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Propagas asegura divulgación de audio es una muestra de mala intención de Polyplas
Directivos de la empresa Propagas calificaron este jueves como una “muestra de mala intención, falta de solidaridad y de responsabilidad” la divulgación de un audio en el que el presidente de esta empresa discute con el director de Polyplas sobre el comunicado en que la fábrica de plásticos relaciona a la empresa de combustible con la explosión ocurrida el 5 de diciembre en Villas Agrícolas.
En un comunicado, la compañía asegura que dicho audio “extraña y sorprende” por las palabras utilizadas y la divulgación por todas las vías del contenido, que afirman fue manipulado.
Asimismo el documento sostiene, que dicho audio es solo un fragmento “de una de las conversaciones sostenidas con ejecutivos de Polyplas” y que a raíz de su divulgación el señor Arturo Santana, presidente del grupo Propagas, ha sido objeto de múltiples ataques y cuestionamientos.
“Resultaría absurdo imaginar que las negociaciones entre las empresas Nat-Gas y Polyplas serían armoniosas en su totalidad, pues, nadie desea para sí aquello que no traiga consigo parabienes. En este momento, ambas empresas enfrentan una situación difícil y, al efecto, cada una deberá defender –con todas sus armas- sus intereses y patrimonios. No obstante, en todas las confrontaciones siempre hay un contendor que trae consigo malas intenciones y en cualquier momento las expone sin pudor. La divulgación del audio anteriormente referido es una muestra de mala intención, falta de solidaridad y de responsabilidad de aquel que lo ha disgregado”, expresa el documento.
Según el comunicado, la compañía (Propagas) defendió las declaraciones de Santana, indicando que las mismas “son las propias de un hombre que defiende con vehemencia, pasión y responsabilidad la empresa que ha construido a lo largo de toda una vida profesional, como lo haría un padre a un hijo”.

Los empresarios Arturo Santana Reyes (izquierda) y Manuel Diez Cabral. ( ARCHIVO)
El audio viral
Ejecutivos de las empresas Polyplas y Propagas se vieron enfrascados en una acalorada discusión en la que se buscaba establecer responsabilidades respecto a la tragedia que ocasionó la explosión el miércoles 5 del mes en curso, en las instalaciones de la fábrica de plásticos ubicada en el sector Villas Agrícolas, dejando un saldo de ocho muertos y decenas de heridos.
La discusión se produjo a raíz del comunicado que Polyplas publicó en un espacio pagado en varios medios el lunes 10 de diciembre, y donde explica las circunstancias en que habría ocurrido la explosión ocasionada por una desproporcionada fuga de gas natural; combustible que era trasvasado desde un camión de Propagas, como explicó la primera empresa.
Analiza aspecto legal
El licenciado Guillermo Estrella María, abogado de Propagas, reconoce que desde el punto de vista estrictamente legal, son muchas son las conjeturas o fórmulas jurídicas que pudieran aplicarse ante la divulgación de la grabación en cuestión y en lo que a su contenido respecta, resaltando de entrada que se trata de una conversación en un tono firme que ha querido juzgarse como “amenazante”.
Al evaluar las condiciones que deben darse para que una amenaza sea configurada como delito, recuerda que los artículos 307 y 308 del Código Penal plantean tres condiciones principales: Primero, que la amenaza sea verbal; segundo, que se imponga una condición; y tercero, que la amenaza incluya intimidación a través de violencia o vías de hecho.
“En ese sentido, si se escucha con claridad y objetividad la conversación privada ya divulgada, la única vía de constreñimiento de la que hace mención el señor Arturo Santana es la de advertir que hará uso de su derecho a activar las vías jurisdiccionales que el legislador dispuso a su favor para proteger su buen nombre y la imagen corporativa de la empresa que encabeza”, indicó el jurista en entrevista con el periódico Diario Libre.
Entiende que en este caso no se configuran todos los elementos que constituyen la amenaza como delito, ya que no existe disposición jurídica que limite a las personas a no advertir a su contraparte –en el escenario y a través de los medios que sea- que, de no hacer aquello que entiende correcto, hará uso de la vía judicial.
Defiende trayectoria de Arturo Santana
En una parte de sus declaraciones sobre el incidente, Estrella Ramia defiende la trayectoria empresarial y la integridad personal de Santana, a quien describe como una persona intachable.
“Basta con verificar su historial de hombre íntegro, trabajador, sensible y con capacidad suficiente como para haber alcanzado el éxito empresarial liderando por más de 50 años a la que hoy se reconoce como la empresa más sólida en el país, dentro del sector de los combustibles”, puntualizó.
“Hacer fortuna puede ser, para muchos, el principal objetivo en la vida. Hay quienes la crean ejecutando todo cuanto tengan que hacer para ello, sin distinguir entre lo que moralmente se reconoce como bueno o malo. Sin embargo, existen otra clase de personas que comparten con las primeras la intención de ver crecer su patrimonio, pero que prefieren enriquecerse a base de trabajo arduo, constante, de sol a sol, sin excusas y, sobretodo, apegado a los más estrictos valores morales”, manifiesta Estrella Ramia.
Y agrega: “precisamente, a ese segundo grupo de personas pertenece el señor Arturo Santana, presidente del Grupo Propagas, empresa que ha estado en los últimos días envuelta en la tormenta que ha dejado el siniestro que se generó el pasado 5 de diciembre en la empresa Polyplas”.
“A pesar de lo planteado, de nada sirve al hombre la riqueza material si no conserva la moral. Resulta más difícil, entonces, sostener a través del tiempo la honra y el buen nombre que adornan a un ser humano. De ahí que, la buena imagen y el buen nombre sean de los bienes intangibles más protegidos cuando se habla de la vida en sociedad”, expresó.
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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