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Transcripción de una de las acusaciones a Miriam Germán leída por el procurador
SANTO DOMINGO. Las acusaciones de las que fue objeto la magistrada Miriam Germán cuando fue cuestionada por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, en el marco de las evaluaciones de jueces estuvieron basadas en documentos anónimos.
Fueron tres las cartas leídas por el procurador mientras la jueza era evaluada y que ponen en entredicho la honorabilidad de la magistrada que tiene una trayectoria de 40 años en la Justicia, fue docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por 10 años y también impartió cátedras por dos años en Unibe.
A continuación parte de la transcripción de una de las cartas leídas por el procurador general en la que se la acusa de sostener encuentros ocultos con Víctor Díaz Rúa y con otros relacionados al caso de sobornos Odebrecht.
Transcripción de parte de una de las cartas leídas por el procurador
Sr. PGR ………… Diciembre del 2018
Distinguidos señores, como ciudadanos preocupados por el curso que está tomando nuestro país en el proceso contra la corrupción, y los casos sonoros que involucran a políticos y empresarios, veo con gran inquietud que sean confirmados como jueces personas que, a mi entender, no se han comportado con la ética y la transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia.
Antes de presentar algunos hechos y denuncia, quiero primero recordar que desde mediado del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso de Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz en su villa de San José de Ocoa.
Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció mediante comunicación de fecha 23 de mayo de 2017 que fue publicada en todos los medios que tenía una relación de amistad con Víctor Díaz Rúa y pidió que, en caso de que Odebrecht llegara a la Suprema Corte de Justicia, no sea considerada para ninguna participación como juez de instrucción especial o como miembro del pleno si llegara el caso.
Expresaba la magistrada que esa decisión no tenía marcha atrás y que se consideraba excluida de todo el proceso que dio origen a su comunicación. Que al ser amigos reconocidos esa era la decisión correcta.
A pesar de haberse autoexcluido de forma irrevocable del proceso, posteriormente la magistrada Germán Brito, de manera sorpresiva, viola sus propias palabras y decide presidir y participar en las audiencias de Odebrecht. Y hasta varió la prisión preventiva impuesta por el magistrado Francisco Ortega y puso en libertad a casi todos los imputados por corrupción.
Recordamos que la magistrada Germán en ese juicio, votó disidente pidiendo la libertad por todos los acusados por corrupción, incluyendo la libertad de Víctor Díaz Rúa, pero no lo logró.
En esa audiencia que prometió no participar, y que liberó a una parte de los imputados, la magistrada calificó extemporáneamente de débil el expediente del caso, vertiendo consideraciones propias de un abogado de la defensa de los imputados, lo cual es extraño, pues el expediente había sido depositado dos días antes en el tribunal, pero había sido subido apenas dos horas antes de la audiencia a su oficina, por lo que es realmente imposible que ella pudiera haber leído un expediente de miles de páginas en dos horas y preparar un documento concluyendo que se trataba de un expediente débil.
Esos mismos argumentos, casualmente, fueron utilizados por algunos de los abogados de los imputados como si fuera una estrategia conjunta. Todos esto anterior y con la gravedad del hecho, aquí viene mi denuncia y tenemos más.
Por qué en el caso de corrupción más grande de nuestro país, la magistrada Miriam continúa manteniendo encuentros privados con Víctor Díaz Rúa, y de manera especial, por favor pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018 aproximadamente a las 6:30 pm el señor Fernando Marchena, asistente de Víctor Díaz Rúa, pasó a recogerla en forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry Negro, placa A695832.
Pregúntele si en medio de todo este escándalo, se reunió de forma oculta por espacio de dos horas con el imputado Víctor Díaz Rúa en la Torre Mariventus, propiedad de Víctor Díaz, a través una de sus empresas. Nos gustaría saber qué conversaba con el imputado Víctor Díaz para quien pidió libertad en pleno desarrollo del caso más grande de corrupción.
Y si todo eso fuera poco, pregúntele si el 22 de noviembre de 2017, a las 2:00 pm, que si se reunió con el licenciado Santiago Domínguez, íntimo amigo de Víctor Díaz Rúa y abogado del abogado Conrado Pitaluga.
También pregúntele por qué el chofer de la magistrada, señor Paul Ricardo Smith, le lleva documentos al abogado del abogado Conrado Pitaluga, licenciado Santiago Rodríguez, a una oficina ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Benito Monción en Gascue.
Honorable magistrado, soy responsable de mi denuncia y para el caso de que la magistrada Germán decida negarse, aquí le remito fotos y videos de esos reuniones para usted se las muestre a ella y al país, las cuales fueron tomadas en las vías y espacios públicos en el ejercicio de mis derechos como ciudadano…
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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