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Gobierno dominicano no firmará el «Pacto Mundial sobre Refugiados»

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El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado.

El gobierno dominicano decidió no adoptar el Pacto Mundial sobre Refugiados que será conocido hoy durante la Sesión Plenaria de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

“Reconocemos el carácter humanitario del Pacto de Refugiados y el interés de buscar una cooperación internacional para enfrentar los serios problemas y desafíos que generan los grandes desplazamientos humanos en diferentes partes del mundo como consecuencia de conflictos bélicos, guerras civiles y múltiples situaciones de crisis que afectan a diferentes países y regiones del mundo”, dice la declaración entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agrega que el país “se identifica con el espíritu del pacto y con aspectos fundamentales de este a la luz de sus compromisos que se derivan de su propia legislación y de las convenciones internacionales que el Estado dominicano ha suscrito y ratificado, especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del 28 de julio de 1951, aprobada por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977, así como el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, del 31 de enero de 1967, aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977”.

Expresa que “algunos de los principios del Pacto están sustentados en dos instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana no es parte: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, que, si bien esta última fue firmada por nuestro país el 5 de diciembre de 1961, no se ha producido su ratificación”.

Explica que “esta situación obliga a estudiar a fondo los compromisos que se derivan de esas convenciones y si estos se ajustan a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico dominicano, “ya que todo lo concerniente a refugiados y migrantes debe ser interpretado y aplicado conforme a los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado dominicano”.

Advierte que en el territorio nacional solo el Estado dominicano puede conceder la condición de refugiado.

No obstante, el Pacto pretende proporcionar las bases para una distribución de la carga y la responsabilidad entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que podría ser contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano”.

Agrega que desde un punto de vista práctico, esa distribución de cargas y responsabilidades podría afectar la capacidad de República Dominicana para acoger cantidades considerables de personas susceptibles de ser declaradas como refugiados conforme al nuevo estatuto internacional.

“Un aspecto particularmente sensible es la formulación contenida en el Pacto en el sentido de que si bien el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales no provocan, en sí mismos, los desplazamientos de refugiados, dichos fenómenos interactúan cada vez más con las causas de estos movimientos.

Dadas las características particulares de la República Dominicana, adoptar una definición tan abierta de la condición de refugiado podría ser contrario al interés nacional”, sostiene el comunicado.

Manifiesta que la República Dominicana es un país solidario que asume con seriedad sus compromisos internacionales” y “cuenta con una legislación sobre refugiados que está siendo objeto de discusión en las instituciones relevantes del Estado para una posible revisión y actualización”.

Dice que el país reitera su compromiso con la cooperación internacional en el marco de las Naciones Unidas para contribuir con la paz, la seguridad, la resolución pacífica de los conflictos y la protección de los derechos humanos.

Informa que por tales consideraciones, “la República Dominicana se abstendrá en la próxima votación relativa a la adopción del Pacto Mundial sobre Refugiados”, concluye el comunicado.

El canciller Miguel Vargas divulgó ayer la posición del gobierno con respecto al Pacto Mundial sobre Refugiados auspiciado por Naciones Unidas.

Contenido del Pacto
Si República Dominicana hubiese firmado el Pacto Mundial Sobre Refugiados que ha preparado la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el país quedaría expuesto a serios riegos de soberanía, gastos económicos y a la aceptación de una carga de migrantes a los que tendría que alojar, alimentar y proveer documentación sin límites.

Según explicó la directora de Relaciones Externas de la ACNUR, Rossella Pagliuchi-Lor, el gran objetivo del Pacto es “fortalecer la respuesta a refugiados y a las comunidades que les acogen”.

Señala que el Pacto busca “aliviar la presión sobre los países que acogen a un alto número de refugiados, mejorar la autosuficiencia y la integración de las personas refugiadas, promover soluciones sostenibles para ellas en terceros países (como el reasentamiento) y generar las condiciones necesarias en los países de origen para que puedan regresar voluntariamente a sus hogares de manera segura y digna, cuando las condiciones lo permitan”.

Durante una conferencia en Madrid para presentar los contenidos del Pacto, Pagliuchi-Lor explicó que, hay una emergencia en el mundo relativa a la situación de los refugiados porque apróximadamente el 90% de ellos están “en países vecinos a las zonas de conflictos, países que ya luchan por cubrir las necesidades básicas de su propia población”.

“Encontrar soluciones duraderas es cada vez más difícil y el número de refugiados que vive en condiciones precarias, a veces durante décadas, se ha incrementado”, expresó la ejecutiva de ACNUR, lo que a su juicio obliga a incrementar las contribuciones públicas y privadas, dado que actualmente sólo se cubre cerca del 50% del presupuesto necesario para las operaciones activas.

Foro Mundial sobre Refugiados
Según el contenido del Pacto, este prevé determinados compromisos de los Estados, que incluyen el establecimiento de un Foro Mundial sobre Refugiados a nivel ministerial, “que reunirá a la comunidad internacional cada cuatro años a partir de 2019, para centrarse en los desafíos que enfrentan las personas refugiadas y los países de acogida, para ampliar la gama de actores que participan y brindan apoyo y para revisar el progreso colectivo que se está alcanzando hacia una distribución de la carga y responsabilidad compartida más predecible y equitativa”.

Igualmente prevé este Foro establecer un marco “para adoptar nuevas medidas, al brindar a los Estados Miembros y a otras partes interesadas pertinentes, la oportunidad de adquirir compromisos concretos hacia la implementación del Pacto Mundial sobre Refugiados”.

No obstante, el Pacto dice que no tiene un carácter jurídicamente vinculante para las partes.

Los compromisos que se buscan con los Estados y otros colaboradores potenciales son “asistencia financiera, material y técnica”, además de “cuotas de reasentamiento y vías complementarias de admisión a terceros países”, entre otras.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental

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A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental

Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.

El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.

El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.

La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.

De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.

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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer

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Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.

El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).

La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del  momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

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