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Se entrega uno de los presuntos matadores de Coronel en Baní
El comandante de la Regional Sur de la Policía, general Juan Jerónimo Brown Pérez, dijo “lamentablemente se entregó el mencionado Buche, ese reconocido vendedor de drogas”
Se entregó la tarde de este martes uno de dos presuntos responsables del asesinato del coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos Álvarez, asesinado en un punto de drogas en una comunidad de Baní.
Se trata del nombrado Rafael Antonio Díaz (Buche).
La información fue ofrecida por el general, Juan Jeronimo Brown, director de la Dirección Regional Sur Central, quien lamentó que el sospechoso se haya entregado.
Lea También: Matan de varios disparos coronel de la Policía en Baní, publica El Caribe.
La Dirección Regional Sub Central de la Policía Nacional, dio a conocer las imágenes de dos presuntos sospechosos de haber asesinado este martes al coronel de la institución Daniel Ramos Álverez en Baní.
El coronel de la Policía Nacional murió tras recibir varios disparos en circunstancias aún no esclarecidas mientras se encontraba en un punto de drogas en una comunidad de Baní, provincia Peravia.
De acuerdo a versiones extraoficiales la muerte del uniformado se produjo pasado el mediodía de este martes en medio de un tiroteo originado en el sector Santa Cruz, de Baní.
«Esto no se va a quedar así»
El comandante de la Regional Sur de la Policía Nacional, general Juan Jerónimo Brown Pérez, advirtió este martes que el homicidio del coronel Daniel Ramos Álvarez durante un operativo contra un punto de drogas “no va a quedar así”.
Al destacar las cualidades del agente caído, el oficial sentenció que “todos van a ver cuál va a ser la respuesta nuestra”.
También al referirse al presunto matador del oficial, dijo “lamentablemente se entregó el mencionado Buche, ese reconocido vendedor de drogas”.
El presunto matador del coronel Ramos Álvarez se entregó a las autoridades horas después del crimen, ocurrido la tarde de este martes en Baní, provincia Peravia. Se trata de Rafael Antonio Díaz (alias Buche).
“Esa es la respuesta de la delincuencia cuando no puede corromper a un hombre serio, un policía honesto. Ese es uno, el número uno de los policías serios, ese que está ahí hoy muerto, pero eso no va a quedar impune, le garantizamos a su familia, a todos los policías que lo conocen, y que saben que el coronel Ramos es un hombre honesto, que eso no se va a quedar así, todos van a ver cuál va a ser la respuesta nuestra”, fueron las palabras del general Brown, recogidas por Diario Libre.
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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