Panorama
Arrendatario de Cinema Café denuncia que Cultura le viola sus derechos; reconoce deuda
El administrador de Cinema Café, establecimiento que fue cerrado por el Ministerio de Cultura luego de que se dispuso la intervención de las instituciones ubicadas en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte con el propósito de repararlas, denunció que le han violentado sus derechos desde 2005.
Así lo expuso el señor Víctor Esteve en una carta remitida al director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada en la que expone la relación comercial que ha mantenido con las autoridades de la Cinemateca Nacional (está ubicado en las mismas instalaciones), las cuales se deterioraron a partir de 2007 cuando recibieron una notificación de la administración del entonces ministro de cultura, José Rafael Lantigua, en el que le informaron que daban por finalizado el contrato.
Además de la carta al director de DL, Esteve anexó copia de una certificación de alquileres del Bagrícola, la institución bancaria estatal en la que los inquilinos pueden depositar el pago de la renta de un inmueble en el que se establece que Esteve pagó doscientos cuatro mi ciento veinticinco pesos correspondiente a julio de 2007 hasta julio de 2009.
“Cinema Café es un proyecto concebido como espacio de difusión cultural donde los artistas locales, tanto los noveles como los consagrados, tienen la oportunidad de presentar sus propuestas. Es un espacio abierto, democrático y de colaboración conjunta para la difusión del arte y la cultura dominicanos que se ha consagrado con el paso de los años, con los más de 3, 000 mil conciertos realizados, cumpliendo una importante función social para los artistas dominicanos”, puntualizó el empresario.
Recordó que alquiló el local en 2004 luego de que se abrió un concurso para su arrendamiento cuando ocupa la dirección de la Cinemateca Nacional el cineasta Agliberto Meléndez, ocasión en la que ganó el concurso para ocuparlo durante tres años y su renovación automática.
“En ese entonces, los pagos de alquiler acordados se realizaban en efectivo en las oficinas de la Cinemateca Nacional donde eran entregados al señor Manuel de la Cruz y posteriormente a la señora Germania Santana. Esta última, aún labora en las oficinas de dicha dependencia. En el mes de julio de 2007 recibimos un acto de alguacil en el que el entonces ministro de cultura, José Rafael Lantigua, nos notifica de la rescisión del contrato de arrendamiento. En ese entonces, nuestro abogado, Guillermo Sterling, se comunicó con el Ministerio de Cultura para que reconsideraran esta decisión. Además, un grupo importante de artistas elevó una solicitud a esa dependencia a los mismos fines. Ante esta reacción social, el Ministerio cesó en su intento de rescindir el contrato”, señaló.
Agregó: “No obstante dicha acción nuestros pagos de alquiler no fueron aceptados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, por lo que desde julio de 2007 hasta julio de 2009 nos vimos obligados a realizarlos ante el Banco Agrícola. Cabe destacar que desde 2005, el Ministerio de Cultura ha vulnerado nuestros derechos contractuales con firme intención de que abandonáramos el espacio, entre la que citamos la clausura al acceso y funcionamiento de nuestro establecimiento por tres meses”, comentó.
Entre las acciones que considera violatorias, figura el cierre de manera “arbitraria y sin aviso previo el acceso a Cinema Café desde la Cinemateca Nacional, impidiendo el paso de entrada al negocio y el uso de los baños compartidos por ambos establecimientos. De manera antojadiza se ha clausurado los accesos a la Plaza de la Cultura sin previo aviso en diferentes ocasiones, vulnerando nuestros derechos comerciales y afectado directamente el flujo de clientes”.
Víctor Esteve detalló que desde 2009 decidió retener los pagos de alquiler debido a que no se produjo acercamiento alguno con funcionarios del Ministerio de Cultura para buscarle una salida viable a la situación. “Decidimos retener los pagos de alquiler a los fines de forzar un diálogo con los funcionarios, para puntualizar los detalles de nuestro contrato de arrendamiento, tratar de frenar los abusos, atropellos y desconsideraciones que veníamos sufriendo y lograr que el Ministerio de Cultura cumpla con sus obligaciones contractuales”, explicó.
El gerente de Cinema Café reconoció tener una deuda por el alquiler de Cinema Café que asciende a RD$1,313,008.00, confirmado dicho valor en las oficinas del Banco Agrícola. “Estos fondos han estado siempre disponibles a la espera de que el Ministerio de Cultura responda nuestra quejas y regularice su obligación contractual.
Víctor Esteve refirió que ha recibido informaciones de funcionarios del Ministerio de Cultura en el sentido de que existe un deseo de sacarlo del lugar. “Ahora además intenta denostar a nivel social cuando la falta real ha sido del propio Ministerio. En esta ocasión, la remodelación les ha brindado un pretexto para sacarnos sin verse obligados a dar cumplimiento a sus obligaciones, incurriendo en una falta extremadamente grave, pues se vulnera el debido proceso de ley, en perjuicio nuestro”, escribió.
Para encarar los supuestos atropellos, Esteve se querelló contra el Ministerio de Cultura en la Procuraduría General de la República.
La posición del Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura remitió el pasado miércoles un comunicado en el que sostuvo que Esteve no ha honrado sus compromisos. Así lo hizo saber a través de un comunicado que cuyo texto es el siguiente:
El Ministerio de Cultura aclaró que no dispone de registro de que el propietario de Cinema Café, José Esteve, pagara por el alquiler del espacio arrendado desde el mismo 2 de julio del 2004, cuando firmó el contrato.
En una declaración remitida a los medios, se establece que de los 18 años de arrendamiento, no hay registro que pruebe que haya honrado el compromiso contraído en el contrato firmado.
Agrega que el 19 de febrero del 2008, hace 10 años, el señor Esteve notificó al Ministerio de Cultura una oferta real de pago de la deuda contraída hasta esa fecha, en reacción a una comunicación que en ese entonces se le hiciera, en el sentido de que este ente del Estado no estaba interesado en mantener el espacio arrendado.
“En esa notificación, Esteve comunicó que a partir de esa fecha iba a depositar en el Banco Agrícola lo adeudado hasta el 2018, más los pagos de mensualidades”, según consta en los documentos que reposan en la dirección Jurídica del Ministerio de Cultura.
Recientemente, el Ministerio de Cultura solicitó al Banco Agrícola una certificación respecto a los depósitos hechos por Esteve, a lo que dicho banco certificó que no tiene registro alguno de depósito o pago del ciudadano español Víctor Esteve por el arrendamiento del espacio que ocupó en Cinemateca Dominicana por cerca de 14 años.
Recientemente, se le requirió a Esteve que desalojara el inmueble, porque el Museo de Historia Natural y Geografía iba a ser remodelado; solicitud que acogió, retirando parte del mobiliario, llegando incluso a anunciar en las cuentas de Cinema Café en Facebook e Instagram, el fin de las operaciones de ese establecimiento.
En conclusión, en el Ministerio de Cultura no existe registro de que el señor Esteve haya pagado por el arrendamiento del espacio, desde el 2004 hasta la fecha 2018. Tampoco en la Dirección General de Cine (DGCine), a la que pertenece la Cinemateca Dominicana, existe constancia de que hiciera allí dichos pagos.
El Ministerio de Cultura lamentó que al señor Esteve se le permitiera por tantos años usufructuar un bien público, donde además de no pagar las mensualidades del espacio físico arrendados, hacía uso de otros servicios sin costo alguno de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Severo Rivera/ Diario Libre
Panorama
Interponen recurso contra designación de Juan Manuel Méndez en el Intrant
Será este miércoles cuando formalmente sea sometido a la justicia la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por considerarse irregular.
La acción legal será depositada a la 1:00 de la tarde ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), informó el consultor vial y comunicador Dary Terrero, quien insistió en que el funcionario carece de las condiciones técnicas requeridas para dirigir dicha institución.
Terrero explicó que el recurso había sido presentado la mañana de ayer a través de su abogado, Víctor Eddy Mateo Vásquez, pero debió ser retirado temporalmente debido a un error de redacción que lo catalogaba como general activo, cuando en realidad Méndez se encuentra en condición de retiro como miembro del Ejército de la República Dominicana.
El 16 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo designó a Méndez al frente del Intrant mediante el decreto 551-26, nombramiento que según Terrero no se corresponde con el perfil del funcionario, partiendo de que este no cumple los requisitos de ley que son necesarios para ocupar dicha posición, incluyendo títulos universitarios.
Tras darse a conocer la pasada semana su sometimiento, el director del Intrant publicó en sus redes sociales una serie de diplomas universitarios que avalan su preparación académica.
“Aunque hace unos añitos que me gradué de abogado, a los 22 años, luego, hace 23 años, hice una especialidad. Creo que ni mis hijos lo sabían, pero gracias a Dios, aunque si muero y vuelvo a nacer me engancho a la guardia”, escribió el funcionario.
Todo el mundo conoce que, en la República Dominicana, a partir de la ley que crea el Ministerio de Administración Pública, ningún dominicano puede ocupar una posición técnica para la cual no esté formado”, subrayó Terrero al conversar con El Nacional esta mañana.
Agregó que el artículo 13 de dicha legislación establece que quien aspire a dirigir la entidad debe poseer no solo un título universitario, sino también formación específica en el área.
Vía El Nacional
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Eduardo Hidalgo pide auditar RD$1,251 millones destinados al Bono a Mil
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió este martes que sean auditados los RD$1,251 millones destinados al programa Bono a Mil, al tiempo que reclamó una explicación pública sobre quiénes son los beneficiarios y cuáles son los criterios utilizados para incluir a las familias en esa iniciativa.
Durante una entrevista en el prograna El Despertador, Hidalgo expresó preocupación por el manejo del programa y consideró necesario que las autoridades rindan cuentas sobre el destino de esos recursos y el impacto que ha tenido la iniciativa entre las familias con estudiantes del sistema público.
“Necesitamos que eso se audite. Que se audite. Y necesitamos que se rinda cuentas”, expresó Hidalgo.
El dirigente magisterial sostuvo que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, por lo que entiende que debe explicarse a la ciudadanía quiénes reciben el beneficio y bajo cuáles condiciones son seleccionados.
Cuestiona impacto del programa
Hidalgo manifestó que la ADP ha expresado preocupación desde hace tiempo sobre la forma en que se manejan este tipo de ayudas y planteó que, además de conocer a los beneficiarios, debe evaluarse el impacto que tiene el incentivo en el acompañamiento de los padres a sus hijos.
El presidente de la ADP señaló que existen situaciones en las que los estudiantes dejan de asistir a clases, principalmente después de días feriados, por lo que consideró necesario analizar también el compromiso de las familias beneficiadas con la asistencia escolar.
Reclama explicación sobre aulas para niños de tres años
Durante la entrevista, Hidalgo también pidió al Ministerio de Educación rendir un informe sobre las 300 aulas para niños y niñas de tres años anunciadas en 2022 como parte de un plan piloto.
Recordó que la ADP respaldó la iniciativa porque permitiría reducir la brecha existente desde la educación inicial entre estudiantes del sistema público y aquellos que pueden ingresar desde edades más tempranas a centros privados.
Según explicó, proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística situaban en alrededor de 153 mil la cantidad de niños de tres años para 2026, lo que representaría una necesidad cercana a 7,000 aulas, tomando como referencia grupos de aproximadamente 20 estudiantes.
Hidalgo sostuvo que las 300 aulas anunciadas no resolverían completamente el déficit, pero sí representarían un avance, por lo que reclamó información sobre su estado actual.
“¿Qué pasó con esas 300 aulas que se anunciaron?”, cuestionó.
ADP estima unos 300 mil estudiantes sin cupo
El presidente del gremio informó además que un estudio de la ADP establece que alrededor de 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encontraron cupo por falta de aulas.
Explicó que el sindicato no se opone a que los centros inscriban a todos los estudiantes que soliciten un espacio, pero advirtió que esa medida ha provocado sobrepoblación en diferentes planteles.
De acuerdo con Hidalgo, aulas diseñadas para 25 estudiantes están recibiendo entre 35 y 40, mientras que en algunos liceos existen cursos con 50 y hasta 55 alumnos, situación que, según planteó, afecta la calidad de la enseñanza.
Centros no iniciaron clases por problemas de infraestructura
Hidalgo indicó que varios planteles no pudieron iniciar el año escolar debido a trabajos de infraestructura pendientes.
Entre los casos mencionó el Liceo Unión Panamericana, donde los trabajos de mantenimiento se realizaron próximo al comienzo de las clases, pese a que, a su juicio, debieron ejecutarse durante junio o julio.
También citó la situación de un liceo de Blanco Arriba, Tenares, cuyos estudiantes han recibido docencia en espacios improvisados mientras esperan la terminación de su centro educativo.
Asimismo, aseguró que más de 40 centros en Higüey no pudieron comenzar las clases por problemas de infraestructura y que en San Pedro de Macorís entre 25 y 30 planteles enfrentaron dificultades similares.
Cuestiona ejecución de recursos
Sobre los problemas de infraestructura, Hidalgo descartó inicialmente que la principal causa sea la falta de recursos económicos y cuestionó que cada año queden partidas sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las escuelas.
Indicó que las autoridades deben explicar si los retrasos responden a dificultades burocráticas u otros factores, debido a que existen centros que permanecen con trabajos pendientes al inicio de cada período escolar.
Solo 43 % recibiría agua los cinco días
Otro de los problemas señalados por Hidalgo fue el suministro de agua en las escuelas.
Según explicó, alrededor del 43 % de los centros recibe agua durante los cinco días de la semana, mientras que el resto enfrenta diferentes niveles de interrupción.
Algunos planteles reciben agua dos o tres días, mientras que otros pueden permanecer sin el servicio, afectando baños, lavamanos y cocinas.
Hidalgo planteó que en esos casos deben buscarse alternativas, como reparación de bombas, construcción de cisternas o pozos y contratación de camiones de agua cuando sea necesario.
Rechaza cobros en escuelas públicas
El presidente de la ADP aseguró que la organización se opone al cobro de inscripción o reinscripción en escuelas públicas.
Explicó que esta práctica se estaría produciendo en algunos centros educativos administrados mediante convenios con iglesias u otras entidades, pese a que reciben recursos del Ministerio de Educación.
Según afirmó, en algunos centros se estarían cobrando cuotas de RD$200 y RD$500.
Hidalgo pidió al Ministerio de Educación investigar esos casos y sostuvo que esos planteles reciben transferencias precisamente para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Denuncia retrasos en transferencias
Hidalgo también denunció retrasos en la entrega de las transferencias económicas que reciben las escuelas para cubrir gastos operativos.
Afirmó que, pese a encontrarse ya en agosto, los centros habían recibido solo una transferencia, aunque estas deberían realizarse trimestralmente.
Esos recursos son utilizados para comprar materiales gastables y productos de limpieza, reparar puertas, ventanas y tuberías, así como adquirir agua cuando los planteles enfrentan dificultades con el suministro.
El dirigente explicó que la falta de esos fondos puede dejar deudas en manos de los directores y las juntas de centro, dificultando el acondicionamiento de las escuelas.
Técnicos mantienen pagos pendientes
Sobre los incentivos por evaluación del desempeño correspondientes a técnicos del sistema educativo, Hidalgo aseguró que todavía existe un grupo que no ha recibido esos recursos.
Reconoció que otros técnicos sí fueron pagados, aunque aclaró que la ADP no maneja la cantidad exacta de personas pendientes debido a que ese personal pertenece a otra organización sindical.
ADP se desvincula de protesta
Hidalgo también aclaró que la protesta realizada durante el acto oficial de apertura del año escolar no fue organizada por la ADP.
Indicó que la persona vinculada a la manifestación estuvo anteriormente contratada por el sindicato, pero no está nombrada como maestro en el Ministerio de Educación y, por tanto, no forma parte actualmente de la ADP.
Según explicó, la organización emitió un comunicado para desautorizarlo a hablar en nombre del gremio.
Pide mejorar salarios del personal de apoyo
Aunque rechazó la forma en que se produjo la protesta, Hidalgo afirmó que la ADP sí ha planteado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de apoyo de las escuelas.
Cuestionó que trabajadores encargados de la vigilancia y limpieza de los centros educativos devenguen alrededor de RD$14,000 mensuales y aseguró que el gremio ha llevado ese reclamo ante las autoridades educativas.
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