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Gobierno dispone alza de pensiones y salarios públicos desde abril

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A partir de abril subirán salarios en el sector público, medida que se aplicará desde aquellos trabajadores que devengan el mínimo hasta para quienes ganan un tope de RD$30,000 al mes.

El presidente Danilo Medina anunció durante su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso que el salario mínimo en la administración pública pasará de RD$5,117 a RD$10,000 mensuales desde el 1 de abril, lo que representa un alza de 95.4 %.

Entre tanto, los trabajadores públicos con remuneraciones que van desde RD$10,000 hasta RD$20,000 recibirán un incremento de 10 %, y aquellos con sueldos en un rango de RD$20,000 hasta RD$30,000 recibirán un incremento de 5 %.

La última vez que subieron los sueldos en la adminstración pública centralizada fue en julio de 2008, durante la administración de Leonel Fernández.

“El Gobierno sigue empeñado, en la medida que lo permiten las finanzas públicas, en seguir dignificando los salarios de los servidores públicos, especialmente los de aquellos que aún hoy se encuentran en rangos salariales más bajos”, resaltó Medina.

El mandatario anunció, además, que las pensiones mínimas a jubilados del Estado también serán ajustadas a partir de abril. “Los pensionados y jubilados del Estado que reciben la pensión mínima de RD$5,117 o menos se incrementarán a RD$8,000.

Los jubilados y pensionados que perciben RD$8,000 a RD$20,000, recibirán un incremento de un 10 % y aquellos que reciben pensiones de más de RD$20,000 hasta RD$30,000 recibirán un incremento de un 5 %”, destacó el mandatario.

Por otro lado, a partir de marzo la licencia por paternidad aumentará de dos a siete días calendario en toda la administración pública.

Adicionalmente, Medina explicó que el Gobierno está trabajando en la definición de una estructura de puestos para establecer un nuevo esquema de compensación salarial para el cuerpo de bomberos.

“Nuestro objetivo es que este nuevo esquema salarial, que debe entrar en vigencia a partir del mes de abril del 2019, además de establecer salarios dignos y equitativos, asegure el pago del salario de regalía a final de año e incluya a todos los miembros y sus familiares en los beneficios de la Seguridad Social”, manifestó.

Durante su discurso, el mandatario nacional destacó la generación de unos 160,000 nuevos empleos al cierre del año pasado, con lo que destacó que durante su gestión se han creado unos 770,000 puestos de trabajo en el país.

“Estos resultados aseguran que se superará con creces la aspiración de crear 400,000 empleos por cuatrienio”, dijo Medina.

Anunció que en alianza con el sector privado pondrá en marcha el programa de Primer Empleo con el que se espera beneficiar a unos 5,000 jóvenes, en especial a mujeres que se estrenen en el mercado laboral.

El presidente explicó que los tres primeros meses de salario mínimo de esos beneficiarios serán subsidiados, siempre que las empresas aseguren los empleos de los jóvenes en sus establecimientos por un tiempo mínimo de dos años.

“Con un programa como este estamos atacando una de las principales dificultades de los jóvenes para conseguir empleos, donde sin experiencia no consiguen trabajo y sin trabajo tampoco consiguen experiencia”, afirmó.

En otros aspectos, en los próximos días el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Cualificaciones, según informó Medina.

Con la normativa se espera asegurar que los programas de estudio incluyan competencias que requieran las áreas productivas y de desarrollo del país.

Diario Libre

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Abel Martínez dice DNCD entró a su oficina y orden de allanamiento tenía otra dirección

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, afirmó este viernes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) penetraron la residencia que ha utilizado como oficina a pesar de que en la orden de allanamiento tenía la dirección de otra propiedad.

“Malintencionado, por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización Paraíso, no obstante la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle”, aseguró Martínez.

Asimismo, reiteró que no vive en el lugar donde la DNCD realizó la pesquisa, sino que solo la alquila, añadiendo que lo ha hecho durante los últimos 15 años y que todas las personas que lo conocen saben que desde allí opera su base política.

Igualmente el integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo sentirse indignado por las acciones de la DNCD, calificándola como una violación de privacidad, y expresó que más allá de beneficiarse del narcotráfico, lo ha combatido, desde su época de ayudante de fiscal.

No los conoce
En cuanto a las personas buscadas por las autoridades, Martínez aseveró que no los conoce e indicó que espera que estos sean apresados.

El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.

FUENTE: Listín Diario

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