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Propagas asegura divulgación de audio es una muestra de mala intención de Polyplas
Directivos de la empresa Propagas calificaron este jueves como una “muestra de mala intención, falta de solidaridad y de responsabilidad” la divulgación de un audio en el que el presidente de esta empresa discute con el director de Polyplas sobre el comunicado en que la fábrica de plásticos relaciona a la empresa de combustible con la explosión ocurrida el 5 de diciembre en Villas Agrícolas.
En un comunicado, la compañía asegura que dicho audio “extraña y sorprende” por las palabras utilizadas y la divulgación por todas las vías del contenido, que afirman fue manipulado.
Asimismo el documento sostiene, que dicho audio es solo un fragmento “de una de las conversaciones sostenidas con ejecutivos de Polyplas” y que a raíz de su divulgación el señor Arturo Santana, presidente del grupo Propagas, ha sido objeto de múltiples ataques y cuestionamientos.
“Resultaría absurdo imaginar que las negociaciones entre las empresas Nat-Gas y Polyplas serían armoniosas en su totalidad, pues, nadie desea para sí aquello que no traiga consigo parabienes. En este momento, ambas empresas enfrentan una situación difícil y, al efecto, cada una deberá defender –con todas sus armas- sus intereses y patrimonios. No obstante, en todas las confrontaciones siempre hay un contendor que trae consigo malas intenciones y en cualquier momento las expone sin pudor. La divulgación del audio anteriormente referido es una muestra de mala intención, falta de solidaridad y de responsabilidad de aquel que lo ha disgregado”, expresa el documento.
Según el comunicado, la compañía (Propagas) defendió las declaraciones de Santana, indicando que las mismas “son las propias de un hombre que defiende con vehemencia, pasión y responsabilidad la empresa que ha construido a lo largo de toda una vida profesional, como lo haría un padre a un hijo”.

Los empresarios Arturo Santana Reyes (izquierda) y Manuel Diez Cabral. ( ARCHIVO)
El audio viral
Ejecutivos de las empresas Polyplas y Propagas se vieron enfrascados en una acalorada discusión en la que se buscaba establecer responsabilidades respecto a la tragedia que ocasionó la explosión el miércoles 5 del mes en curso, en las instalaciones de la fábrica de plásticos ubicada en el sector Villas Agrícolas, dejando un saldo de ocho muertos y decenas de heridos.
La discusión se produjo a raíz del comunicado que Polyplas publicó en un espacio pagado en varios medios el lunes 10 de diciembre, y donde explica las circunstancias en que habría ocurrido la explosión ocasionada por una desproporcionada fuga de gas natural; combustible que era trasvasado desde un camión de Propagas, como explicó la primera empresa.
Analiza aspecto legal
El licenciado Guillermo Estrella María, abogado de Propagas, reconoce que desde el punto de vista estrictamente legal, son muchas son las conjeturas o fórmulas jurídicas que pudieran aplicarse ante la divulgación de la grabación en cuestión y en lo que a su contenido respecta, resaltando de entrada que se trata de una conversación en un tono firme que ha querido juzgarse como “amenazante”.
Al evaluar las condiciones que deben darse para que una amenaza sea configurada como delito, recuerda que los artículos 307 y 308 del Código Penal plantean tres condiciones principales: Primero, que la amenaza sea verbal; segundo, que se imponga una condición; y tercero, que la amenaza incluya intimidación a través de violencia o vías de hecho.
“En ese sentido, si se escucha con claridad y objetividad la conversación privada ya divulgada, la única vía de constreñimiento de la que hace mención el señor Arturo Santana es la de advertir que hará uso de su derecho a activar las vías jurisdiccionales que el legislador dispuso a su favor para proteger su buen nombre y la imagen corporativa de la empresa que encabeza”, indicó el jurista en entrevista con el periódico Diario Libre.
Entiende que en este caso no se configuran todos los elementos que constituyen la amenaza como delito, ya que no existe disposición jurídica que limite a las personas a no advertir a su contraparte –en el escenario y a través de los medios que sea- que, de no hacer aquello que entiende correcto, hará uso de la vía judicial.
Defiende trayectoria de Arturo Santana
En una parte de sus declaraciones sobre el incidente, Estrella Ramia defiende la trayectoria empresarial y la integridad personal de Santana, a quien describe como una persona intachable.
“Basta con verificar su historial de hombre íntegro, trabajador, sensible y con capacidad suficiente como para haber alcanzado el éxito empresarial liderando por más de 50 años a la que hoy se reconoce como la empresa más sólida en el país, dentro del sector de los combustibles”, puntualizó.
“Hacer fortuna puede ser, para muchos, el principal objetivo en la vida. Hay quienes la crean ejecutando todo cuanto tengan que hacer para ello, sin distinguir entre lo que moralmente se reconoce como bueno o malo. Sin embargo, existen otra clase de personas que comparten con las primeras la intención de ver crecer su patrimonio, pero que prefieren enriquecerse a base de trabajo arduo, constante, de sol a sol, sin excusas y, sobretodo, apegado a los más estrictos valores morales”, manifiesta Estrella Ramia.
Y agrega: “precisamente, a ese segundo grupo de personas pertenece el señor Arturo Santana, presidente del Grupo Propagas, empresa que ha estado en los últimos días envuelta en la tormenta que ha dejado el siniestro que se generó el pasado 5 de diciembre en la empresa Polyplas”.
“A pesar de lo planteado, de nada sirve al hombre la riqueza material si no conserva la moral. Resulta más difícil, entonces, sostener a través del tiempo la honra y el buen nombre que adornan a un ser humano. De ahí que, la buena imagen y el buen nombre sean de los bienes intangibles más protegidos cuando se habla de la vida en sociedad”, expresó.
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Caso Senasa: Juez se reserva para este domingo fallo sobre medidas de coerción
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para este domingo, a las 6:00 de la tarde, la decisión sobre las medidas de coerción solicitadas contra los imputados en el caso Senasa, tras concluir la audiencia de conocimiento.
La decisión fue anunciada luego de una extensa jornada judicial que se prolongó por más de 12 horas, durante la cual el Ministerio Público concluyó la presentación de sus argumentos ante el tribunal.
La exposición estuvo a cargo de los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes detallaron los elementos que, según sostienen, comprometen la responsabilidad penal de los acusados.
Posteriormente, las defensas de los imputados hicieron uso de la palabra para responder a las acusaciones y presentar sus objeciones a la solicitud de medidas.
Operación Cobra
El Ministerio Público informó el pasado fin de semana el lanzamiento de la denominada “operación Cobra”, una investigación que busca esclarecer la presunta sustracción de fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Como parte de este operativo, las autoridades realizaron alrededor de una docena de allanamientos simultáneos, con la participación de más de 20 fiscales y aproximadamente 200 agentes policiales.
Entre los implicados figuran Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa entre 2020 y 2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución en el mismo período; y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del organismo.
También están vinculados al proceso Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud de Senasa; Ramón Alan Speakler Mateo, empleado de la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S. A.
La lista de imputados incluye además a Cinty Acosta Sención, gerente de Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó a las autoridades la tarde del martes 8 de noviembre; y Heidi Mariela Pineda.
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Dos imputados caso Senasa comerán lechón en su casa en Nochebuena
Ministerio Público pide variar a arresto domiciliario la medida de coerción para Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
El Ministerio Público solicitó al juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, variar su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Senasa, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
Los fiscales ahora están solicitando arresto domiciliario, garantía económica de millón de peso, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos.
Previamente, el Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de Read Estrella y Pineda.
Durante el pasado jueves, la defensa de Read Estrella, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y José Pablo Ortiz Giráldez, también conocido como «El Gordo».
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
Igualmente, Pineda admitió su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó a colaborar con las autoridades en el caso del Senasa.
El caso
El Ministerio Público anunció durante el fin de semana pasado la puesta en marcha de la denominada «operación Cobra», en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Este operativo conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales.
Hasta el momento los implicados en este caso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.
También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.
Conforme a los fiscales al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Vía Listín Diario
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