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Alza del salario mínimo encarecería las multas
El sueldo mínimo es el que se toma de base por entidades gubernamentales y tribunales para la aplicación de las multas que podrían elevarse hasta a RD$10,000
El aumento al salario mínimo para el sector público anunciado por el presidente de la República, Danilo Medina fue uno de los puntos más valorados de su discurso de rendición de cuentas, pero ello implica también un incremento en el pago de las multas por diferentes violaciones, especialmente en el sector transporte y medioambiental.
La observación la hace Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), quien advierte que las multas podrían llegar hasta 30 millones de pesos, dependiendo de la entidad que las imponga, así como la cantidad que se aplique.
A través de un documento, el experto dijo que la medida del alza salarial del mandatario es buena, pero que hay que tener en cuenta que ello implica que las multas serán aumentadas en casi un 100 %, por lo que sugirió a Medina , “realizar un análisis que permita un mayor dominio de los datos sobre las multas y prever las consecuencias del aumento”.
El 27 de febrero, en su séptimo discurso de rendición de cuentas, el presidente Medina dispuso que el sueldo de RD$5,117 pase a RD$10,000 a partir de abril de este año.
Otros salarios también fueron incrementados.
Pero el sueldo mínimo es el que se toma de base por entidades gubernamentales y tribunales para la aplicación de las multas.
“Esto implica el aumento de casi el cien por ciento de las cuantías de las multas en todas las materias en las cuales el parámetro fijado es el salario mínimo del sector público”, adujo el experto en el documento.
Indicó que uno de los sectores más impactado será el del transporte, pues en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la multa más baja que se aplica es un salario mínimo del sector público, es decir RD$5,177, lo que llevaría la sanción al costo de RD$10,000.
Eso tomando en cuenta que se aplique un sueldo mínimo, pero cuando se impongan dos, el monto a pagar será de RD$20,000, y así sucesivamente.
“Imaginemos por un momento que infracciones como transportar más pasajeros de los que indica el fabricante y colocar propaganda en las vías públicas pueden acarrear multas de hasta 30, 000 pesos. También pensemos, que si se trata de conducir sin licencia o que los peatones y los conductores violen las señales del semáforo, las multas ascenderían hasta 50, 000 pesos”, resaltó Modesto, quien también es docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), de acuerdo a la nota de prensa.
Los montos
El experto citó como ejemplos también el incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes, en los cuales afirmó que “las multas que hoy van de cinco a treinta salarios mínimos aumenten de un máximo de 153, 510 pesos a 300, 000 pesos, según lo contempla la Ley núm. 11-92 que establece el Código Tributario”
Agregó que en materia medioambiental, las multas que van de medio salario mínimo a 3, 000 salarios mínimo, aumentarían de un umbral entre 2,558 hasta 351, 000 pesos a un umbral entre 10,000 pesos y 30,000,000 de pesos, según la Ley General sobre Medioambiente y Recursos Naturales (núm. 64-00).
“Además de las materias de tránsito y medio ambiente, lo mismo acontecería con el derecho del consumidor, donde se prevén sanciones de hasta 500 salarios mínimos, según la Ley general No. 358-05, de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
En materia de derecho de la competencia, igual que en materia medioambiental, las multas pueden ascender hasta a 3,000 salarios mínimos, como lo dispone la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia”, añadió.
FUENTE: Diario Libre
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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