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Director de hospital de Barahona renuncia tras escándalos

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El doctor Cornelio Rodríguez dimitió ayer miércoles de su puesto en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, tras hacer una administración marcada por el caos y la ineficiencia gerencial a la que se calificó como la más “penosa” por la falta de equipos e insumos y la muerte en los primeros cuatro meses del 2018 de 43 recién nacidos.

En la gestión de Rodríguez también se denunció el despido masivo de empleados para supuestamente crear plazas a sus colaboradores más cercanos.

La carta de renuncia fue remitida al director Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany. Rodríguez fue designado en la gerencia del Hospital Regional Universitario Jaime Mota el 4 de junio de 2018 por la exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino y el exdirector del SNS, Nelson Rodríguez Monegro.

Además de las muertes de los 43 recién nacidos en los primeros cuatro meses, también hay que agregar otras 17 entre septiembre y octubre del mismo año, ocurridas éstas últimas en la maternidad del hospital Jaime Sánchez, cuyos pacientes pertenecían al Jaime Mota, pero por condiciones de remoción de la infraestructura de este último, las parturientas fueron ubicadas en el primero.

Por las masivas cancelaciones de personal considerado ineficiente, la reacción no se hizo esperar de parte de destacadas figuras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La administración de Rodríguez no pudo afrontar tampoco las serias precariedades en equipos del hospital.

Las denuncias de los pacientes no se hacían esperar en los pasillos que tildaron al centro como un “matadero” por la falta de insumos y de hilo para satura de leves heridas.

También escaseó el yeso para inmovilizar las fracturas.

Los pacientes o sus familiares estaban obligados a salir a comprarlo.

Los médicos de menor jerarquía, pero con suma responsabilidad en el hospital se quejaban de que cuando telefoneaban a Rodríguez para la solución de cualquier inquietud no contestaba.

Es el caso del director nacional de la “Seguridad Hospitalaria”, el coronel Ramón Andújar, que hace más de un mes acudió al despacho del director, el cual estaba cerrado a las 11: 00 de la mañana y no se pudo comunicarse vía celular y tuvo que marcharse.

Hay que recordar que después del escándalo por las 43 muertes de enero-abril registradas en ese hospital, el Colegio Médico Dominicano se pronunció el lunes 7 de mayo y denunció la existencia de cuatro gérmenes como responsables de los decesos.

El Colegio Médico denunció, además, la falta de oxígeno, gases arteriales, electrolitos séricos y que solo había un pediatra por servicio de 24 horas, mientras que los fines de semana y días feriados tenía un solo médico general para el hospital completo.

FUENTE: Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Diputada aclara está separada de hombre apresado por supuestos vínculos con narcotráfico

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La diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, informó la noche de este viernes que está separada de Ethian Vásquez, quien está detenido, supuestamente por vínculos con el narcotráfico.

A través de un comunicado de prensa, la legisladora confirmó que tiene conocimiento de la detención de Vásquez, aunque no precisó el lugar donde se encuentra ni las razones.

Fernández explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y que no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes.

“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual”, señala el documento.

La diputada manifestó su respeto al debido proceso y a las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, «quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley».

En el comunicado, Fernández agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por su comunidad y cumpliendo con las responsabilidades legislativas que le fueron confiadas por los electores de La Romana.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de Vásquez ni de los cargos contra él.

Informaciones extraoficiales indican que estaría detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A continuación el comunicado de la diputada Jacqueline Fernández:

La diputada Jacqueline Fernández informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que tiene conocimiento de la detención del señor Ethian Vásquez, quien en el pasado fuera su cónyuge.

La legisladora Fernández aclara responsablemente que, desde hace un tiempo, ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.

Reitera que las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expresa su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley.

La diputada agradece a la ciudadanía su comprensión, y afirma que se mantendrá enfocada en continuar trabajando por su comunidad y en la responsabilidad legislativa que los ciudadanos de La Romana le han confiado.

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Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre y mujer planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente en Santiago

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Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.

Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.

El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.

En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.

Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.

Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.

De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.

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