir 8 millones de su vacuna a costo de US$95.9 millones

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La Cámara de Diputados aprobó en única lectura la resolución aprobatoria del acuerdo entre el gobierno dominicano y la farmacéutica Pfizer, para el suministro de casi ocho millones de dosis (7,999,875) de su vacuna para prevenir el contagio de la Covid-19.

La compra de las vacunas tendrá un costo total de casi 96 millones de dólares, (unos US$95,998,500 específicamente).

El acuerdo aprobado es sobre el Pliego de Condiciones Vinculantes entre el Estado dominicano, representando por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social y Pfizer, Inc, por lo que aún resta la presentación del contrato definitivo.

El acuerdo ya había sido aprobado por el Senado de la República en la pasada sesión del 19 de enero, por lo que el Poder Ejecutivo podrá proceder con la definición del contrato definitivo con la farmacéutica.

Según el Pliego de Condiciones Vinculantes, la vacunas serían entregadas a partir de según trimestre del año, «pero Pfizer no se hace responsable de no cumplir con la fecha específica y que el gobierno no podrá cancelar el pedido».

«Los proveedores no serán responsables de que no se entreguen las dosis de conformidad con las fechas estimadas de entrega establecidas en el presente documento… Y dicho incumplimiento no le dará al Ministerio de Salud Pública ningún derecho a cancelar pedidos de cualquier cantidad de la vacuna», señala el documento.

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Mujer desestima querella por agresión sexual contra Faña pero MP seguirá con el caso

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Una fuente reveló a CDN que María Isabel Flores Encarnación desistió de la demanda contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicana (IAD), Leonardo Faña, a quien acusaba de abuso sexual y acoso laboral.

Informaciones llegadas al medio dan cuenta de que Flores Encarnación envío un documento a la Fiscalía del Distrito Nacional donde asienta su desistimiento de la denuncia por distintas modalidades de violencia de género contra Faña, pero no explica los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia del Distrito Nacional estaba apoderada de una denuncia por agresión sexual en contra de Leonardo Faña, de parte de la encargada financiera de la institución, María Isabel Flores Encarnación.

Por su parte el procurador titular de la corte del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, confirmó que recibió la notificación del desistimiento de la querella.

Sin embargo, Del Carmen Sepúlveda recordó que “cuando se produce el desistimiento de una querella de acción pública, el Ministerio Público continúa con la acción penal, tal y como lo establece el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo 30”.

Sobre la obligatoriedad de la acción pública, el artículo 30 establece: “El Ministerio Público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia.

La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes”.

La denuncia por agresión sexual en contra de Leonardo Faña, suspendido por el Poder Ejecutivo de sus funciones como director del IAD, fue incoada el pasado 18 de enero por ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género, dependencia que la tramitó ante la Procuraduría Regional de la Corte de Apelación del Distrito Nacional atendiendo al privilegio de jurisdicción.

 

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