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DGII presenta más de 230 pruebas contra ejecutivos de empresa Tremols Payero

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SANTO DOMINGO.- Contra los ejecutivos de la empresa Tremols Group la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene más de 230 pruebas, con las que demostrarán que cometieron evasión fiscal por unos RD$4,127 millones a través de empresas fantasma.

Así lo informo el abogado de la DGII Francisco Álvarez, quien también dijo que profundizan las investigaciones .

Los empresarios implicados son Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Rafael Alberto Tremols Acosta, Hervy Rafael Tremols Payero y Luis Alberto Tremols Moya.

También Maritselly de los Milagros Cruz López, Carmen Adela Tremols Cruz y Doris Alexandra López Urbáez.

Según la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, se establece que los empresarios, a través de una estructura criminal crearon y utilizaron más de cinco compañías con el único fin de cometer defraudación al fisco mediante la emisión de facturas y comprobantes fiscales falsos.

En la instancia se indica que las empresas Dicapa, SRL; Provisiones del País, PDP.; Peel Street Company, SRL, Beberage Supliers Company BSC, SRL, De Tomar Suplidores del Este, SRL, Suministros Internacionales, SRL, Suplidores Generales de Monte Plata, SRL; Suplidores Especiales de Bebidas, SRL, y otras tres, fueron creadas por los imputados y utilizadas para cometer el fraude, las cuales carecen de domicilio comercial, empleados, no tienen registro de importaciones en aduana, así como tampoco se evidencia la adquisición de materia primas por parte de las mismas.

Los ejecutivos de Tremols Group, durante el período entre el 8 de julio del año 2019 al 31 de enero de 2018, adquirieron esas compañías para las actuaciones fraudulentas utilizadas para la fabricación clandestina de las bebidas.

La fiscalía solicita como medida de coerción ante el Juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, prisión preventiva a diez de doce ejecutivos de la empresa Tremols Payero, y que se declare complejo el caso.

El magistrado Vargas aplazó para mañana el conocimiento de la medida a los empresarios, a los que se acusa de asociación de malhechores, evasión fiscal, estafa, falsedad y uso de escritura de comercio en perjuicio del Estado, elaboración y comercio clandestino de producto gravado, lavado de activos y otros delitos.

Los imputados están en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional.

Faltan

— Otros
Las autoridades no han apresado a dos de los 12 que la solicitud de medidas de coerción menciona en el entramado de la defraudación contra el Estado, que son Néstor Emmanuel López y Wáskar Alberto González.

Declaraciones

—1—Jurista
Abogado de la DGII, Francisco Álvarez, dijo que la familia Tremols Payero simulaba pagos ficticios por compañías fantasmas para deducir los impuestos.
—2— Defensa
Miguel Valerio, abogado de los imputados, acusó a la DGII de “abuso de poder” y está demostrará que la acusación no se sostiene.
—3— Apoyo Conep
El Consejo Nacional de la Empresa Privada valoró las acciones realizadas por la DGII.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Abel Martínez dice DNCD entró a su oficina y orden de allanamiento tenía otra dirección

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, afirmó este viernes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) penetraron la residencia que ha utilizado como oficina a pesar de que en la orden de allanamiento tenía la dirección de otra propiedad.

“Malintencionado, por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización Paraíso, no obstante la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle”, aseguró Martínez.

Asimismo, reiteró que no vive en el lugar donde la DNCD realizó la pesquisa, sino que solo la alquila, añadiendo que lo ha hecho durante los últimos 15 años y que todas las personas que lo conocen saben que desde allí opera su base política.

Igualmente el integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo sentirse indignado por las acciones de la DNCD, calificándola como una violación de privacidad, y expresó que más allá de beneficiarse del narcotráfico, lo ha combatido, desde su época de ayudante de fiscal.

No los conoce
En cuanto a las personas buscadas por las autoridades, Martínez aseveró que no los conoce e indicó que espera que estos sean apresados.

El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.

FUENTE: Listín Diario

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