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Presidente Danilo promulga ley que crea el distrito municipal Santiago Oeste
El presidente de la República, Danilo Medina, promulgó este viernes la Ley 65-18, que crea el distrito municipal Santiago Oeste, cuyas autoridades serán escogidas en el año 2020 en las elecciones correspondientes.
La normativa, que fue aprobada la semana pasada, recibió muchos cuestionamientos de parte de sectores que se oponen a que el territorio nacional se siga dividiendo.
Con la promulgación de la ley se eleva a distrito municipal Santiago Oeste la sección El Ingenio Abajo, la cual pertenece al municipio Santiago, provincia Santiago.
El anuncio fue hecho por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en su cuenta de Twitter.
El artículo 10 de la referida ley establece que la presente ley modifica el artículo 21 párrafo I de la ley 5220, del 21 de septiembre de 1959, sobre División Territorial de la República Dominicana.
La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación, según lo establecido en la Constitución de la República y una vez transcurridos los plazos señalados en el Código Civl de la República Dominicana, indica el artículo 11 de la normativa. En tanto que el 10 es que establece que sus autoridades serán escogidas en el 2020 en los comicios correspondientes.
En uno de los considerados de la ley se establece que el artículo 199 de la Constitución determina que los municipios constituyen las bases del sistema político administrativo local, por lo que deben asumir su papel de liderazgo y de promotores del cambio y del desarrollo sostenible en los estados modernos, al llevar a cabo políticas de descentralización y desarrollo equilibrado como mecanismo idóneo para garantizar la aplicación de los principios de la igualdad humana, el equilibrio presupuestario y el desarrollo sostenible de todos y todas sus integrantes.
La aprobación de la pieza en el Congreso concluyó el pasado miércoles 18 de este mes con dos lecturas consecutivas al ser declarado de urgencia el proyecto en el Senado de la República.
La división de Santiago encontró el rechazo del alcalde de Santiago, Abel Martínez, así como también de los principales empresarios de la Región Norte del país.
Empero ya el equipo de Martínez está promoviendo al actual secretario general del Ayuntamiento de Santiago, Héctor Ramírez, para la posición del nuevo distrito municipal que tiene una población que supera las 250 mil personas.
Las autoridades de Santiago Oeste serán elegidas en los comicios del año 2020.
Diario Libre
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
Noticias
Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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