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Eliminarán anticipo a empresas que facturen menos de RD$8 MM

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La eliminación del pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta para micro y pequeñas empresas regirá para aquellas compañías que tengan menos de 10 trabajadores y facturen por debajo de los RD$8 millones anuales.

El director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, dijo a Diario Libre que esos parámetros quedarán plasmados en una normativa específica que publicará la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la que explicará en detalle cómo será el mecanismo para esas empresas en adelante.

La entidad tributaria está finalizando la revisión de la base legal que sustentará la medida para avanzar en una aplicación que debería entrar en vigencia este mes, según han dicho funcionarios a finales del año pasado.

El parámetro de los RD$8 millones difiere de lo que las leyes consideran una pequeña empresa. La Ley 488-08, que define la clasificación de las compañías, considera como una pequeña empresa a aquella que tiene de 16 a 60 trabajadores, un activo de RD$3,000,000.01 a RD$12,000,000.00 y que factura cada año entre RD$6,000,000.01 y RD$40,000,000.00”.

De tal manera, en caso de mantenerse el parámetro de los RD$8 millones, quedarían completamente incluidas las microempresas en el mecanismo, siempre que tengan una nómina que no supere los 10 trabajadores, pero una porción de las pequeñas compañías quedaría excluido de la eliminación del anticipo.

Sistema único de microempresas
En el programa D’ Agenda, que transmite Telesistema canal 11, el director de Competitividad dijo también que se han establecido incentivos institucionales para permitir la formalización de las compañías más pequeñas.

“Se han ido estableciendo los incentivos institucionales para que las pequeñas empresas del país se formalicen. Por eso estamos tirando trámites hacia abajo, eso no es casual. Cuando tú le facilitas a una persona que constituya su compañía, que pueda hacer el Registro Sanitario, eso son incentivos para la formalización“, explicó.

En otros aspectos, reveló que próximamente las cámaras legislativas conocerán un proyecto de ley para estandarizar los permisos del uso de suelo en la República Dominicana.

“Se creó un comité encabezado por el ministro Gustavo Montalvo e integrado por diversas entidades que elaboró dicho proyecto de ley“, detalló.

Para Paz, otro tema que el país debe resolver en el corto plazo es el de la jurisdicción inmobiliaria.

“Ese tema fue uno de los que definitivamente se trataron el año pasado, y se decidió trabajar conjuntamente el sector privado y el Estado, para junto al sector judicial buscar una solución y avanzar en la modernización de la jurisdicción inmobiliaria“.

DL

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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